Jurídico 


El fenómeno de la litispendencia y prejudicialidad civil

La litispendencia, así como su prima hermana – “la prejudicialidad civil”- es una de las palabras más sonadas en los últimos meses en los juzgados que conocen de temas -sobre todo- bancarios. Pero antes sepamos qué es.
La litispendencia es una excepción procesal que puede alegarse en cualquier procedimiento judicial y consiste en poner de manifiesto hechos que están siendo objeto de seguimiento en otra jurisdicción y cuya resolución puede ser crucial para la segunda. En estos casos, al alegar esta excepción y ser aceptada por el magistrado, éste último archiva procedimiento hasta que se falle a favor del primero.

Su tipificación y regulación viene en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en el artículo 421, cuyo tenor dice así:
Cuando el tribunal aprecie la pendencia de otro juicio o la existencia de resolución firme sobre objeto idéntico conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 222, dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, auto de sobreseimiento.

Sin embargo, no se sobreseerá el proceso en el caso de que, conforme al apartado 4 del artículo 222, el efecto de una sentencia firme anterior haya de ser vinculante para el tribunal que está conociendo del proceso posterior.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la dificultad o complejidad de las cuestiones suscitadas sobre litispendencia o cosa juzgado lo aconsejen, podrá también resolver sobre dichas cuestiones mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, que proseguirá en todo caso para sus restantes finalidades. Si fuese necesario resolver sobre alguna cuestión de hecho, las actuaciones oportunas, que ordenará el tribunal, se practicarán dentro del plazo antedicho”

Justicia_9El objetivo de esta institución es, al fin, impedir la simultánea tramitación de dos procesos, en aras de evitar que puedan llegar a existir dos fallos judiciales contradictorios. La jurisprudencia ha sido la encargada de delimitar los requisitos que deben darse para que se de esta excepción. Así, según reiterada jurisprudencia- entre ella la Sentencia del Tribunal Supremo 142/2012- establece que son requisitos:
– 1º La identidad de partes o identidad subjetiva;
– 2º La identidad de objeto del proceso o identidad objetiva; y
– 3º La pendencia de auténticos procesos por lo que se requiere que se hayan interpuesto demandas que resulten admitidas, de acuerdo con el art. 410 LEC y que el primer procedimiento deba acabar con una sentencia que produzca los efectos de cosa juzgada; a continuación pasamos a estudiar, de forma pormenorizada, dichos requisitos:

Por otro lado, y de la mano, tenemos el concepto de prejudicialidad –civil en el caso de hoy, [pero a sabiendas de que existe también la penal y la procesal y las consecuencias son distintas] -.

Esta excepción viene regulada en el artículo 43 de la misma LEC, y dice así.
Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto Tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el Tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”

Para que pueda apreciarse la existencia de prejudicialidad es necesaria la existencia de un planteamiento que pueda incidir directamente en el subsiguiente proceso afectando a la decisión que pueda recaer en el mismo (STS de 15 de junio de 2011), es decir, no es necesaria la identidad de objeto de la que hemos hablado antes sino solamente que el resultado de un procedimiento afecte al procedimiento posterior.

La diferencia entre las dos figuras jurídicas radica en que mientras la litispendencia provoca el archivo del procedimiento y puede ser apreciada de oficio, la prejudicialidad produce la suspensión del procedimiento y solo puede adoptarse a petición de parte bajo el principio de justicia rogada (en este sentido las SSTS 1152/2007, de 7 noviembre, 47/2006, de 24 enero 266/2006, de 22 marzo, entre otras).

En la actualidad estos conceptos se encuentran entre los instrumentos punteros para intentar paralizar, suspender o sobreseer un procedimiento de demanda alegando la abusividad de cláusulas suelo alegando la litispendencia y/o prejudicialidad civil por existir una demanda en masa – la famosa demanda de ADICAE- interpuesta en el año 2010 contra más de un centenar de entidades financieras por la inclusión de las famosas cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios. Ante esto, si bien es cierto que algunos juzgados han emitido un Auto estimando esta pretensión, la mayoría de ellos alega el principio de cada consumidor y de su interés individual a ejercitar las acciones pertinentes, y no tener que esperar por un procedimiento que, si bien es verdad le puede favorecer, no menos cierto es que puede terminar en un resultado negativo.

 

Vía| Ausbanc, Noticias Jurídicas

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