Jurídico 


El Derecho de Manifestación

Últimamente salen a la luz en diversos medios de comunicación noticias sobre la limitación del derecho a manifestarse, y en ellas vemos  reuniones y manifestaciones  con el resultado de personas detenidas. Como consecuencia de ello, recientemente el Juez Pedraz de la Audiencia Nacional dictó auto y absolvió a los imputados. Tal decisión comportó críticas y comentarios sobre su dudosa profesionalidad, esa misma decisión fue aplaudida por la gran mayoría de españoles. Para entender un poco mejor estas situaciones, este artículo expone quien tiene derecho a la manifestación, como se puede ejercer, cuándo  pueden prohibirlo las autoridades y por último cómo  recurrir una prohibición si se considerara injusta.

El derecho a la reunión y manifestación pacífica y sin armas, es un derecho fundamental contemplado en el artículo 21 de la sección primera del capítulo segundo del título I  de la Constitución Española de 1978 y regulado posteriormente en 1983 por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Es un derecho inherente al ser humano, un derecho básico que el ordenamiento jurídico español asegura y debe asegurar a todas las personas. Así, los titulares del derecho previsto en el artículo 21 CE son todas las personas y también los extranjeros residentes, con independencia de su situación administrativa.

El derecho a  la reunión y manifestación no sólo está previsto en la Constitución española sino que también está contemplado en el artículo 20 de la Declaración universal de los derechos humanos,  en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos humanos.

En cuanto al ejercicio u organización del mencionado derecho,  cabe decir que no es necesaria una autorización previa de las autoridades para ejercer el derecho a la manifestación, ello no significa que las manifestaciones en lugares de tránsito público puedan realizarse sin más, ya que  deberá notificarse a las autoridades.

Los plazos de notificación a las autoridades son diez días naturales como mínimo, treinta días como máximo y veinticuatro horas si hay causa grave y justificada. De no hacerse según lo establecido, la manifestación será ilícita.  En cuanto al contenido de dicha notificación, deberá aportar los datos del organizador u organizadores; lugar, fecha, hora y duración prevista;  el objeto de la reunión o manifestación, el itinerario proyectado y las medidas de seguridad previstas por organizadores.

Cualesquiera que sea el acto que se vaya a realizar, ha de identificarse si es manifestación o no con el fin de comunicar la autorización mencionada, así se entiende por reunión, según lo previsto en el artículo 1 apartado segundo de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, “la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada”.

Hay exclusiones de reunión y manifestación que no deben ser autorizadas siempre que se realicen en lugares cerrados y no abiertos al público, que el objeto de la reunión sea para sus propios fines y se haya realizado mediante convocatoria exclusiva, como ejemplos; reuniones en domicilio, locales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, comunidades de propietarios, etc. También quedan excluidas las reuniones o manifestaciones en buques y recintos militares ya que están regulados por Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.

Por último la autoridad gubernativa podrá prohibir o modificar la reunión o manifestación mediante resolución motivada y notificada antes de las 72 horas del evento. Ello puede ocurrir si la reunión o manifestación es ilícita conforme a las leyes penales, si hay razones fundadas de alteración de orden público y/o si hay peligro para personas o bienes, si los asistentes hacen uso de uniformes paramilitares. Si los organizadores consideraran injustificada la resolución, podrán poner recurso especial contencioso-administrativo ante la audiencia competente en el plazo de 48 horas.

En síntesis, el derecho a la reunión y manifestación pacífica y sin armas no es baladí, hay una gran protección para que los ciudadanos puedan expresarse siempre que se cumpla de la forma prevista en las leyes, las autoridades no  podrán prohibirla sin más ni limitar el derecho.

Vía| Constitución Española, Ley Orgánica reguladora Derecho Reunión, Declaración Universal Derechos HumanosPacto internacional Derechos Civiles y Políticos, Convenio europeo de Derechos Humanos.

Más información| El juez Pedraz archiva el 25-S, Auto Juez Pedraz, Gallardón rechaza limitar el derecho de manifestación,

Imagen| Manifestación, Derecho

En QAH|Dimensión jurídica del 25SDerechos Fundamentales: Derecho de reunión.

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