Derecho Mercantil, Jurídico 


El nombramiento de liquidador judicial ante la disolución de sociedades de capital por causa de situaciones de bloqueo social

El mecanismo de nombramiento de liquidadores judiciales en situaciones de bloqueo societario es el más adecuado para salvaguardar lo intereses de socios y acreedores.

El mecanismo de nombramiento de liquidadores judiciales en situaciones de bloqueo societario es el más adecuado para salvaguardar lo intereses de socios y acreedores.

Una de las causas legales de disolución societaria que prevé nuestra Ley de Sociedades de Capital (en adelante “LSC”) es “la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento”, tal y como recoge el art. 363.1.d) de la LSC. Esta causa legal de disolución es la comúnmente conocida como situación de bloqueo societario, que responde a la paralización de manera permanente, definitiva e insuperable de la Junta General y del órgano de administración de la sociedad de capital.

Este tipo de colapso orgánico suele producirse con mayor frecuencia en sociedades cerradas (sociedades de responsabilidad limitada), pero no es un fenómeno exclusivo de las mismas, pudiendo afectar a otros tipos societarios, tales como las sociedades anónimas. Dicho bloqueo se materializa en las desavenencias de dos o más facciones equivalentes del capital social de la compañía que evita la adopción de acuerdos en sede de Junta, e incluso en la gran mayoría de ocasiones, este bloqueo suele trasladarse al órgano de administración, ya que el mismo suele ser un idéntico reflejo de la composición del capital de la Junta General.

Una vez se constata la mencionada situación de bloqueo de los órganos societarios, en una situación ideal el órgano de administración debería convocar a la Junta General en un plazo de 2 meses para que adoptara el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad –art. 365.1 de la LSC-, al haberse perdido por parte de los socios la voluntad común de desarrollo del objeto social (affectio societatis). Sin embargo, este situación previsiblemente no se llegará a producir, dado el manifiesto bloqueo existente, por lo que cualquier interesado podrá instar la disolución judicial ante el Juez de lo Mercantil del domicilio social de la compañía cuando dicha Junta no se convoque, no se llegue a celebrar o no se adopte el preceptivo acuerdo de disolución –art. 366.1 de la LSC-.

Llegados a este punto es donde nos encontramos con el principal problema normativo que contiene nuestro Derecho de sociedades de capital, que no es otro, que el mecanismo de nombramiento de liquidadores para acometer las tareas de liquidación de la sociedad que disuelta. Nuestra LSC determina un elenco de 3 sistemas de designación de liquidadores muy definidos y con una prelación concreta y determinada; a saber:

1. La designación estatutaria de liquidadores: El primero de los mecanismos para el nombramiento de liquidadores es la previsión estatutaria de manera determinada de qué persona física o jurídica asumirá el cargo de liquidador en el momento oportuno, o que se fije un mecanismo de determinabilidad de tales sujetos, recogiéndose las características y requisitos que los sujetos liquidadores deberán reunir –art. 376.1 de la LSC-.

2. El nombramiento de liquidadores por la Junta General: Si no se hubiera recogido previsión estatutaria al respecto, el nombramiento de liquidadores se podrá realizar mediante acuerdo de la Junta General –art. 376.1 de la LSC-, con una mayoría ordinaria de los votos.

3. Conversión legal de los administradores al tiempo de la liquidación en liquidadores: Subsidiariamente a los dos mecanismos anteriores, se producirá la designación ex lege como liquidadores de la sociedad de los últimos administradores existentes en la sociedad –art. 376.1 in fine de la LSC-.

Sin embargo, en el supuesto fáctico que estamos analizando (disolución societaria por bloqueo de sus órganos) ninguno de los mecanismos referidos ofrecen una solución óptima para llevar a cabo las operaciones de liquidación de la sociedad y tutelar los intereses de todos los socios y acreedores de la compañía, máxime cuando las desavenencias existentes entre ambas facciones del capital son irreconciliables. Lo cual desembocará en una lucha de poder por controlar la fase de liquidación y realizar el activo bajo su supervisión para controlar el resultado de la cuota final de liquidación.

Por ello, sin duda alguna la solución óptima a este problema es acudir al nombramiento judicial de liquidadores, situación que evitará conductas amparadas en el fraude y en el ejercicio abusivo y antisocial del derecho –art. 6.4 CC- y que velará por un desarrollo independiente, objetivo e imparcial de la liquidación de la compañía. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que nuestra LSC no prevé este mecanismo para el nombramiento de liquidadores, situación que la jurisprudencia mayoritaria [STS de 30 de mayo de 2007] y nuestra doctrina administrativa [RDGRN de 22 de septiembre de 2000] han salvado acudiendo a la figura de la aplicación analógica del nombramiento judicial de liquidadores para el caso de cobertura de vacantes para el caso de fallecimiento o cese del liquidador previsto en el art. 377.2 de la LSC.

Así, la citada STS de 30 de mayo de 2007 en una situación que recoge de manera similar esta problemática de hecho señaló:

“La aplicación del método analógico en el presente caso resulta clara. Existe un supuesto de hecho -el contemplado en el proceso- en el que, al no estimarse aplicable el art. 110.1 LSRL [actual art. 376.1 LSC], se produce una laguna por falta de previsión legal específica. Hay una norma legal que se refiere a otros supuestos -fallecimiento o cese del liquidador-, que no coinciden con el que se enjuicia, pero con igualdad jurídica esencial -necesidad de nombramiento e inoperancia al respecto de la Junta General-. Y no existe disposición legal prohibitiva. Por ello, la decisión del juzgador “a quo” estimando la pretensión de designación judicial «ex» art. 110.3 LSRL [actual art. 377.2 LSC] es acertada, y acarrea el decaimiento del motivo.

La tesis defendida en tal resolución es que estamos ante una laguna legislativa, pues el supuesto de nombramiento automático del administrador como liquidador en caso de disolución no está previsto en el caso de bloqueo social, por lo que se ha de aplicar analógicamente el apartado tercero del precepto y debe ser el Juzgado quien nombre como liquidador a una persona ajena a la sociedad, para garantizar el derecho de todos los implicados y evitar la actuación abusiva de quien, como administrador, ha impedido que se nombre un liquidador en junta y buscado el nombramiento automático en su persona que prevé el precepto.”

Pues bien, esta laguna normativa existente en nuestro ordenamiento jurídico, la cual ha sido integrada mediante la interpretación jurisprudencial del supuesto de hecho narrado, podría ser corregida y recogida legislativamente en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil que se está elaborando, oportunidad que a tenor del análisis de su articulado parece que nuestro legislador va a desaprovechar, y ello, toda vez que la Sección 2ª del Capítulo II del Título VII del Libro II del nuevo Código Mercantil, y en particular el art. 272-22 “Cobertura de Vacantes” no recogen previsión alguna que incorpore este mecanismo de nombramiento judicial de liquidador para situaciones de bloqueo.

En consecuencia, me permito llamar a la reflexión a nuestro legislador para que introduzca la previsión expresa de que en caso de concurrencia de la causa de disolución del actual art. 363.1.d) de la LSC, la prelación de los mecanismos de nombramiento de liquidador tiene que verse alterada, y debe acudirse al nombramiento judicial de liquidadores profesionalizados, probablemente mediante un sistema de designación similar al del perito judicial previsto en el art. 341 de la LEC.

La razón lógica de esta petición no es otra que la de ofrecer el correcto funcionamiento del tráfico mercantil, evitar situaciones de perjuicio directo a terceros de buena fe que confían en el adecuado funcionamiento del tráfico, y sobre todo, evitar situaciones de desamparo de socios y acreedores en el proceso de liquidación de una sociedad derivadas de conductas fraudulentas o abusivas por parte de los liquidadores automáticamente nombrados por ministerio estatutario o legal.

Vía |Ley de Sociedades de Capital

Imagen | Liquidadores judiciales

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