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El fraude internacional: proyecto BEPS

El fenómeno de la globalización en el que nos encontramos inmersos, trae consigo importantes ventajas a nivel empresarial: desde la internacionalización de las compañías hasta el aumento de sus beneficios o la mejora de sus procesos. Sin embargo, existen casos en los que las sociedades aprovechan este fenómeno globalizador para beneficiarse de ciertas “lagunas” legales a nivel internacional. He aquí donde surge la problemática de las BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), término que hace referencia a la erosión de las bases imponibles y al traslado de los beneficios por parte de las sociedades.

La problemática es la siguiente:

Actualmente existen numerosas sociedades de carácter multinacional, las cuales realizan sus operaciones o actividades en una gran variedad de países por todo el planeta. Cada uno de estos países tiene su propia normativa fiscal por la que se tributa en el impuesto sobre sociedades y en cada uno de ellos la tributación varía en cuanto al tipo impositivo, de manera que existen países en los que se tributa a tipos más elevados y otros en los que se tributa a tipos más bajos o incluso países en los que la tributación es nula.MAPA

De esta forma, las empresas llevan a cabo agresivas estrategias fiscales, consistentes en trasladar los beneficios obtenidos en los países en los que la tributación es más elevada, reubicando estos beneficios en aquellos territorios cuya fiscalidad es más conveniente por ser más baja o por no tener que tributar, de manera que evitan la tributación en los lugares en los que efectivamente obtienen los beneficios en favor de aquellos lugares en los que existen tipos bajos. Estas prácticas y estrategias de carácter fiscal no tienen por qué ser ilegales, pero sí se realizan en fraude de ley, puesto que se produce un aprovechamiento de normas anticuadas y la falta de coordinación entre las distintas normativas estatales para eludir la tributación.

Ante esta situación surge el llamado proyecto BEPS, impulsado y elaborado por la OCDE, y que consiste en la elaboración de una serie de medidas o acciones para impedir que se desarrollen este tipo de prácticas entre las empresas. Las medidas desarrolladas en el proyecto consisten en:

  • Abordar los retos de la economía digital para la imposición, identificando las dificultades que plantea la economía digital en la aplicación de las actuales normas impositivas internacionales.
  • Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos, desarrollando recomendaciones y disposiciones convencionales para diseñar normas internas que eliminen dichos efectos (p. ej.: la doble exención, la doble deducción o el diferimiento a largo plazo).
  • Refuerzo de la normativa sobre la transparencia fiscal de las compañías foráneas controladas,  generando recomendaciones acerca del diseño de normas para estas compañías.
  • Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros, desarrollando recomendaciones sobre las mejores prácticas de diseño de normas para evitar la erosión de la base imponible por medio del empleo de deducciones por intereses.
  • Combatir las prácticas tributarias perniciosas, definiendo el criterio de “actividad sustancial” aplicable para determinar si un régimen fiscal es abusivo y mejorando la transparencia.
  • Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, incluyendo cambios en el Modelo de convenio de la OCDE para abordar la utilización indebida de convenios en situaciones de abuso.
  • Impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente, proponiendo modificaciones de la definición de establecimiento permanente recogida en el modelo de convenio OCDE con objeto de evitar el uso de mecanismos o estrategias como los contratos de comisión y estrategias análogas o la fragmentación de un negocio en pequeñas operaciones para poder utilizar las excepciones aplicables a actividades que tienen un carácter preparatorio o auxiliar.
  • Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la creación de valor, revisando las Directrices sobre Precios de transferencia para que cumplan con su objetivo de integración de las cadenas de valor de las empresas multinacionales y el cumplimiento de los precios de mercado por estas compañías y sus empresas de grupo.
  • Recopilación y análisis de información en BEPS, midiendo y estimando el alcance de BEPS, identificando y proporcionando recomendaciones para mejorar las mediciones de BEPS.
  • Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, incrementando la transparencia facilitando información a las autoridades fiscales, impidiendo la implementación de mecanismos potencialmente agresivos e identificando a los contribuyentes involucrados en mecanismos abusivos relacionados con BEPS.
  • Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia, mejorando y coordinando la documentación sobre precios de transferencia para aumentar la calidad de la información proporcionada a las administraciones tributarias y reducir los costes de cumplimiento para las empresas.
  • Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias, reforzando la eficacia y eficiencia del procedimiento amistoso de resolución de controversias relacionadas con los Convenios para evitar la Doble Imposición, además de adoptar acciones como la reforma legislativa a nivel nacional.
  • Desarrollo de un instrumento multilateral para modificar los tratados fiscales multilaterales, explorando la viabilidad técnica para crear un instrumento multilateral encaminado a instaurar las medidas de BEPS por medio de la modificación de los actuales convenios fiscales bilaterales.

Aunque aún quedan muchas preguntas por resolver en este asunto y muchas medidas por implementar, de una cosa estamos seguros: estamos ante el inicio de un cambio en el paradigma tributario internacional.

* Vía| OECD
* Más información| EY.
* Imagen| Dibujos Colorear

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