Jurídico 


El Poder Per-Judicial (I): el Tribunal Constitucional

Dice un proverbio español que “menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”. Puede que esta frase sea matizable, pero es indudable que viene al pelo en los tiempos que corren. Para hablar del Poder Judicial no podemos olvidar sus orígenes, pues sólo el fin explica el “cómo”. Sin embargo, es imprescindible analizar qué tenemos delante de nosotros en la actualidad. Probablemente muchos piensen que la actual estructura del Poder Judicial ha venido dada desde tiempos inmemorables o bien que es un regalo divino de la madre “Democracia”, pero la realidad es que la mayoría nunca nos hemos planteado por qué existen instituciones como el Tribunal Constitucional (“TC”), el Tribunal Supremo (“TS”), la Audiencia Nacional (“AN”), el Consejo General del Poder Judicial (“CGPJ”) o el Ministerio Fiscal (“MF”). Les diré que algo tienen en común, los cuatro organismos se encuentran directamente influenciados e intervenidos por el partido político gobernante, ya sea a través de la pantomima parlamentaria o de la absolutista gubernamental.
Desde los inicios de la democracia después del Franquismo, y ya con la Transición, el papel de los jueces y su estructura en la nueva España se verían directa y dolosamente condicionados por el Poder Ejecutivo. Éste era un Poder nuevo, en muchos casos personificado por individuos vueltos a España tras años de exilio y conspiración, y que miraban con recelo una institución que tiene por bandera velar por la gobernanza de la nación conforme a la ley. El principal problema radicaba en que todo el ordenamiento jurídico era fruto del Estado Franquista, el cual había sido aplicado por los jueces durante décadas, y que curiosamente no fue profundamente renovado en ciertos campos del derecho (e.g. las leyes de derecho administrativo datan de los años 50, etc.), lo que provocaba un profundo recelo en unos protagonistas de la Transición que ni si quiera pretendían convocar Cortes Constituyentes por miedo a que no se consumara el cambio. Más aún, el nuevo poder fáctico venía con ganas de un intervencionismo similar al del Franquismo pero con un cambio hacia el protagonismo partidista. Ante esta situación, la independencia del Poder Judicial suponía no sólo un anclaje en el “Antiguo Régimen”, sino limitar la capacidad de actuación del nuevo Ejecutivo y poner barreras a la revolución democrática que estaba por venir.
El primer acto intervencionista vendría con la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el 3 de octubre de 1979. Pero, ¿por qué un tribunal Constitucional? La historia de los TC se remonta a Kelsen en los años 20, quien ideó la creación de una institución garante del control de constitucionalidad. Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra Mundial cuando se instauran en Europa los TC, a saber, en Alemania, Italia, Portugal y España. Casualmente, los países que personaron los grandes fascismos europeos. Es de clara obviedad que el papel de los TC fue el de crear una institución que no sólo garantizara la legalidad constitucional, si no que sirviera al nuevo Poder Ejecutivo para allanar el camino del Nuevo Régimen. El TC Alemán no sólo realiza el control de constitucionalidad de la ley, sino que tiene la facultad de declarar inconstitucional y disolver partidos políticos, facultad que ha ejercido dos veces en los años 1952 con el Partido Socialista del Reich (continuador del nazismo) y 1956 con el Partido Comunista de Alemania. En el caso de Italia, la Corte Constitucional es similar al TC español al realizar el control de constitucionalidad de la ley y conocer de casos de diversa índole entre Regiones, pero con la particularidad de que también resuelve los casos de conflicto entre Poderes y las acusaciones contra el Presidente de la República y los Ministros. Existe un elemento común adicional en los cuatro TC europeos y es la elección de sus miembros: en los tres casos es el gobierno quien directa e indirectamente, a través de su control del Parlamento, elige a sus miembros. En el caso español, cuatro miembros son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, lo que despeja dudas de quién gobierna en el tribunal. CE1978Y es que la propia Constitución excluye al TC del Poder Judicial, considerándose éste como una institución del Poder Político. Por otra parte, resulta llamativo el aumento de la intromisión del TC en materias exclusivas de “Justicia” al acaparar cada vez más funciones del Tribunal Supremo. El TC, en su afán por determinar lo que es “políticamente constitucional” carece de medios para resolver en un tiempo razonable recursos de inconstitucionalidad como el planteado contra el Estatuto catalán –estando, curiosamente, en el Gobierno tres partidos afines al mismo- , pero sí dispone de tiempo para conocer y archivar de un carpetazo el “caso de los Albertos”, exclusivo del TS. Tal vez los TC tuvieron una razón de ser en los años primerizos de las democracias, pero deberíamos preguntarnos si verdaderamente queremos seguir manteniendo una institución que impide la independencia de los jueces y trae más sombras que claridad a nuestro sistema político.

 

Via| Curso de Historia del Derecho y Derecho Constitucional por ICADE

Imagen| Constitución Española 1978

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