Jurídico 


El momento del Derecho penal económico

La Dogmática penal viene desde hace años prestando interés por el estudio de las infracciones penales que afectan a la actividad económica, de tal suerte que denomina al conjunto de las normas que contemplan las mismas como Derecho penal económico. No cabe duda, desde luego, que ese interés proviene de dos factores verdaderamente complejos y, a su vez, estrechamente relacionados: de un lado, de la actual coyuntura económica, tanto particular como global y, de otro, de las nuevas formas de criminalidad que se vienen produciendo, especialmente de la organizada.

Por tanto, la Ciencia penal, consciente de ello, no ha podido menos que prestarle la atención debida, resaltando los problemas y proponiendo las soluciones jurídicas más acordes; soluciones que en cierta medida han venido siendo acogidas por la Política criminal. Así, y en lo que respecta a nuestro Ordenamiento jurídico, muchas de ellas se han recogido en la reciente LO 5/2010 de 22 de junio, y con otras tantas se hará igual si la prevista reforma que actualmente se pretende sale adelante.

delitos-economicosPero, en puridad, ¿puede hablarse de un Derecho penal económico? En cierta medida, no deja de tratarse de una clasificación, aunque es evidente que para el operador jurídico la aproximación a dicho sector penal requiere componentes específicos por razón de las particularidades que implica el orden económico. Precisamente, estas particularidades han fundamentado la existencia de ciertos tipos penales; aunque, ciertamente, esto también ha hecho a algunos juristas hablar, en sentido negativo, de la “expansión del Derecho penal”. Pero siendo esto último harina de otro costal, está pendiente la pregunta ¿existe un Derecho penal económico?

Para la doctrina mayoritaria está realmente claro, y para el profesional del Derecho no cabe duda del esfuerzo de análisis multidisciplinar y especial que requiere un caso de supuesto delito contra orden socioeconómico. Por tanto, en cuanto a razones de Política criminal y a efectos prácticos, sí podría hablarse de un Derecho penal económico.

Ahora bien, ¿es el momento del Derecho penal económico? Basta acudir a una librería jurídica y comprobar algunos títulos para ver que los estudios respecto a dicha parcela jurídico-penal han aumentado. También puede ser suficiente preguntar a un abogado penalista para saber en qué delitos son los que últimamente más trabaja, la respuesta será clara. Si respondiéramos afirmativamente a la pregunta no mentiríamos, no obstante, dicha respuesta merece varias valoraciones fundamentales.

i) Cierto es que el Derecho penal económico ha alcanzado interés porque han aumentado las infracciones penales de naturaleza económica. El aumento de las mismas, además, responde a causas socio-económicas de todos conocidas, pero un aspecto antes señalado no debe escaparse en este sentido: las nuevas formas de criminalidad. Estas formas de criminalidad pueden revestir múltiples formas, pero tienen dos elementos fundamentales de manifestación: la empresa y el mercado. Esto sí implica que el Derecho haya tenido que afrontar nuevos desafíos, pues el ámbito en el que se desarrolla la empresa y los demás operadores económicos y mercantiles, el mercado, son realidades extraordinariamente complejas. Pero, sin embargo, dichas formas de criminalidad suelen, a la vez, reflejar infracciones que desde tiempo ha son habituales en la Economía; la Economía sumergida siempre ha estado ahí. Por tanto, quizá en esto tenga más que decir la Política criminal, y quizá en esto, también, el Legislador deba mirar a otros sectores del Ordenamiento jurídico, y no tanto al penal, que ya viene castigando dichas conductas.

ii) Viniéndose cometiendo delitos de este género desde siempre, y ocupándose de ellos el Derecho penal, aunque con trascendencia pareja al desarrollo y devenir de la evolución económica, tampoco puede pretenderse que el Derecho penal sea un adalid en esta situación de crisis económica. Ya ha habido, y en España en tiempos no muy remotos, otras situaciones de crisis económica y el Derecho penal reaccionó en su justa medida y sin extralimitarse. Por tanto, el que la crisis económica haya favorecido o propiciado el aumento de delitos económicos, no debe hacer creer en la insuficiencia del Derecho penal económico, máxime cuando el escenario en el que interviene no puede ni debe ampliarse más de lo estrictamente necesario. El Derecho penal no debe prevenir el delito, debe castigarlo, por mucho que el buenismo de cierta doctrina penal crea lo primero.

iii) ¿Se está haciendo intervenir al Derecho penal económico como debe? No. Es dogma del Derecho, y creo que no inmerecidamente, que el Derecho penal se caracteriza por ser la “última ratio”. Solo cuando las ofensas a bienes jurídicos son de tal importancia deben tipificarse como ilícitos penales, y solo cuando éstas se han producido debe acudirse a la vía penal. Precisamente, las normas que regulan estas infracciones penales se enmarcan en la frontera que separa el Derecho penal del Administrativo, del Tributario, del Laboral o del Mercantil. Si dichas normas sobrepasan dicha frontera, el Derecho penal, como se ha dicho que señalan algunos autores, se expande y no cumple su característica de “última ratio”. Igualmente, determinadas conductas no deberían nunca protagonizar querellas y denuncias, pues no son en absoluto típicas; por ejemplo ¿debería denunciarse en el Juzgado el incumplimiento de una deuda como si de una apropiación indebida se tratase? La respuesta no admite vacilaciones, pero lo cierto y verdad es que existe una tendencia a criminalizar cuestiones jurídico-privadas que, cuanto menos, debiera hacer reflexionar a los profesionales, pues la palabra no la tiene aquí, propiamente, el Derecho penal, sino quien lo opera y tiene en su mano intereses ajenos y que buscan la tutela judicial de sus intereses.

Por tanto, bien podría decirse que sí que es el momento del Derecho penal económico pero para su perfeccionamiento, no para su endurecimiento o expansión innecesarias y, consecuentemente, su desvirtuación. En esta coyuntura, el Derecho penal económico debe ser perfilado para su mejora y el mantenimiento de su esencia. De nada sirve que se cacaree su importancia actual cuando, tal vez, lo que ha cambiado es, tan solo, la forma de producción de esos ilícitos que conforman su particular estudio. Por eso, su papel en el presente momento va a depender de la Política criminal, que deberá encargarse de acometer dicha mejora pero teniendo en cuenta los límites imprescindibles. En caso contrario, no se podrá hablar de Derecho penal económico ni, mucho menos, de Derecho Penal.

Vía| BLANCO LOZANO, C., Tratado de Derecho penal español, T. II, Vol. 1, Bosch, Barcelona, 2004; CHOCLÁN MONTALVO, J. A., Protección penal del Sistema Financiero, en Diario LA LEY, nº 5865, LA LEY, Madrid, 2003; JAÉN VALLEJO, M., Delincuencia económica y organizada, en El Derecho, El Derecho – Grupo Francis Lefevre, Madrid, 2012; LASCANO, C. J., Los Principios constitucionales del Derecho penal Económico. Globalización y armonización del Derecho penal económico (MERCOSUR), en Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, Córdoba (Argentina), 2008; TERRADILLOS BASOCO, J. M., Delitos contra el orden socioeconómico, en TERRADILLOS BASOCO, J. M. (Coord.), Lecciones y materiales para el Estudio del Derecho penal, T. IV, Iustel, Madrid, 2012.; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., Comentario previo al Título XIII, en GÓMEZ TOMILLO, M., Comentarios al Código Penal, Lex Nova, Valladolid, 2010.

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