Actualidad Jurídica, Jurídico 


El fundamento directivo público del Cuerpo Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid»

Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis se hará igual y posiblemente en vuestra contra. 

José Ortega y Gasset

 

Desde un punto de vista histórico, el Cuerpo Técnico de Administración Civil (conocido por su sigla T.A.C.) hizo su aparición en la Función Pública española en el contexto de Reforma Administrativa iniciada, a partir del año 1956, por Laureano López Rodó, primer titular de la Secretaría General Técnica (SGT) de la Presidencia del Gobierno, buscando dar nuevo enfoque a la organización y funcionamiento de una Administración que precisaba adecuarse a los nuevos retos y demandas sociales.

Dicho Cuerpo Técnico fue creado, entonces, en 1964, con el objetivo de responder a la necesidad de un cuerpo generalista, que proporcionase a la Administración una visión global de las más que distintas áreas de actividad que abarca la gestión del servicio público, frente a la visión segmentada que, hasta aquel momento, proporcionaban los cuerpos técnicos propios de los distintos Departamentos Ministeriales.

Además, se trataba de unificar la selección, formación e ingreso de los T.A.C. y de facilitar su movilidad y posible traslado de unos Ministerios a otros, movilidad que hasta entonces no existía. Esta reforma trataba también de fomentar la preocupación y la vocación por los intereses generales, por las exigencias del buen funcionamiento eficaz y eficiente de los servicios públicos y por la creación de un nivel superior técnico que garantizase una cierta uniformidad en toda la Administración, al servicio siempre de los más altos valores de lo público.

Resultaba, en definitiva, necesario incorporar un nuevo estilo de funcionarios de nivel superior con capacidad de análisis y comprensión de los fenómenos políticos, sociales y económicos, que pudiera realizar su trabajo más allá de la simple aplicación rutinaria de las leyes y reglamentos; pudiéndose, en consecuencia, contar con tecnócratas (en sentido estricto) al servicio del interés público, cualificados e idóneos, capaces de hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas, que favorecieran la progresiva mimesis de España al estado de desarrollo de los países del entorno europeo.

La Constitución de 1978 no altera la situación del Cuerpo Técnico de Administración Civil ni, en general, la de los funcionarios públicos, sino que ratifica su ‘régimen estatutario’ y su selección por mérito y capacidad. De hecho, los TAC adquirirán mayor extensión y relevancia en el conjunto de la Administración. La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, crea el ‘Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado’, en efecto, en que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Técnico de Información y Turismo y Técnico de la Administración Civil del Estado.

Se configuran así, los Administradores, como el grupo de funcionarios profesionales, seleccionados entre diversas titulaciones superiores universitarias, con una amplia formación, para ocupar y servir en la Administración los puestos de apoyo a la adopción de las decisiones económicas, normativas, presupuestarias y políticas, y a su implementación en beneficio de los intereses generales de la sociedad, convirtiéndose en servidores públicos que se hallan en disposición de garantizar al ciudadano una visión panorámica, probablemente la más completa de cuantos cuerpos integran nuestra Administración, que se extiende desde las relaciones internacionales hasta las materias financieras, culturales, sociales o medioambientales.

Las Comunidades Autónomas —que también son Estado, conforme señala el artículo 137 de la Constitución Española— han adoptado, por su parte, el modelo estatal en la estructuración de su función pública, habiéndose dotado también de cuerpos de funcionarios técnicos inspirados en los TAC, para desempeñar todo tipo de funciones administrativas de nivel superior, entre las que se encuentran las puramente directivas, pero también las de gestión, inspección, ejecución, control, estudio, informe, propuesta, elaboración normativa, asesoramiento de la política, planificación de políticas públicas, y otras similares.

Bajo tal mímesis, la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 39.1.a) que corresponde al Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General la realización de actividades administrativas de nivel superior y de carácter directivo, incluyendo las de inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento y otras similares. Este cuerpo, en la práctica, se encarga de la realización de actividades administrativas de nivel superior en cualquiera de las distintas Consejerías del Gobierno Regional de Madrid y, así como ocurre también con los miembros de otros Cuerpos, algunos TAG de la Comunidad de Madrid han asumido, por su alta formación y cualificación técnica, las más altas responsabilidades.

La estructura constitucional del Estado en Comunidades Autónomas ha supuesto, en fin, cierta dispersión territorial de los Cuerpos Técnicos en cada una de la Autonomías, si bien todos ellos han quedado sujetos a “las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios” (Artículo 149.1 17ª de la Constitución), lo que reconduce a una homogeneidad de todos los técnicos de las Administraciones Públicas en los fundamentos de su actuación, entre ellos, el servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley y al Derecho, la objetividad, profesionalidad e imparcialidad y la transparencia, responsabilidad y cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público (art. 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

Un cordial abrazo, apreciados compañeros Administradores.

 

Vía|Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 1/1986 de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid 

También en QAH| ¿Cuáles son los orígenes del estado legislador?

RELACIONADOS