Economía y Empresa 


El nuevo enfoque económico de la corrupción

BarcenasHasta hace un par de décadas, una buena parte de los economistas compartía una visión algo indulgente de la corrupción. Se pensaba que este fenómeno surgía como un recurso del mercado ante el exceso de regulaciones estatales, una vía para mitigar los daños allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, establecían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo.

Las diferentes administraciones irían promulgando infinidad de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, los empresarios lograrían una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador, un lubricante de la actividad económica aunque, en última instancia, la carga recayera sobre los ciudadanos: los pagos repercuten en el precio de las obras públicas, la vivienda u otros servicios.

Pero pronto se descubrió que esta visión tan benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno era bastante menos inocente y mucho más nocivo y destructor. La corrupción no surge como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones: son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, para que las empresas que se establezcan (reciban los permisos para ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública u consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unos precios más elevados y, por tanto, unas rentas extraordinarias que repartirán con los políticos.

Las leyes, las normas y los requisitos administrativos deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, en la práctica, las autoridades deciden libremente a quiénes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el favor se concede a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción generalizada consiste en el reparto, entre ciertas empresas y los políticos, de unas ganancias privadas extras generadas por una decisión deliberada de los gobernantes.

Consecuentemente, existe una relación muy estrecha entre exceso de regulación y corrupción: los estados con más trabas, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos. Una idea ya apuntada hace dos mil años por el político e historiador romano Publio Cornelio Tácito: “Corruptissima re-publica, plurimae leges” (cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene).

 

Vía | Public Choice

Imagen | Bárcenas

En QAH | A mayor pena, ¿menos corrupción?

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