Jurídico 


El indulto: necesidad o abuso de poder

Indulto a los mossos d’esquadra

Jaume Matas o José María del Nido son los últimos nombres ligados a esta institución. Pero no es nada nuevo. En el mes de noviembre del año pasado saltaron las alarmas sociales por la concesión del segundo indulto a los mossos d’esquadra condenados por delito de tortura en 2008, por propinar una brutal paliza a un ciudadano rumano al confundirlo con otra persona. Doscientos jueces se unieron en la firma de un manifiesto contra la concesión de este segundo indulto por el Gobierno a los citados mossos d’esquadra, con el cual se aseguraban que en ningún caso irían a la cárcel. Dicho acto indignó profundamente a gran parte de la opinión pública y a profesionales del Derecho como estos dos cientos jueces. En este manifiesto se denunciaba que la institución del indulto, antigua prerrogativa regia, supone un quebrantamiento del principio de separación de poderes, pues habilita al Gobierno a modificar decisiones judiciales y en definitiva, a desdibujar las fronteras entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial, por tanto, podría verse afectada a través de la utilización del indulto, más aun si se hace por segunda vez y ante un delito tan grave como el de la tortura, perpetrada por funcionarios públicos, cuya función es la de servir y proteger al ciudadano.

Pero, ¿qué es el indulto? han habido ríos de tinta al respecto, pero no es una institución jurídica que todo el mundo conozca, a pesar de la gran controversia que suscita.

Normalmente, relacionamos el indulto con la famosa historia bíblica de Barrabás, no nos encontramos tan alejados de la realidad al hacer tal comparación, pues lo cierto es que el indulto consiste efectivamente, en conceder un perdón al condenado por sus delitos, de manera que se le exonera total o parcialmente de su responsabilidad criminal.

En nuestro ordenamiento jurídico, el indulto se encuentra reconocido en el artículo 62 de la Constitución en el que se le atribuye al Rey la potestad de ejercitar este derecho de gracia con arreglo a la ley, en ningún caso podrá otorgar indultos generales. Dado que los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno o por los ministros competentes, quienes deciden realmente a quien se le concede el indulto, son los miembros del Gobierno.

La ley que regula el indulto es de 1870, la cual sorprendentemente no ha experimentado demasiados cambios desde su promulgación. Para que un indulto pueda concederse no puede causar perjuicio a terceros, debe haberse oído a la persona ofendida por el delito y podrán establecerse cualesquiera otras condiciones que la utilidad pública requiera. El indulto puede ser total o parcial, pero siempre es considerado como algo excepcional, solo es procedente cuando lo aconsejen razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.

El proceso no es del todo claro, pero se exigen informes tanto del tribunal sentenciador, como del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal, la concesión se realizará mediante Real Decreto, el cual, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es preciso que sea motivado, por lo que el Gobierno puede conceder indultos sin necesidad de explicar las razones que le han llevado a ello, lo cual, según algunos expertos es tremendamente atentatorio contra los principios democráticos y el orden público en general.

Una vez que tenemos unas nociones básicas del funcionamiento del indulto, debemos plantearnos si supone una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y si los indultos concedidos, reúnen los requisitos fijados por la ley. Por tanto, ¿es el indulto una necesidad o un abuso? ¿debe ser modificada su regulación? ¿debería ser eliminado o limitado a unos delitos concretos?

Vía| Noticias Jurídicas

Más información| El País

Imagen| Google 

En QAH| La independencia del Poder Judicial

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