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El llamado “Canon AEDE” o “Tasa Google”

El pasado 30 de octubre de 2014 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley para la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, documento que ha despertado una gran polémica, tal y como ocurre siempre que se tratan temas de defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual, y que fue aprobado gracias a la mayoría absoluta que el PP ostenta en esta cámara. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con la introducción de la “ley SINDE”, la cual copó los medios, parece que un aspecto específico de esta nueva reforma ha pasado “desapercibido”, incluso, viéndose privado de su aparición en primera plana en los periódicos nacionales. Por este motivo, el aspecto que aquí se va a analizar es el llamado “Canon AEDE”[1], “Derecho de Cita”[2] o “Tasa Google”[3].

El antiguo artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual regulaba únicamente la cita e ilustración de la enseñanza, ha sido completamente modificado, no sólo en cuanto se refiere al uso de citas y reseñas con fines académicos o de investigación, sino que además se ha introducido un nuevo punto número 2 que regula por primera vez en nuestro país el “derecho de cita” en relación a los prestadores de servicios electrónicos (este extremo es el que aquí va a ser analizado, sin perjuicio de las “ampollas” que la reforma ha generado en el sector universitario). Como consecuencia, el nuevo punto 2 del artículo 32 establece:

(…) La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de
fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización (…).

Pasemos a analizar el contenido de este nuevo artículo, el cual empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, y ha supuesto un triunfo para las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, por prestador de servicios electrónicos o de servicios de la sociedad de la información se ha de entender la persona física o jurídica que presta servicios de contratación electrónica de bienes y servicios, provisión de acceso a la red, transmisión de datos por redes, alojamiento en servidores o, lo que en este caso nos afecta, el suministro de información por medios electrónicos o de agregación de datos (algunos autores consideran que únicamente se incluirían aquellos prestadores que actúan para obtener un beneficio económico, estando excluidos del pago del canon a los que actúen sin ánimo de lucro). En segundo lugar, su objeto es la puesta a disposición del público de contenidos divulgados con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento en otros sitios Web. Es decir, el mero “enlace” no es objeto de este canon, sino la divulgación pública de los contenidos, por ello, si se realiza un resumen del contenido y luego se crea un link a su fuente original, se entiende que esto no estará sujeto al pago de la compensación a su autor. Esta “agregación de contenidos” bajo estos términos no está sujeta a autorización, sin embargo, el autor o editor de los mismos tendrá derecho a percibir una compensación económica por su “uso” por parte del prestador de servicios electrónicos, a la cual, además, no podrá renunciar voluntariamente (un autor puede estar interesado en que sus artículos aparezcan citados, y por ello decidir no cobrar ninguna compensación para facilitarlo, sin embargo, la ley le limita esta facultad impidiéndole la renuncia a la misma). Para más inri, este “derecho de compensación” va a ser gestionado por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, AEDE).

Es decir, por ejemplo Google News o Menéame entre otros, van a tener que pagar dicho canon para poder hacer referencias en sus páginas a contenido de otras webs, incluso enlaces a noticias en los periódicos. Por otro lado, licencias abiertas como la “Creative Commons” se van a ver seriamente afectadas por esta disposición. Además, el problema que se plantea es la amplitud de la redacción en el precepto al hacer referencia de forma genérica a los “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”, es decir, las redes sociales, o un tablón de noticias de la web de un usuario privado de internet, ¿van a ser también objeto de inclusión y el consiguiente “canon de compensación”? Por otro lado, la limitación al derecho de renunciar a dicha compensación por parte del autor pone en serias dudas la finalidad de la norma, es decir, si ésta era proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores, ¿por qué no se les permite a éstos, si así lo consideran, renunciar a la compensación? Igualmente, esta compensación podrá ser requerida no sólo por el autor, sino por cualquier otro titular de derechos, ¿se incluyen aquí como titulares a las propias entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual? Y, en el caso de se hayan cedido los derechos, ¿quién será el titular del derecho a la compensación? La polémica está servida.

[1] El principal impulsor de la introducción de esta normativa es la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

[2] La nueva regulación hace referencia a la introducción de citas o reseñas por prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos.

[3] El gigante Google se ha mostrado en contra de la introducción de este canon ya que se ve especialmente afectado en su servicio de “noticias”

 

Vía| El Mundo / El ABC / Informativo Jurídico / Internautas / Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril / Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual / Ley 34/2002, de 11 de julio

Imagen| No Copy / IMAGEN Google

En QAH| Derechos de propiedad intelectual / Ley de la Propiedad Intelectual / La Comisión de Propiedad Intelectual / Del derecho a la propiedad intelectual

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