Jurídico 


El derecho de huelga en la Constitución Española de 1978 (I)

El derecho a la huelga se reconoce en el art. 28.2 de la Constitución Española en los siguientes términos: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. En esta serie de artículos vamos a analizar la configuración de este derecho, centrándonos en tres cuestiones problemáticas: en esta primera entrega, la falta de regulación legal postconstitucional; en la segunda entrega, el significado de las palabras expresadas en la Constitución Española y la ubicación del derecho dentro de la misma.

El primer problema que nos encontramos  respecto a este precepto es que esa ley reguladora prevista por la Constitución no ha sido aprobada  (aunque sí que se aprobó por el Pleno del Congreso un Proyecto de Ley de Huelga en la reunión del día 18 de febrero de 1993, que acabó caducando). Ello origina que este derecho sea el único derecho fundamental que carece del desarrollo previsto para los derechos de su mismo rango, de ahí que siga siendo de aplicación el RDL 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, aunque bien es cierto que depurado y reinterpretado por la doctrina constitucional (por la STC 8 de abril de 1981 principalmente, pero también otras posteriores como la STC de 17 de julio de 1981, sobre huelga en servicios esenciales o la STC de 3 de febrero de 1983 sobre efectos de la huelga legal).

La Constitución Española reconoce en su art. 28.2 el derecho de huelga como un derecho fundamental.

Este desarrollo jurisprudencial viene impulsado por el hecho de que el RDL 17/1977 limitaba de una forma bastante estricta el derecho de huelga y estos límites, tras la promulgación de la Constitución, resultaron sospechosos de inconstitucionalidad. A pesar de ello la ya mencionada STC 11/1981 deroga unos pocos preceptos y lo que hace, principalmente, es indicar cómo debe interpretarse el contenido que sigue vigente. En esta sentencia el Tribunal Constitucional pecó de excesiva prudencia, lo cual tiene su lógica al reparar en el hecho de que si hubiera derogado la mayoría o la totalidad del RDL se hubiera creado una situación de vacío legal dejando sin contenido un derecho fundamental, algo inaceptable en un Estado social. A pesar de todo ello, la mencionada STC 11/1981 tiene una gran relevancia ya que, entre otras cosas, delimita el contenido esencial del derecho de huelga afirmando que consiste en una cesación del trabajo, en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que puede revestir y que es un derecho de los trabajadores suspender el contrato de trabajo para limitar la libertad del empresario.

En resumen, la situación normativa actual de este derecho es la siguiente:

  1. El art.28 .2 de la Constitución reconoce el derecho y prevé una ley orgánica de desarrollo constitucional.
  2. Esta ley no ha aparecido hasta la fecha.
  3. Existe una normativa preconstitucional (el RDL 17/1977) valorada y depurada constitucionalmente por la STC de 8 de abril de 1981 y por otras SSTC posteriores.
En la próxima entrega de esta serie analizaremos otros dos aspectos importantes: el significado y la ubicación de este derecho fundamental.

Vía| Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Imagen| HuelgaCGT

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