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El principio non bis in idem en las facturas falsas

En el curso de una inspección realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no se admitió la deducibilidad de la cantidad de 8.000,00 euros en una factura emitida por otra empresa, imponiéndose una sanción de 13.345 euros por la comisión de una infracción muy grave, consistente en la deducción de IVA con una factura falsa.

La empresa afectada efectuó estas dos alegaciones:

– Que la Administración, apoyada en cinco indicios, no ha admitido la deducibilidad del IVA soportado por la recurrente en facturas emitidas por otro contribuyente; y ello pese a que, en los ingresos de ese otro contribuyente, la Administración sí que ha computado las facturas emitidas.

– Que se ha sancionado a la recurrente por la comisión de infracción calificada como muy grave debido al uso de medios fraudulentos, es decir, debido a la utilización de facturas falsas, pero que las facturas fueran o no falsas no le corresponde señalarlo a la Administración sino que debe denunciarlo a la Justicia y esperar la sentencia.

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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en su Sentencia de fecha 24 de octubre de 2012, desestima el recurso contencioso-administrativo y declaró la conformidad a Derecho de la sanción impuesta por la AEAT, con los siguientes argumentos:

a. La evaluación llevada a cabo por la Inspección es correcta, ya que está sustentada en datos significativos como la falta de descripción adecuada en la factura de su contenido, la falta de identificación de las operaciones en las que el sujeto pasivo empleó los servicios facturados y la pretendida justificación del pago mediante el solo recibo de determinada cantidad en efectivo, a lo que se suma, primero, que el obligado tributario no aportó prueba cuando se desdijo de lo que primeramente había afirmado, es decir, que del pago en efectivo no existía justificante alguna; y, segundo, la falta de lógica financiera entre lo supuestamente pagado y la cuantía de las operaciones realizadas.

b. Para poder considerar procedente la deducción es necesario que se encuentre acreditada la realidad de las operaciones con algo tangible y real, esto es, con algo más que facturas, sus registros, sus asientos contables o las cuentas anuales, máxime cuando la Administración Tributaria cuestiona razonablemente su realidad, es decir, cuando se han podido ir recogiendo en el curso de las actuaciones inspectoras un repertorio de indicios que bien pueden desvirtuar la presunción de veracidad de que gozan las declaraciones tributarias.

c. Por tanto, el cumplimiento del requisito formal de la deducción, es decir, la existencia de facturas en las que consta la repercusión del IVA, no es bastante para poder considerar procedente la deducción, lo que es debido a que la factura no es una prueba plena sobre la realidad del hecho que documenta. En efecto, la factura es un documento privado sometido al mismo régimen probatorio que los demás documentos privados, no contando pues con privilegio alguno y sometiéndose así a la apreciación conjunta con los restantes medios de prueba.

d. Por otro lado, en lo que se refiere a la sanción impuesta, la recurrente se ha limitado a combatirla aduciendo que falta prueba de que la factura fuese falsa o que ha de ser en sede jurisdiccional donde se declare la falsedad de la factura antes de que la Administración pueda invocarla como medio fraudulento para calificar la infracción como muy grave.

Esta Sentencia se elevó al Alto Tribunal, que ahora ha sometido a consideración la cuestión y ha emitido su veredicto al respecto.

En líneas generales, sigue con la argumentación que el TSJ de Baleares seguía y en resumidas cuentas viene a decir que en este caso opera la prohibición del principio non bis in idem, que significa que nadie puede ser sancionado -o juzgado- dos veces por un mismo hecho, como ha pretendido en este supuesto la Administración.

Según cabe extraer de la sentencia, en este caso se está ante dos conductas diferentes. De un lado, la defraudación fiscal, consistente en dejar de ingresar parte de la deuda tributaria y, por otro lado, la utilización para ello de medios fraudulentos (el mencionado empleo de facturas falsas), actuando la segunda como criterio de graduación de la sanción correspondiente a la primera y determinando que la misma fuese calificada como muy grave.

Ante la situación planteada, el Alto Tribunal entiende que la Administración no está actuando correctamente al sancionar separadamente una conducta que ha servido para graduar otra o para calificarla como grave o muy grave, y recuerda que esta actuación es contraria a lo previsto en el artículo 180.2 de la Ley General Tributaria.

Además, descarta que el debate en este caso consista en determinar si es lo mismo colaborar en la emisión de una factura falsa o con datos falseados que emplearla en la declaración o autoliquidación del correspondiente tributo, con el resultado de dejar de ingresar todo o parte de la deuda tributaria o de obtener indebidamente devoluciones.

 

Via| Jurisoft Portaljuridico

Imagen| Hispacolex

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