Jurídico 


El Derecho Sucesorio Europeo a partir del Reglamento 650/2012

Introducción.-

El Reglamento de sucesiones (Reglamento 650 / 2012, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo) se aplicará a la sucesión de las personas que fallezcan desde el 17 de agosto de 2015 (artículo 83) -hasta esta fecha, la ley aplicable venía determinada por el extenso y enrevesado o farragoso artículo 9.8 de nuestro Código Civil-. El Reglamento entró en vigor el 16 de agosto de 2012 y será aplicable a partir del 17 de agosto de 2015, con alguna excepción de anterior aplicación (arts. 77, 78, 79, 80 y 81).

El ámbito de aplicación del Reglamento es el referido a todos los aspectos de Derecho civil relativos a la sucesión por causa de muerte, por lo que abarcará cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya se derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato (sin haber dejado testamento el causante). Competencia, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones, los documentos públicos y las transacciones judiciales, así como sobre la creación de un certificado sucesorio europeo que deberá ser solicitado a instancia de parte interesada y que servirá de medio de prueba de lo que atestigua con validez y eficacia en otro Estado miembro.

Derecho ComunitarioEn su artículo 4 el Reglamento atribuye competencia general (tanto si es de jurisdicción voluntaria como contenciosa) a las autoridades del Estado donde el causante tuvo su última residencia habitual “Los tribunales del Estado miembro en que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión”. Eso sí, dejando la potestad al causante de designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento (art. 22). Esta competencia tiene alcance universal, esto es, alcanza todos los bienes, estén donde estén, y a todos los beneficiarios (herederos y legatarios) sea cual sea su nacionalidad o país de residencia, salvo en algunas situaciones puntuales. El criterio de la residencia habitual determina también la ley aplicable. La ley aplicable -artículos 20 y 21- a la totalidad de la sucesión será la del Estado en que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, aun cuando no sea la de un Estado miembro.

Determinación de la competencia y de la ley aplicable.-

Desde luego que en algunos supuestos determinar la residencia habitual del causante será ciertamente tarea ardua y compleja que deberán resolver los tribunales; puesto que el Reglamento nos deja abierta la puerta de la ambigüedad al establecer como excepción a la regla de la determinación de la residencia que si por motivos profesionales o económicos el causante hubiese trasladado su domicilio a otro país, pero hubiera seguido mantenido un vínculo estrecho y estable con el país de origen (familia, vida social), podría considerarse que el causante seguiría manteniendo su residencia habitual en su Estado de origen (art. 21.2).

La ley aplicable rige todo lo relativo a la sucesión, desde las causas, el momento y el lugar de apertura, determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones que hubiera podido imponerles el causante, la administración (facultades de los ejecutores testamentarios) hasta la transmisión definitiva de los bienes a los herederos o legatarios, la determinación de los beneficiarios y la cuota o derechos y cargas de cada uno, incluyendo los derechos del cónyuge supérstite, la capacidad para heredar, los efectos de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado, las desheredaciones, la transmisión de bienes, deberes y obligaciones, las limitaciones al poder de disposición de los bienes hereditarios, la colación de las donaciones, la responsabilidad y pago de las deudas o el régimen de las acciones revocatorias, y la partición de la herencia (art. 23).

Exclusiones.-

No se aplicará a cuestiones de índole fiscal ni administrativas de Derecho público; correspondiendo al Derecho nacional -de la nacionalidad del causante- determinar las modalidades de cálculo y pago de los tributos que deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios. Quedan también excluidos del ámbito de aplicación: a) el estado civil de las personas físicas, así como las relaciones familiares y la capacidad jurídica de las personas físicas; b) las cuestiones relativas a la desaparición, la ausencia o la presunción de muerte de una persona física; c) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como los regímenes patrimoniales de relaciones que tienen efectos similares al matrimonio, y las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su causa en la muerte; d) los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de la sucesión; e) las cuestiones que se rijan por la normativa aplicable a las sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, que especifican la suerte de las participaciones sociales a la muerte de sus miembros, así como las relativas a la disolución, extinción y fusión de las mismas; f) la creación, administración y disolución de trusts -el trust o fideicomiso es un contrato o acuerdo por el que se transfiere a un tercero una serie de bienes o derechos, para que los administre en beneficio de alguien-; y g) la naturaleza de los derechos reales, así como cualquier inscripción de los mismos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro y los efectos de aquella o su omisión en el mismo.

Reenvío.-

Para finalizar, hemos de indicar que el presente Reglamento 650/2012 no será aplicable en países de la UE que no se han adherido al mismo como lo son Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; pero no redunda en perjuicio de la aplicación de su contenido por lo que a sus ciudadanos respecta. Así, si un británico reside en España no habrá lugar al reenvío, aplicándose directamente el Derecho español; lo que no sucederá a la inversa, si un español residiera en Reino Unido, el Derecho inglés planteará el reenvío. Lo que, por otra parte, aportará de momento una cierta tranquilidad a aquellos descendientes de españoles mal avenidos con sus progenitores, ya de avanzada edad, si éstos residieran en el Reino Unido; así como a tentativas de fraude de ley para sustraerse de los derechos legitimarios (contenido cuantitativo y cualitativo de la legítima) de los denominados herederos forzosos, pues recordemos que en en Derecho anglosajón rige la libertad de testar.

 

Vía|F.J. Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado por la Universidad Autónoma de Madrid y Sara Sánchez, Profesora Honoraria de la Universidad Autónoma de Madrid, en Revista Española de Derecho Europeo núm. 48/2013 parte Estudios; Enrique Rubio Torrano, Catedrático de Derecho Civil, Abogado, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil núm. 1/2013. Ambas publicaciones de Editorial Aranzadi, Pamplona, 2013.

Más información|Reglamento (UE) No 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012.

Imagen| Silueta UE

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