Jurídico 


El delito de impago de la pensión de alimentos (III)

III. Preguntas frecuentes que nos podemos plantear (I).

Una vez que hemos estudiado los elementos que componen el delito de impago de la pensión de alimentos, vamos a plantearnos dudas frecuentes que han sido convenientemente resueltas por la jurisprudencia.

1ª. Una vez condenado, ¿cabe la posibilidad de volver a ser enjuiciado por el delito de impago? La respuesta debe ser positiva. Esta figura delictiva del delito de impago de pensiones del 227.1.º CP, siendo una modalidad del tipo básico del art. 226 CP (que sí es un delito permanente), se considera por la doctrina y jurisprudencia como un delito de tracto sucesivo. En tanto en cuanto su comisión exige una pluralidad de omisiones, y que no es sino consecuencia del incumplimiento de una obligación de tracto sucesivo, cual es la de girar, con la periocidad y en los tiempos marcados, los pagos correspondientes. Al no caber en la modalidad del delito continuado de cometerse otro delito se debería instar nueva acusación iniciándose otro proceso judicial, excluyéndose la existencia de cosa juzgada por haber existido anterior sentencia de condena firme. En otras palabras, siempre que la primera condena devenga firme, si existiera posterior impago en otros períodos de tiempo idénticos a los contemplados en la norma, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, podrá el afectado denunciar nuevamente. En este sentido, y entre otras muchas, SAP Barcelona 10-1-2005 [JUR 55494] y SAP Las Palmas 29-3-2007 [JUR 147908].

deuda alimentos2ª. ¿Cabe la posibilidad de compensación con la liquidación del régimen económico matrimonial? La respuesta debe ser negativa. La compensación como modo de extinción de las obligaciones requiere, según establece el artículo 1196 del Código civil, entre otros requisitos, que las deudas sean vencidas, líquidas y exigibles. Imaginemos que el cónyuge obligado al pago ostenta a su favor un derecho de crédito frente al cónyuge perceptor de la pensión por deudas por otros conceptos y pretende su compensación a través de la liquidación de la sociedad conyugal. Aun admitiendo la compensación como modo de extinción de la obligación del pago de las prestaciones económicas establecidas judicialmente en caso de separación o divorcio, dicha extinción no puede producirse cuando se pretende realizar con supuestas deudas que no son líquidas, vencidas ni exigibles, como sucede con las derivadas de un régimen económico matrimonial que se encuentra pendiente de liquidación. Destacar, en este sentido, SSTS del 28-7-1999 [RJ 6663] y de 3-4-2001 [RJ 2113].

3ª. ¿Es extensible esta figura delictiva de impago de pensiones a otro tipo de obligaciones fijadas judicialmente? La respuesta debe ser negativa. Las cuotas del préstamo hipotecario de la vivienda ganancial, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los gastos de la Comunidad de Propietarios, todos ellos referidos a la vivienda ganancial, no pueden ser incluidos en el concepto de prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos, pues ese deber de procurar habitación y alimentos y esa necesidad de percibirlos quedan cubiertos con las pensiones que se señalen. Ello sin perjuicio de que dichas cantidades no satisfechas puedan ser reclamadas en vía civil. Entre otros muchos, podemos destacar los Autos AAP Valladolid 13-7-2007 y AAP Zamora 1-9-2006.

4ª. Una vez que la persona agraviada ha denunciado los hechos, ¿cabe la posibilidad de posterior renuncia expresa del perjudicado al ejercicio de la acción penal? La respuesta debe ser negativa. Estamos ante un delito de los denominados semipúblicos, esto significa que el perjudicado únicamente tiene la disponibilidad de la acción penal en un primer momento para decidir sobre el inicio del proceso penal mediante la formulación o no de la correspondiente denuncia que opera así como condición objetiva de perseguibilidad o procedibilidad pero una vez iniciado el proceso a su instancia, la acción penal es pública y, por tanto, el perjudicado carece de disponibilidad sobre ella, la cual podrá ser ejercitada por el Ministerio Fiscal aunque el perjudicado renuncie a su ejercicio, de ahí que el perdón del ofendido, a diferencia de lo que ocurre con los delitos privados, no esté previsto como causa de extinción de la responsabilidad criminal para el delito contemplado en el art. 227 CP. Por lo tanto, siendo necesaria (art. 228 CP) la denuncia de la persona agraviada (o, en su caso, de su representante legal), cuando se trata de delitos semipúblicos, y una vez que se ha interpuesto la denuncia por el agraviado, podríamos decir que se convierte en delito público, en el sentido de que, respecto al Ministerio Fiscal, se modifica su situación procesal de subordinada a principal, estando éste, por ende, legitimado para ejercer la acción penal. Podemos destacar, entre otras muchas sentencias, SAP Córdoba 24-3-2003 [ARP 418] y SAP Madrid 21-10-2005 [ARP 147].

 

Vía| Código Penal, Concordancias, comentarios y jurisprudencia, varios autores, 14ª edición, 2014, editorial Colex; Comentarios al Código Penal, Tomos I y II, editorial Aranzadi, autores Gonzalo Quintero Olivares, Fermín Morales Prats, 6ª edición, 2011; Comentario al Código Penal, autor Carlos Vázquez Iruzubieta, editorial La Ley, 2010; Código Penal Comentado, autores Conde-Pumpido Ferreiro, Díaz Martínez, P, editorial Bosch, 3ª edición, 2011.

Imagen| Pyxabay

En QAH| El delito de impago de la pensión de alimentos (I)El delito de impago de la pensión de alimentos (II)

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