Derecho Internacional, Jurídico 


El legado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda

ICTRHace poco se cumplió el primer año desde el cierre del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas y parece ser un momento adecuado para hacer un balance de sus resultados, su herencia… o como es más habitual en la jerga onusiana: su legado.

Entre abril y julio de 1994 tuvo lugar una de las mayores tragedias humanitarias de los últimos tiempos: el Genocidio de Ruanda. La hegemonía durante los últimos siglos de la minoría aristócrata, ganadera y boyante tutsi sobre la mayoría hutu dedicada a la agricultura y menos acomodada fue interrumpida tras su independencia de Bélgica. La monarquía tutsi fue abolida y la flamante república ruandesa quedaba en manos de la mayoría hutu. No obstante, el odio entre ambas partes, la xenofobia y los deseos de venganza no cesaron de crecer en los dos grupos. Brotes de violencia relativamente aislados se repitieron entre la década de los 60 y 90 resultando en un masivo exilio de tutsis a los países colindantes; especialmente Uganda donde se fundó el Frente Patriótico Ruandés y que de manera esporádica retomaba la lucha cruzando la frontera.

El presidente Habyarimana accedió a iniciar un proceso de paz con las milicias tutsi cuando, volviendo de una cumbre de jefes de estado y de gobierno africano, su avión fue abatido al disponerse a aterrizar en el aeropuerto de Kigali. Esto desencadenó una sucesión de matanzas durante 100 días que pasó a la historia como el Genocidio de Ruanda que se cobró a más de 800.000 muertos tutsis y hutus moderados.

Antes de acabar el año, el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, avergonzado por no haber sido capaz de reaccionar a tiempo, crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (o según sus siglas en inglés, ICTR). Ruanda se posicionó en contra de esta resolución (si bien fue ella quien pidió auxilio al CS) ya que el estatuto de la corte no reconocía la pena capital y establecía el tribunal en otro país: Tanzania.

Los trabajos se iniciaron en 1995 y el Tribunal de Primera Instancia finalizó sus labores en diciembre de 2012 con la última sentencia en el caso del ex ministro de planificación: Augustin Ngirabatware.

Han sido 17 años de  investigaciones, juicios y apelaciones. Muchos son los que critican a este tribunal por su demora en acabar su cometido, su falta de eficiencia y la cantidad de recursos económicos invertidos, entre otros.

Es cierto. Durante años el CS de Naciones Unidas fue otorgando prórrogas a una institución que parecía no concluir nunca su trabajo. Pero lo cierto es que no se trataba de una tarea fácil. Al fin y al cabo, no es lo mismo juzgar a un ladrón de coches que a los 75 acusados que fueron procesados por delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

El esfuerzo económico también merece una mención. El ICTR costó más de un billón (del sistema anglosajón) de dólares estadounidenses. Los tribunales consuetudinarios de Ruanda (Gacaca), si bien no reconocía todas las garantías procesales mínimas, juzgó a 1.951.388 individuos y costó 40 millones de dólares.

Otra crítica bastante repetida es la de su jurisdicción, o mejor dicho, los casos en que ocupó su tiempo. Muchas voces cuestionaban por qué, si el tribunal tenía capacidad para oír todos los casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad que tuvieron lugar en territorio ruandés a lo largo de todo el año de 1994, no hubo ni un solo caso contra un militante tutsi actuando en represalia contra los genocidas. Lo cierto es que el gobierno ruandés (ahora sorprendentemente bien administrado por un tutsi antiguo miliciano: Paul Kagame), siempre se negó a que se hiciera inclusión de miembros pertenecientes a un colectivo que fue la clara víctima del terrible genocidio.

Finalmente hay que resaltar el legado positivo. En primer lugar, nos queda todo un aprendizaje de los errores que no se deben cometer. La comunidad internacional hereda una amplia jurisprudencia sobre derecho penal internacional que ha asentado conceptos como el de la violación como crimen de guerra. La lucha contra la impunidad ha sido también una gran victoria ya que 75 personas fueron juzgadas por los horribles sucesos. Finalmente, se prestó un extenso apoyo a las víctimas y familiares que vivieron el genocidio en primera persona gracias a la clínica que ofrece apoyo psicológico (subvencionada curiosamente por España en gran medida).

Ahora bien, el legado más tangible del tribunal es el hecho de que aún no se ha disuelto del todo. Todavía queda su sombra en una serie de instituciones que en algún caso no tiene ni siquiera vocación de desaparecer:

La Sala de Apelaciones del ICTR, sita en La Haya, aún está revisando 16 casos.

El Monitoring Team vigila los procesos abiertos en Ruanda contra antiguos acusados del tribunal internacional que fueron transferidos de la jurisdicción internacional a la jurisdicción nacional de Ruanda.

Para acabar, hace un año nació el Mecanismo Residual; una nueva institución diseñada para asegurar el legado del ICTR conjuntamente con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (ICTY). Sus funciones son: reabrir los casos contra los fugitivos que puedan ser encontrados, mantener y velar por el archivo, asegurar la protección permanente de los testigos y mantener el contacto con el Monitoring Team.

Un legado de un gran valor jurídico, político, histórico e internacional… aunque a un elevado precio económico.

Vía | Manuel Miguel Vergara Céspedes

Imagen | ICTR

En QAH | Responsabilidad de proteger e injerencia humanitariaLa Corte Penal Internacional (I): Antecedentes

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