Jurídico 


El mandato de dar crédito a un tercero y su aplicación práctica en la política económica actual

Los romanistas coinciden en su mayoría en que los negocios del ius gentium surgieron como consecuencia de la actividad comercial desarrollada en el Mediterráneo a partir del siglo III a. C.; en este ámbito, el mandato podía consistir en el encargo de obtener mercancías disponibles en otro lugar, o de celebrar contratos de compraventa o de transporte. El precedente romano específico de la figura del mandato de crédito se localiza en el mandatum pecuniae credendae, calificado como aliena gratia o tua et aliena gratia en función de la existencia de intereses a favor del mandatario. Una de las peculiaridades de esta figura estriba en que en aplicación de dicho régimen el mandante debe resarcir al mandatario de los perjuicios que éste haya sufrido como consecuencia de la ejecución del encargo.

Mandatum pecuniae credendae

Por lo que respecta al Derecho castellano, Derecho intermedio, en el Fuero Juzgo o Libro de los Jueces no existen leyes dedicadas al mandato puro; tan sólo se hace referencia en varias leyes del Título III De los mandadores y de las cosas que mandan, del Libro II De los juicios y causas, al personero o vocero que actúa en juicio a nombre de otro. De manera semejante, el Fuero Real dedica el Título X, Libro I, a regular la figura del personero; pero el mandato en cuanto a contrato carece de mención. Por su parte, el Fuero Viejo se limita a describir la figura del bocero como representante judicial. En Las Partidas de Alfonso X El Sabio, de 1212, se regula el contrato de mandato; concretamente en las leyes 20 y siguientes del Título XII de la Partida V; Mandatum pecuniae credendae, mandato romano en interés o utilidad del mandante. Manteniéndose el esquema del mandatum pecuniae credendae, con la peculiaridad de la versión justinianea por lo que se refiere a la subsidiariedad de la obligación del mandante de devolver lo prestado. Conservándose la separación entre el mandato en general y el consejo o mandato en utilidad exclusiva del mandatario, careciendo este último de obligatoriedad según se estipula en la ley 23.

Ya en la actualidad podemos definir el mandato de crédito como el encargo en virtud del cual un sujeto se obliga a realizar una gestión dirigida al establecimiento de una relación crediticia con un tercero indicado por el mandante, quien responde de los daños experimentados por el mandatario como consecuencia de la gestión realizada. En otras palabras, por el mandato de crédito, alguien concede crédito a un tercero, en nombre y por cuenta de este tercero, pero a riesgo de éste y además del mandante.

En plena recesión, el Gobierno de España, consciente de la actual situación de crisis y falta de liquidez y financiación de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas, ha desarrollado mecanismos que fomentan liquidez en el sistema a través de medidas como la estipulada en el Real Decreto Ley 4/2012 [(precursora de otras posteriores (1)], de 24 de febrero, BOE de 25 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Resultando cuanto menos anecdótico, si no sorprendente, que se recurra por el Gobierno de la Nación, ya en pleno siglo XXI, a una figura jurídica, no regulada de manera expresa en nuestro Código Civil, heredada de la época romana y cuyos antecedentes se remontan al siglo III a.C., cual es el mandatum pecuniae credendae,  con el fin último de tratar de mitigar los efectos de la crisis económica.

Vía| Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.

Imagen| Mandato

Más información| Real Decreto – ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo de crecimiento y de la creación de empleo (Título III, Capítulo I: Ampliación de una fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas; Real Decreto – ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

RELACIONADOS