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El delito flagrante y la “Ley de la patada en la puerta”

El delito flagrante se define en el artículo 795.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto”.

Este concepto, aparentemente fácil de entender, ha originado conflictos en su interpretación llegando a provocar una declaración de inconstitucionalidad del artículo 21.2 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992 (LO 1/1992) por parte del Tribunal Constitucional en la STC 341/1993, de 18 de Noviembre.

El ya declarado nulo artículo 21.2 del texto legal citado, conocido por la doctrina como la “Ley de la patada en la puerta”, decía lo siguiente: “será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito.”

El propio artículo 18.2 de la Constitución Española que contiene el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio expresa que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

El posible choque hermenéutico existente entre ambos preceptos dio lugar a la declaración de inconstitucionalidad del primero en la STC 341/1993, de la que podemos extraer los siguientes argumentos del Tribunal:

1. El legislador habría procedido a una reinterpretación del concepto de “flagrante delito” que aparece en el art. 18.2 de la Constitución, lo cual supondría una extralimitación o ultra vires del legislador y habría conducido, además, a la desnaturalización y ampliación de aquel concepto constitucional, con la consiguiente vulneración del contenido esencial del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

2. Las expresiones legales “conocimiento fundado” que “lleve a la constancia” desbordarían y desfigurarían el concepto constitucional de flagrancia que, según su conformación histórica, doctrinal y jurisprudencial, no sería reconocible sino cuando se diera la percepción directa o sensorial de la comisión del delito.

3. Se define flagrancia como situación fáctica en la que el delincuente es “sorprendido” en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito.

4. Es en esa situación fáctica en la que queda excusada la autorización judicial, precisamente porque la comisión del delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable una inmediata intervención. Mediante la noción de “flagrante delito” la Constitución no ha apoderado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que sustituyan con la suya propia la valoración judicial a fin de acordar la entrada en domicilio, sino que ha considerado una hipótesis excepcional en la que, por las circunstancias en las que se muestra el delito, se justifica la inmediata intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

5. La eficacia en la persecución del delito, cuya legitimidad es incuestionable, no puede imponerse a costa de los derechos y libertades fundamentales.

En base a todos estos argumentos el Tribunal declara nulo por inconstitucional el precepto cuestionado.

Actualmente, existen una serie de casos en los que la concurrencia de este supuesto (existencia de delito flagrante) habilita a la policía, la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, e, incluso, a los particulares a realizar actuaciones sin atender a los requisitos que se exigirían en otros casos, lo cual parece lógico por tratarse de medidas que deben ser adoptadas con carácter de urgencia.

Entre otras, podemos hablar de las siguientes:

– Posibilidad de entrada en domicilio ajeno por parte de la policía y de los particulares sin autorización judicial, lo que constituye una excepción a la protección de un derecho fundamental como el de la inviolabilidad del domicilio recogido en el artículo 18 CE.

– Posibilidad de detención por parte de la policía, el órgano judicial, los particulares y el Ministerio Fiscal, cuya regulación se encuentra en los artículos 490 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por último, me parece interesante hacer un inciso con el que quizá debíamos haber comenzado, y es que “flagrante” viene del verbo latino “flagrare” que significa “quemar, resplandecer”, lo cual, en mi opinión, apoya una interpretación restrictiva del concepto de delito flagrante pudiendo considerarlo así sólo cuando éste resulte evidente.

Vía| LECrim, LO 1/1992, STC 341/1993

Imagen| redada

Sonia González Uceda Escrito por el ene 5 2012. Archivado bajo Derecho Público, Jurídico.





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Sonia González Uceda

Sonia González Uceda
Estudiante de sexto de la Licenciatura Conjunta en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) Ver perfil completo
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