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El estado de alarma y la crisis de los controladores aéreos

El pasado 4 de diciembre del año 2010 se publicaba en BOE (entrando en vigor en el mismo instante de su publicación), el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declaraba el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. La declaración del estado de alarma por el Consejo de Ministros fue el instrumento utilizado por el Gobierno español para hacer frente a la llamada crisis de los controladores aéreos, huelga encubierta de este colectivo, que provocó la paralización del espacio aéreo español. Fue la primera vez que esta medida se utilizó en la historia de nuestra democracia.

¿Qué es el estado de alarma?

El estado de alarma regulado en el artículo 116 de la CE, y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, es un instrumento extraordinario para hacer frente a situaciones extraordinarias que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes (art. 1.1 L.O. 4/1981). En el fondo, se trata de una habilitación legal a los poderes públicos de potestades extraordinarias ante circunstancias extraordinarias. De las tres medidas previstas en nuestro Derecho, el estado de alarma es la más liviana, hasta el punto de que, aunque sí incide sobre los derechos de los ciudadanos (arts. 11 y 12  L.O. 4/1981), no habilita a la suspensión de derechos fundamentales, a diferencia de los estados de excepción y de sitio (art. 55.1 CE).

El debate jurídico acerca de la declaración del estado de alarma

La medida aplicada el pasado año por el Gobierno español mediante el Real Decreto 1673/2010, suscitó en distintos foros el debate jurídico, que giró, entre otras, en torno a las siguientes cuestiones:

1ª) La posible ilegalidad de la declaración del estado de alarma por el Gobierno español, que hizo una interpretación extensiva de los supuestos habilitantes del art. 4 de la L.O. 4/1981, siendo así que las interpretaciones extensivas están proscritas en Derecho cuando se trata de aplicar medidas restrictivas y excepcionales.

El Gobierno español se amparó en el supuesto de la letra c), “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, en concurrencia con los de las letras a), “catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud” y d), “situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.

A este respecto, hay que decir que:

– No puede hablarse formalmente de la necesidad de garantizar los “servicios esenciales para la comunidad” ante el ejercicio del derecho de huelga en los términos del art. 28.2 CE, que constituye el presupuesto habilitante de la letra c) del art. 4 L.O. 4/1981, puesto que, formalmente, no se ejerció tal derecho. Si bien, de facto, es cierto que sí hubo ejercicio del derecho de huelga, ilegal, y necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad.

– El supuesto de la letra c) del art. 4 L.O. 4/1981 requiere como presupuesto habilitador la concurrencia de algunos de los otros supuestos del mismo artículo. La apreciación por el Gobierno de la concurrencia de los supuestos de las letras a) y d) es más que discutible. La expresión de la letra a), “tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”, impide considerar como “catástrofes, calamidades o desgracias públicas” a la paralización del servicio de transporte aéreo, como hace la Exposición de Motivos del Real Decreto 1673/2010. Por otra parte, tampoco está claro que este escenario llevara, en principio, a “situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”, en los términos de la letra d).

2ª) La necesaria observancia del principio de proporcionalidad, que, como principio general del Derecho, es de obligada exigencia y aplicación ante la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios y exorbitantes (art. 1.2 de la L.O. 4/1981). Esto exige una valoración acerca de si se ha usado la medida menos restrictiva, y si a este punto se ha llegado tras agotar antes otros instrumentos posibles y menos restrictivos. El Gobierno realiza esta valoración en la Exposición de Motivos del Real Decreto 1673/2010.

3ª) La militarización de los controladores aéreos.

La llamada militarización de los controladores aéreos consistió en poner, al amparo de los arts. 9.1 y 12.2 de la L.O. 4/1981, a los controladores aéreos civiles bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, como autoridad competente a la que, en este caso, por la declaración del estado de alarma, se otorgaban poderes extraordinarios.

Esto es distinto, aunque guarde conexión, a la sujeción de los controladores civiles a la jurisdicción y disciplina militar, lo que también se hace en el Real Decreto 1673/2010, amparándose en una compleja red de disposiciones legales sobre navegación y seguridad aérea, algunas preconstitucionales, que no podemos exponer en unas pocas líneas. La sujeción de personal civil a la jurisdicción y disciplina militar en la declaración del estado de alarma, resulta cuestionable si se contrasta con el art. 117.5 de la CE, que limita la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio. Ahora bien, la realidad es que los procesos judiciales abiertos contra los controladores han seguidos los cauces de la jurisdicción ordinaria, y las medidas disciplinarias adoptadas no han sido en ningún caso militares, quedando éstas en una simple amenaza.

Como conclusión, decir que la crisis de los controladores aéreos, ha evidenciado los problemas derivados de la ausencia de una regulación del derecho de huelga y los servicios mínimos en España, no habiéndose hasta ahora atrevido ninguno de los grandes partidos. Para atajar los graves abusos de los controladores, la única medida posible ha sido declarar el estado de alarma. La carencia de instrumentos adecuados, y la desproporcionalidad de la huelga salvaje de los controladores, explica que, pese al debate suscitado, esta medida fuera bien aceptada por todas las fuerzas políticas.

Vía| BOE

Más Información| Estado de alarma.

Imagen| ICEX

En QAH| Estado de alarma, excepción y sitio

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