Jurídico 


El Derecho comunitario y las recientes excarcelaciones de etarras

350px-TRIBUNAL_SUPREMO_DE_ESPAÑAA principios de este mes, algunos de nosotros se sobresaltaba al leer en la prensa que determinados etarras eran liberados antes de cumplir todas las condenas que, de acuerdo con nuestras leyes, les correspondían de manera efectiva. Estas excarcelaciones se llevaron a cabo por la Audiencia Nacional, y a muchos volvió el infausto recuerdo de la malograda “doctrina Parot”.

Se abrió un cierto debate en lo sociedad española que, no obstante, unas semanas después ya ha sido olvidado. Lo cierto es que volvió a ser una disposición de Derecho internacional la que propició la decisión de excarcelación a la que llegaron los Magistrados de la Audiencia Nacional.

En efecto, la salida de los etarras condenados se realiza en aplicación de una Decisión Marco de la Unión Europea, vinculante para España: la Decisión marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa, entre otros aspectos, a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal. En el caso de los excarcelados reciente, para el cómputo del tiempo efectivo de la condena impuesta en España se les ha contado también el cumplido en otros países.

Se trata de una Decisión marco, desde luego, bastante vaga y que no especifica demasiadas cuestiones de importancia, algo de que no debería adolecer una norma de dicho rango. Ahora bien ¿es de cumplimiento obligatorio? Es evidente que sí, pues si no, no es norma. En esto han errado varios medios de comunicación. Lo que sí es cierto es que la decisión es recurrible, y no solo en cuanto a resolución judicial como tal, sino porque de la Decisión aludida, desde luego, este servidor no atisba que se deba llegar a dicha resolución.

Precisamente, el pasado martes la Sala Segunda del Tribunal Supremo convocó un Pleno para estudiar la dicha acumulación de condenas por las penas cumplidas en Francia, de un preso de la banda ETA. El resultado será importante por la sencilla razón de que la decisión que se adopte puede afectar a otros miembros de la banda terrorista que hayan cumplido parte de su condena en otros países y de los que cabe esperar recursos en el futuro. La decisión, igualmente, puede influir en la respuesta que el Tribunal Supremo dé al recurso que la Fiscalía ha anunciado interponer contra las excarcelaciones aludidas.

En el plano estrictamente jurídico, la decisión a adoptar no será fácil, pero tampoco requerirá una enjundia extraordinaria –como algunos creerán–. La Decisión, repito, es ambigua, y no implica la solución adoptada por la Audiencia Nacional. Así, en la misma puede leerse que “Sería conveniente establecer el principio en virtud del cual todo Estado miembro ha de atribuir a una condena pronunciada en otro Estado miembro efectos equivalentes a los atribuidos a las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al Derecho nacional”, y que “la presente Decisión marco no pretende armonizar las consecuencias que las diferentes legislaciones nacionales reconocen a la existencia de condenas anteriores”.

Normas como ésta, y cuya aplicación crean estas discrepancias, sociales, judiciales, etc, no son las que precisamente se necesitan para armonizar o crear un Derecho procesal o penal europeos. Muy al contrario. Esta norma, en caso de que llegue a transponerse en nuestro Ordenamiento por venir revestida, por ejemplo, con forma de Directiva, reflejará que no es norma, pues carecerá de ese hálito de Justicia que toda norma debe tener. Si la norma no distingue entre delitos y delitos, y condenados y condenados, es una norma que, bajo mi punto de vista, tan solo lo podrá ser desde un punto de vista formal, esto es, como disposición emanada de un poder legitimado, pero nunca material. Pero no será una norma que reúna los caracteres y el espíritu necesario para convertirse en un instrumento de convivencia.

Con todo, hay unas dudas que, más allá de lo estrictamente jurídico me asaltan, ¿conocen las normas emanadas de los organismos internacionales la realidad española? o, peor aún, ¿conocen ciertos jueces la realidad española? El Derecho, para ser eso, Derecho, debe conocer la realidad.

/ HÖPFEL, F., Nuevas formas de cooperación internacional en materia penal, en BACIGALUPO ZAPATER, E., (Dir.), El Derecho penal internacional, Cuadernos de Derecho Judicial, VII-2001, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001; ISAAC, G., Manual de Derecho comunitario general, 5ª ed., Ariel, Barcelona, 2000.

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