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El derecho a la tutela judicial efectiva

Dentro del catálogo de Derechos Fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución Española nos encontramos en el artículo 24.1, con el derecho a la tutela judicial efectiva que debería ser tatuado o grabado a fuego en la mente de todos los estudiantes de Derecho desde el primer día que ponen un pie en la facultad. Es un derecho que no goza de los focos y atención que tienen otros, pero que es fundamental para el mantenimiento de nuestro orden constitucional.

El artículo 24 de la Constitución establece lo siguiente:

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española 1978Antes de entrar en el análisis de su contenido, cabe hacer referencia a una discusión doctrinal tradicional. Algunos sectores doctrinales consideraban que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede considerarse como un Derecho Fundamental más, sino que es un derecho instrumental, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva es el instrumento que la Constitución pone a nuestra disposición para alcanzar la satisfacción del resto de Derechos Fundamentales. Sin embargo, esta postura doctrinal fue contestada alegando que el derecho a la tutela judicial efectiva es un Derecho Fundamental más, con el mismo rango que el resto y al que, evidentemente, deben aplicarse las garantías de protección que para los Derechos Fundamentales recoge el artículo 53 de la Constitución:

  1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
  2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
  3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Una vez aclarada la naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva, podemos analizar el contenido del artículo 24 de la Constitución. Este artículo se divide en dos partes, en el número uno, recoge el derecho a la tutela judicial efectiva en sentido estricto. Por otro lado, el número 2, enumera las garantías esenciales que deben darse dentro de cualquier proceso judicial.

En este artículo, vamos a analizar únicamente el contenido del artículo 24.1 CE para aburrir lo menos posible al lector y porque las garantías esenciales del proceso merecen un estudio separado.

El Tribunal Constitucional en numerosas sentencias (19/1983, 53/1983, 99/1985, 164/1990, etc.) reconoce la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva a tanto a españoles como a extranjeros, así como a personas físicas y jurídicas.

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1984, el artículo 24.1, reconoce, en primer lugar un derecho de acceso libre a la jurisdicción, es decir, no pueden ponerse trabas por parte del legislador al acceso a la jurisdicción de los ciudadanos.

En virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, todos tenemos derecho a que el proceso judicial iniciado termine con una resolución motivada sobre el fondo de la pretensión planteada, de este modo, se garantiza la posibilidad de control por tribunales de instancias superiores, se logra la convicción de las partes acerca de la justicia del proceso y se consigue mostrar públicamente el esfuerzo realizado por el órgano judicial para garantizar una decisión carente de arbitrariedades.

Derecho a la tutela judicial efectivaPor supuesto, siempre que la ley establezca la posibilidad de recurrir contra las decisiones emanadas de los órganos judiciales, el ciudadano debe tener libertad de ejercitarlos a su conveniencia. Derecho que va íntimamente unido a la cuarta de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva que consiste en el derecho a obtener la ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales ejecutivas, de manera que las decisiones judiciales no sean meros códigos de conducta, sino instrumentos para garantizar los derechos de los justiciables.

Por último, el derecho a la tutela judicial efectiva implica la prohibición de la indefensión, lo que obliga a los tribunales a aplicar las normas de manera que se favorezca siempre el respeto, precisamente al derecho a la tutela judicial efectiva.

Una vez que conocemos el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva podemos plantearnos si determinadas reformas legislativas atentan contra el mismo o lo refuerzan. ¿Supone el establecimiento de tasas judiciales un obstáculo al libre acceso a la jurisdicción? ¿Son los jueces lo suficientemente independientes como para preservar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos? ¿la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita constituye una amenaza contra el derecho a la tutela judicial efectiva?

 

Más información| Constitución Española, sinopsis artículo 24 CE

Imágenes| Constitución Española, justicia

 

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