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El embargo preventivo de buques: el régimen vigente desde 2012

El embargo preventivo de buques es una medida cautelar prevista en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), adoptada, como otras, a fin de garantizar la eficacia de una resolución judicial. Dicha medida no puede ser sustituida, aunque sí complementada, por la anotación registral del embargo conforme al artículo 629 LEC. Entendemos pues la enorme utilidad que tiene esta medida cautelar para un acreedor marítimo: son numerosos los perjuicios económicos que se derivan para el propietario de un buque cuando éste es retenido en un puerto (pérdida de fletes, abono de tarifas portuarias, pago de indemnizaciones por retraso, entre otros), y por ello normalmente suele prestar garantía suficiente para lograr liberar el buque y que éste continúe con su actividad.

Dicha medida no sólo se aplica a los buques españoles, sino que los Juzgados también pueden inmovilizar buques extranjeros, facilitando la reclamación de créditos marítimos internacionales. Si bien con anterioridad a la adopción del Real Decreto-Ley 12/2011 el embargo preventivo se regulaba de forma diferente según se recayera sobre un buque español por una reclamación realizada por un acreedor español ─en cuyo caso se aplicaban las disposiciones de la LEC (arts. 721 a 747)─ o por el contrario, existiese algún elemento objetivo o subjetivo internacional ─en este caso se aplicaba el Convenio  para la unificación de ciertas reglas sobre embargo preventivo de buques de Bruselas de 10 de mayo de 1952 (CEPB 52)─; actualmente existe un régimen unificado que es el recogido en el Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques de Ginebra de 12 de marzo de 1999 (CEPB 99). Así lo establece la nueva disposición final vigésima sexta de la LEC introducida por el Real Decreto-Ley 12/2011.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para el embargo? Han de concurrir los siguientes tres elementos:

(i)   Que el embargante alegue ser titular de un crédito marítimo.

Para saber qué es un crédito marítimo hemos de dirigirnos al artículo 1.1 CEPB 99, donde aparece una lista de los que se consideran como tales. Dicho listado es más extenso que el contenido en el anterior CEPB 52 y abarca prácticamente todos los posibles créditos que puedan derivarse de la navegación o explotación del buque. Sirva, a modo de ejemplo, el supuesto recogido en la letra h, el cual es bastante común: “Las pérdidas o los daños causados a las mercancías (incluidos los equipajes) transportadas a bordo del buque”.

También es importante señalar que al acreedor le basta la mera alegación de dicho crédito para lograr la inmovilización del buque, sin necesidad de realizar ninguna actividad probatoria sobre la existencia del mismo.

(ii)  Que el deudor sea propietario del buque a embargar o, en otro caso, el crédito marítimo alegado tenga el carácter de privilegiado.

El artículo 3 CEPB 99 establece cuáles son los buques que pueden ser objeto de embargo. Se establece como requisito que el buque sea propiedad del deudor en el momento de acordarse el embargo, habiéndolo sido también en el momento en que el crédito se originó. Sin embargo, también podría embargarse un buque cuando el crédito marítimo se basa en la hipoteca constituida sobre él, o si el crédito trae causa de una controversia en torno a la propiedad o posesión del buque, o, finalmente, si se trata de un crédito marítimo privilegiado ─se trata de la importante figura del Derecho marítimo anglosajón conocida como maritime lien.

(iii) Que el embargante preste fianza suficiente para cubrir los posibles daños y perjuicios derivados de la adopción de la medida cautelar.

La prestación de fianza tiene carácter potestativo de acuerdo con el artículo 6.1 CEPB 99. Sin embargo, la nueva disposición final vigésima sexta de la LEC establece que dicho requisito tiene carácter de necesario.

Por tanto, como hemos visto es bastante simple lograr la adopción de un embargo preventivo en aras de la facilitación del comercio internacional. De ahí tal vez, que el legislador español haya querido establecer cierto equilibrio requiriendo necesariamente la prestación de fianza.

Vía| Antonio Quirós de Sas, “El nuevo régimen del embargo preventivo de buques en el Derecho español” (Foro de Actualidad de Uría Menédez)

Imagen| Amarre

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