Jurídico 


El Fraude Fiscal

Se denomina defraudación tributaria (art. 305 del Código Penal) o, más comúnmente, fraude fiscal al fraude cometido contra la Hacienda Pública, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que hubieran debido ser retenidas o ingresos a cuenta, disfrutando indebidamente de devoluciones o beneficios fiscales. Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan por vía administrativa, sancionándose con multas, con base en el Reglamento del Régimen Sancionador Tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, establece ciertas modificaciones en el régimen actualmente vigente, como por ejemplo la exclusión del tipo penal de los supuestos de regularización o el establecimiento de un tipo agravado para los casos en que la cuota defraudada exceda de 600000 euros.Tax

En cualquier caso, y aunque el tema en cuestión es de candente actualidad (como consecuencia de los diversos casos de corrupción en partidos políticos y las 30 subidas de impuestos que el actual Gobierno ha aprobado), el presente artículo no pretende hacer un examen exhaustivo de la regulación vigente o de los diversos supuestos de fraude ante los que podamos encontrarnos. Más bien trataremos de analizar desde un punto de vista crítico la figura del fraude fiscal.

En primer lugar es necesario apuntar que la riqueza y la redistribución están relacionadas con la Hacienda Pública porque la primera permite financiar el Estado y porque la segunda se convierte en la gran justificación de la tributación: una mayor carga impositiva sobre “los ricos”, lo que conduce a su redistribución entre los más pobres. La denominada progresividad fiscal es una práctica universal y en algunos países, como España, está incluso incluida en la Constitución (art. 31 CE).

La fiscalidad es otra prueba de la dinámica propia del Estado. La mayoría de los ciudadanos preferiría pagar menos impuestos, pero, sin embargo, la presión fiscal no ha dejado de subir. El lema fiscal “que pague más quien más tiene” no es cierto, ya que la fiscalidad sobre el patrimonio es siempre inferior a la fiscalidad sobre la renta. Tampoco lo es “que pague más quien más gane”, que ocurre en la imposición general, ya que no toda es progresiva, ni tampoco en la imposición específica sobre la renta. En la fiscalidad proporcional ya paga más quien más gana: la progresividad no es que pague quien más gana, sino que pague en proporción mucho más.

Por eso, deberíamos preguntarnos no solo si el actual sistema tributario es justo, sino también si las medidas políticas propuestas a favor de una mayor redistribución de la riqueza entre los ciudadanos persiguen realmente este objetivo o no.

Vía| Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Derecho Financiero y Tributario, Parte General. J.I. Gorospe Oviedo.

Imagen| TAX

En QAH| Limitaciones pago en efectivo, Bárcenas y la amnistía

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