Jurídico 


El Plan de Transparencia Judicial

En un artículo anterior hablé de la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Justicia como un instrumento desconocido pero de obligado conocimiento para los ciudadanos, en este artículo voy a hablar de otro instrumento casi tan desconocido como el anterior pero también de gran valor, el Plan de Transparencia Judicial.

La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia establece el derecho de todo ciudadano a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los acuerdos tramitados o pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Disponía también que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia se encargarían de canalizar esta información a través de un Plan de Transparencia. Fue en el art. 14 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, el que vino a consagrar un intento de Plan de Transparencia, que cristalizó en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, publicado en el BOE el 1 de noviembre de 2005.

Hay que tener en cuenta que el Plan de Transparencia Judicial, no contiene normas directamente aplicables, sino que se compone de directrices y previsiones genéricas que habrán de concretarse en disposiciones posteriores. A pesar de su denominación, el Plan se refiere no solo a aspectos directamente relacionados con la información judicial, sino a otros como la Arquitectura Judicial.

El Plan de Transparencia Judicial surgió para evitar que continuara extendiéndose entre la población una opinión negativa del funcionamiento de la Administración de Justicia, basada, fundamentalmente, en la creencia generalizada de que la justicia es lenta, es por ello que se hizo necesario habilitar sistemas electrónicos y telemáticos que permitieran a los ciudadanos conocer en qué estado se encuentra un procedimiento determinado o cuánto va a prolongarse su tramitación. Desgraciadamente, ni siquiera las Administraciones Públicas cuentan con esta informació por lo que difícilmente puede ser facilitada a los ciudadanos, no obstante, era necesario avanzar en este sentido, así como en la simplificación del lenguaje jurídico para hacer más cercano el trabajo desempeñado por los órganos jurisdiccionales y la Administración de Justicia en general, éstos y otros muchos objetivos son los perseguidos por el Plan de Transparencia Judicial.

Plan de Transparencia JudicialEl Plan se basa, sobre todo, en el principio de publicidad de las actuciones judiciales para garantizar la protección de los ciudadanos y el control de las resoluciones judiciales (art. 120 Constitución Española). Esta publicidad debe restringirse en la medida en que sea necesario para proteger los derechos a la intimidad y al honor de los ciudadanos. Además, a efectos de responsabilidad de los poderes públicos, es preciso conocer no sólo el contenido de las resoluciones judiciales sino también el tiempo medio en que deben ser dictadas, la ejecución de las decisiones de las Administraciones Públicas debe basarse en la información disponible, cuya credibilidad exige que sea información de calidad, con la garantía de que esté exenta de manipulaciones. Es en este marco de ensalzamiento del principio de publicidad de las actuaciones judiciales, en el que la Comisión Nacional de Estadística Judicial adquiere un gran protagonismo, impulsando la aprobación de los planes estadísticos generales y especiales de la Administración de Justicia con sujeción a los principios de pertinencia, especialidad, proporcionalidad, uniformidad, fiabilidad, imparcialidad, independencia, secreto estadístico y relación coste-eficacia.

Entre los principales objetivos del Plan nos encontramos con tres: (1) Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio; (2) Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial; (3) Contribuir  a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas.

Para la consecución de estos objetivos el Plan se sirve de una serie de instrumentos como son la estadística judicial, creándose un repositorio único de información, el Directorio Nacional de Datos (DNA), las tecnologías de la información y las comunicaciones, las buenas prácticas procesales, una correcta coordinación de los Registros de la Administración de Justicia (Registro Central de Penados y Rebeldes, Registro Central de Violencia Doméstica, Registro Central de Sentencias de Menores, Registro Central de Rebeldes Civiles y Registro Central de Procedimientos Penales en Tramitación y de Medidas Cautelares), arquitectura judicial, modernización del lenguaje jurídico, instrumentos de cooperación jurídica internacional, tratar de dotar de mayor transparencia a la actuación de los Letrados de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal, establecer un sistema de canalización real de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, etc.

En algunos casos ya se ha avanzado mucho en aras de la consecución de los objetivos que se propone este Plan de Transparencia Judicial, en otros casos todavía estamos lejos de conseguirlos, sin embargo parece que como primer peldaño del escalón, resulta fundamental conocer la existencia de dicho Plan y eso es lo que se pretende con este artículo, que sin ser un texto detallado y profundo nos acerca un poco más a uno de los grandes desconocidos en el ámbito de la Administración de Justicia, precisamente, para que deje de serlo.

 

Vía| Plan de Transparencia Judicial

Imagen| Transparencia

En QAH| La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia

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