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El marco legal de nuestros espías

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Diego López Martínez
    El recrudecimiento del terrorismo islamista en Europa Occidental ha mostrado la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante este tipo de ataques.
    Tanto los conocidos como “lobos solitarios” como comandos coordinados de terroristas, a menudo nacionales de los países en los que finalmente atentan, representan una verdadera amenaza muy complicada de neutralizar. Nuevos fenómenos como la entrada irregular de refugiados de zonas de conflicto pueden acrecentar el riesgo de que deseen continuar su “Yihad” una vez asentados en el Viejo Continente.
    #ActualidadQAH

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    El papel de los servicios de inteligencia nacionales se ha reforzado ante los últimos acontecimientos, ya que, la información que proporcionan estas agencias es fundamental a la hora de anticiparse a las acciones de los terroristas y frustrar atentados.
    Pese a que al sentirnos amenazados podemos caer en la trampa de pretender conceder a nuestros espías plenos poderes, la Historia nos ha ilustrado con no pocos ejemplos de utilizaciones interesadas de los mismos por gobiernos o partidos políticos desvirtuando su noble función original. Una adecuada regulación de los mismos se hace imprescindible.

     

    En España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el organismo encargado de realizar las investigaciones  que prevengan o eviten cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Su fundación data de 2002 y es el heredero del anterior CESID. Encuentra su fundamento jurídico en dos leyes complementarias:
    • La Ley 11/2002, de 6 de mayo, regula el Centro Nacional de Inteligencia

    Enuncia la vocación del CNI de hacer frente a las amenazas internas y externas de España y de regirse por el control y pleno sometimiento al orden jurídico. Configura a la institución como un Organismo Público Especial al servicio del Gobierno. Por ello, será el Gobierno quien fije anualmente sus objetivos por medio de una Directiva de inteligencia con carácter secreto. Igual carácter tendrán sus actividades, estructura interna, medios y procedimientos o su personal dado que, como establece la Ley de secretos oficiales 9/1968, “su  conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”

    Igualmente establece la figura del Director y del Secretario general del Centro Nacional de Inteligencia.

    Según recoge en su artículo 11, a fin de que no sea un órgano opaco al resto del arco parlamentario, El Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados, la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto.

    • La Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, regula el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia
    Joan Puyol garbo

    Joan Puyol garbo

    La necesidad de establecer este control viene exigida por el artículo 18 de la Constitución y del artículo 8 del Convenio Europeo para Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales puesto que reconocen la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, derechos fundamentales que, inevitablemente, chocan con las actividades diarias de los servicios de inteligencia.

    Esta Ley, igualmente modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer el  la forma de nombramiento del Magistrado del Tribunal Supremo específicamente encargado del control judicial de las actividades del CNI y el procedimiento conforme al cual se acordará o no la autorización judicial necesaria para dichas actividades, que es el siguiente:

    El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá, por escrito y de forma justificada, solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales

    medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro. El magistrado deberá en un plazo de 72 horas, y excepcionalmente 24 horas, conceder o no su aprobación.

    Las informaciones obtenidas mediante dicho procedimiento que no que guarden relación con el objeto o fines de la autorización serán destruidas.
     Un marco claro de actuación se hace necesario ante la actual disyuntiva que parece obligarnos a elegir entre libertad y seguridad. Se debe, por tanto acotar y controlar la función nuestros servicios de inteligencia tratando de que no por ello pierdan efectividad en su difícil y cada vez más necesaria labor.

    Vía|Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, regula el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, Ley 11/2002, de 6 de mayo, regula el Centro Nacional de Inteligencia.

    Imagen| CNI, BBCI , theshhhexperience.files.wordpress.com

    Otras informaciones de interés| Código ético del CNI
    En QAH| La lucha de ley contra el terrorismo

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