Jurídico 


El papel de la Junta General en la mejora del Gobierno Corporativo

La reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) para la mejora del gobierno corporativo, aunque incide sobre todo en el régimen jurídico de la sociedad cotizada, destinataria del mayor número de sus artículos, también modela en general el régimen jurídico de todas las sociedades de capital.

Las modificaciones en ambos casos pueden agruparse en dos categorías: las que se refieren a la junta general (JG, de ahora en adelante) y las que tienen que ver con el órgano de administración (OA).

Entre los aspectos tratados por la citada reforma, en relación con las facultades de la JG, se amplía la posibilidad de impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión.Antes de diciembre de 2014, se restringía dicha facultad al ámbito de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (antiguo artículo 161 LSC).

La reforma considera que esta facultad no podía estar circunscrita a las sociedades limitadas, pues se quiere poner en auge el papel de la JG de accionistas en todas las sociedades de capital, con los siguientes objetivos: incentivar el activismo accionarial consiguiendo la implicación de los socios en la actividad de la sociedad y resolver problemas de agencia entre accionistas y consejeros.

El papel de la junta general

Un apunte a tener en consideración, es que dicha facultad sobre el poder de decisión del Órgano de Administración no es absoluta e inquebrantable, es decir, vía estatutos sociales, puede restringirse o incluso eliminarse la posibilidad de impartir instrucciones al OA y la posibilidad de someter a autorización la adopción de determinadas decisiones sobre asuntos de gestión considerados para la mercantil de importancia (dejando a un lado la potestad de la JG para decidir en cuanto a operaciones sobre activos que se consideren esenciales, artículo 160.1.F LSC, que dará problemas en cuanto a su puesta en práctica).

Independientemente del cumplimiento o no de las instrucciones por el OA, que darán lugar a la eventual responsabilidad social correspondiente (artículos 236 y siguientes de la LSC), la actuación del administrador infringiendo el mandato recibido de la JG no tiene relevancia externa frente al tercero, siempre que no sea de mala fe (articulo 234 LSC).

Viendo los poderes concedidos a la JG, es inevitable pensar que si el control del socio (JG) supone la injerencia continuada en los asuntos y el administrador (OA) queda limitado a ser marioneta, puro ejecutor de las instrucciones recibidas, pueda recibir el socio la calificación de administrador de hecho a efectos de responsabilidad.

En el momento en que se imposibilita al administrador su ámbito autónomo de discreción empresarial (business judgment rule, ahora mencionado en el art. 226 LSC) se considera al socio administrador de hecho. Tanto es así que el nuevo art. 236.3 LSC extiende esa condición, no exclusivamente a la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias del administrador, sino unas bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad”.

Por último y como es lógico, el hecho de poder ser calificado como administradores de hecho (los socios de la JG controladores extremos del poder de decisión) no libera de responsabilidad al administrador de derecho (del OA) (art. 236.2 LSC), pues sólo añade otros sujetos responsables.

Vía| Diario La Ley, Nº 8442, Sección Doctrina, 16 de diciembre de 2014, Año XXXV, Ricardo Cabanas Trejo Editorial LA LEY

Imagen| business meeting

En QAH| La protección de la discrecionalidad empresarial (i)

 

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