Jurídico 


El incidente de nulidad de actuaciones

En ocasiones las partes que ejercitan sus acciones en el marco del procedimiento se pueden encontrar ante circunstancias anómalas que determinen la directa conculcación de sus más elementales derechos derivados, en efecto, de su misma condición de parte y reconocidos en la legislación procesal y sustantiva.

Ante tales situaciones, frente a las que no resulta posible ejercitar el derecho al recurso, o bien porque precisamente se haya cercenado la posibilidad de acudir a otras instancias, declarando la firmeza de una resolución que no lo es en Derecho (la casuística es amplísima) la legislación procesal ha dispuesto un mecanismo, excepcional por su entidad y gravedad, pero en todo caso regulado y de plena aplicabilidad práctica, denominado incidente de nulidad de actuaciones.

La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla este incidente en sus artículos 238 a 243, y la Ley de Enjuiciamiento Civil lo recoge en sus artículos 225 a 231. Corresponde aquí exponer las características más importantes del incidente de nulidad de actuaciones, que ha dado lugar, más allá de las notas de procedimiento y fondo que van a referirse, a vivos debates doctrinales y jurisprudenciales.

1.- Se trata de un incidente excepcional, es decir, sólo se puede interponer a modo de última arma procesal y siempre que la resolución judicial sea firme, lo que significa que frente a ella no pueden caber recursos de ningún tipo, ni ordinario ni extraordinario, habiéndose agotado todos ellos o bien porque la resolución judicial no los admita.

2.- La Ley dispone un plazo de 20 días para interponerlo, desde la notificación de la resolución firme o desde que se tuvo conocimiento del vicio de nulidad, sin que en tal caso hayan transcurrido más de cinco años. Este plazo se condiciona a dos extremos, en parte ya referidos: a) la firmeza de la resolución (esto es, que no quepa ya recurso frente a ella) y b) que el vicio que ahora se esgrime como determinante de la nulidad no pudo haberse invocado ante el Juzgado antes de que dictase la resolución que se impugna (lo que significa que quien solicita la nulidad de actuaciones ha tomado noticia del vicio en el momento en el que recibe la notificación de la resolución firme, no antes).

3.- Las causas de nulidad son tasadas, y reconducibles a la vulneración de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva (no en vano el planteamiento de este incidente de nulidad de actuaciones y su resolución son la antesala del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional). El artículo 238 LOPJ las contempla, y han de ser expresamente invocadas en el escrito:

“Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

1.º Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.

2.º Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.

3.º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.

4.º Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.

5.º Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.

6.º En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan”.

4.- La tramitación del incidente de nulidad de actuaciones, que corresponde al mismo Juzgado que ha dictado la resolución viciada, no tiene, con carácter general, efecto suspensivo de la referida resolución, y tras efectuar el traslado oportuno al resto de partes, si se ha admitido el incidente al cumplirse los anteriores requisitos, se dictará una resolución estimando la nulidad, con retroacción al momento procesal en el que se produjo el vicio, si bien manteniendo un principio de conservación de aquellos actos procesales no vinculados a la causa de nulidad (es decir, se recorta el proceso de una forma limitada, de modo que se depuran aquellos trámites viciosos manteniendo lo demás, si resulta posible y en tanto la nulidad no arrastre por su relevancia o causalidad a todos los actos posteriores) o bien se resuelve la nulidad interesada de forma desestimatoria, con condena en costas al proponente y multa si el incidente se ha planteado con manifiesta temeridad.

En definitiva, la Ley ha dispuesto un instrumento para garantizar la regularidad de los trámites procesales en aquellos casos en los que su omisión o conculcación no puede reestablecerse de una forma normal, y con ello se contempla un incidente tan excepcional como las circunstancias que lo motivan, reservado a auténticas situaciones de atropello a los fundamentos que sustentan el Derecho Constitucional Procesal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONADOS