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El Impuesto sobre sucesiones en España

 

 

Desde hace unos meses a esta fecha, los medios de comunicación nos abordan con una ingente cantidad de noticias sobre el impuesto sobre sucesiones y las desdichas de su aplicación en el territorio español. Sin ir más lejos, la búsqueda de noticias en Google en el día de hoy me ha devuelto un total de 51.800 resultados, destacando entre ellas las publicadas hace apenas tres horas.

Todo este revuelo causa una desinformación tal que lleva a muchos a realizar actos en previsión de un ahorro fiscal que acaban siendo un quebradero de cabeza para sus herederos: cambios de residencia, ocultación de bienes, etc…

Por ello, es importante centrar la atención en el porqué de la existencia de este impuesto y cómo se propicia la diferencia de regulaciones existente en España dependiendo de la Comunidad Autónoma que conozca de la liquidación del impuesto.

Regulación estatal.

Comencemos por la Ley del Impuesto sobre sucesiones y donaciones: aprobada en 1987 la exposición de motivos de la norma expone que el impuesto contribuye a la redistribución de la riqueza, al detraerse en cada adquisición gratuita un porcentaje de la misma en favor del Tesoro Público; con esta finalidad, y siguiendo la pauta que marca el artículo 31 de la Constitución, se mantienen los dos principios de la ordenación del tributo; a saber, la cuantía de la adquisición patrimonial y el grado de parentesco entre transmitente y adquirente, si bien este último se combina para tener en cuenta el patrimonio preexistente del contribuyente, cuando su cuantía exceda de cincuenta millones de pesetas (actualmente 402.678,11€).

Así se intenta equiparar a dos sujetos, el que adquiere la propiedad de los bienes mediante el intercambio de su propio patrimonio y el que adquiere la propiedad mediante un acto gratuito, ya sea un acto inter vivos (donación) o mortis causa (sucesión o herencia), contribuyendo así a la redistribución de la riqueza a la que hace mención el impuesto.

El adquirente de los bienes mortis causa, en el caso en el que se cumplan los requisitos para su aplicación, disfruta, atendiendo a la normativa estatal, de varias reducciones, entre las que podemos distinguir las personales, en las que se tienen en cuenta las condiciones propias del adquirente: grado de parentesco con el finado,  patrimonio preexistente, etc.… y las reales, en las que se atiende al carácter de los bienes adquiridos: vivienda habitual del causante, participaciones en empresa familiar, etc.…

De acuerdo con esta normativa, una herencia en la que existen 3 herederos forzosos (descendientes, por haber premuerto el cónyuge) mayores de 21 años y en la que se incluyera la vivienda habitual del causante por valor de 360.000€, un turismo por valor de 15.000€ y una cuenta corriente con saldo de 20.000€, sin atender al ajuar doméstico, tributaría de la siguiente forma:

Debiendo, por lo tanto, ingresar en la hacienda pública un total de 130,80€ en concepto de pago de ISD.

Pero esta regulación ha quedado complementada por la establecida por cada Comunidad Autónoma, quedando relegada su aplicación a casos muy concretos de herencias de no residentes.

Regulación autonómica

Para gran parte de España, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común (LOFCA) delega las facultades de recaudación y gestión del ISD en las Comunidades Autónomas, estableciendo las bases del alcance de las competencias normativas en el ISD, pudiendo las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre:

  1. Reducciones de la base imponible: Mejorando las existentes en la normativa estatal o creando nuevas reducciones.
  2. Tarifa del impuesto.
  3. Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente.
  4. Deducciones y bonificaciones de la cuota.

Es aquí donde entra en juego la normativa aprobada por cada Comunidad, y donde surge la mal denominada competencia desleal entre Comunidades Autónomas, ya que, como es bien sabido, para el caso de herencias cuyos adquirentes son descendientes o cónyuge del causante, algunas comunidades establecen una bonificación a la cuota del impuesto del 99%, quedando así la cuota a abonar en algo irrisorio (Madrid) y otras mejoran la normativa estatal con límites por cuantía sobre su aplicación (Andalucía), existiendo por lo tanto una gran diferencia de tributación entre ambas comunidades autónomas.

Siguiendo con el ejemplo anterior en Andalucía la cuota por dicho impuesto sería 0€ y en Madrid ascendería a 1,27€.

De acuerdo con la regulación actual, en una herencia a la que son llamados tres descendientes, como la anterior, se comenzaría a pagar el ISD en Andalucía siempre que el causante dejara a su fallecimiento bienes por un valor total de 750.000,00€, dado que se existe una reducción de la base imponible de 250.000€ por heredero.

Así se constata como serán los grandes patrimonios los que pagarán ISD por adquisición de los bienes mortis causa en Andalucía dado que esta reducción de 250.000€ por heredero sería aplicable a la herencia de cada uno de los cónyuges, es decir, los cónyuges casados en gananciales con bienes comunes deberían tener  un patrimonio por valor superior a 1.500.000€ para que sus herederos comenzaran a pagar por el impuesto.

Conclusiones

Aun habiendo aclarado este punto, la desigualdad entre ciudadanos españoles por razón de su residenciase hace notable. ¿Por qué existen estas diferencias?

Dado que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto cuya recaudación se ha cedido a la Comunidad Autónoma ¿Qué se gana al minimizar la tributación por este impuesto? ¿No se perjudica así a las arcas públicas?

La respuesta hay que tomarla echando un vistazo al sistema impositivo español en su conjunto. En el mismo, existen más impuestos que, como el ISD, tienen delegada la facultad de recaudación en las Comunidades Autónomas. En este caso es la recaudación obtenida por el IRPF la que nos da la respuesta. Dado que parte de la recaudación del IRPF está cedida a las comunidades autónomas año tras año las comunidades donde la cuota por el ISD es mínima aumentan su población por lo que disfrutan de una mayor recaudación por el IRPF, contrarrestando la falta de ingresos por el ISD e incluso aumentando la recaudación por la gran afluencia de residentes.

¿Cuál pensáis que será el futuro para el ISD? ¿Desaparecerá de nuestro marco normativo? ¿Se establecerán unos mínimos equiparables para toda España?

Vía| Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades AutónomasLey 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Imagen| Google

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