Derecho Penal, Jurídico 


El delito de impago de la pensión de alimentos (II)

En la entrega anterior hicimos un repaso por la configuración jurisprudencial del delito de impago de pensión de alimentos y en esta segunda entrega nos vamos a centrar en los principios generales del derecho que sirven para su análisis.

II. Principios para su análisis.

Relaciones familiaresa) Principio de presunción de inocencia (art. 24.1 CE). La prisión por deudas se encuentra expresamente prohibida por el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19-12-66, que dispone, volvemos a reiterar, que “nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”, precepto que se integra en nuestro Ordenamiento Jurídico conforme a lo dispuesto en los arts. 10.2 y 96.1 CE. Esta norma obliga a excluir de la sanción penal aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento (“no poder cumplir”), solución a la que ha de llegarse igualmente desde la perspectiva de la cláusula general de salvaguardia propia de los comportamientos omisivos, conforme a la cual el delito únicamente se comete cuando se omite la conducta debida pudiendo hacerla (STS 13-02-01). Por lo tanto, el hecho de dejar de pagar es delictivo cuando el cónyuge acusado tiene la posibilidad real de pagar, o sea, cuando puede hacerlo, en evitación a cualquier idea próxima a la prisión por deudas. Lo que se pena no es el “no poder cumplir”, sino el “no querer cumplir” (STS 1148/99, 28-7).

b) Principios de intervención mínima y de legalidad. El precepto que nos ocupa debe ser analizado desde la perspectiva de los principios de intervención mínima y de que el Derecho Penal es la ultima ratio para solucionar los problemas, dado que en principio han de ser otros sectores del ordenamiento jurídico los que entren en acción para dar respuesta a los conflictos que surjan, en este caso, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones de carácter civil impuestas en un proceso matrimonial, de alimentos o de filiación. El mero impago, sin más, no debe generar por si solo el delito de abandono de familia, pues ello entraría en colisión con el principio de legalidad que surge de los arts. 5 y 10 del CP. En este sentido, la SAP Madrid 20-11-2007 [ARP 730] se pronuncia en que el artículo 227.1.º CP “se trata de una norma cuya constitucionalidad se discute por un sector importante de la doctrina, ante la posibilidad de una implantación soterrada en nuestro ordenamiento de un supuesto de prisión por deudas, circunstancia que generaría una flagrante vulneración de los principios fundamentales del derecho penal e iría en contra de algunos tratados internacionales con fuerza normativa en el derecho interno (art. 11 del PIDCPNY, 1966)”. Por consiguiente, sigue diciendo la sentencia, “debe excluirse una interpretación automática de la norma, que olvidándose de la lesividad del bien jurídico tutelado, atienda únicamente al dato formal del incumplimiento del abono de la pensión por los períodos que señala el precepto. Y ello porque una interpretación de esta índole conculcaría los principios de protección exclusiva de bienes jurídicos, de intervención mínima (subsidiaria y fragmentaria) del derecho penal, y de proporcionalidad, principios que son tenidos como primordiales e inexcusables en el ámbito penal de un Estado social y democrático de derecho. De seguirse, pues, un criterio hermenéutico lógico-formal se acabaría sancionando penalmente conductas de mero incumplimiento de obligaciones civiles sin constatarse que detrás de ellas hubiera otros bienes o intereses dignos de ser tutelados por la norma penal. Con lo cual, se derivaría en la privación por vía punitiva de bienes esenciales, como la libertad, sin que la sanción obedeciera al menoscabo de otro bien jurídico que la justificara”.

Derecho de Familiac) Cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos. El delito del art. 227.1 CP está constituido por omisión por incumplimiento de deberes de contenido económico-patrimonial, acordados por convenio o resolución judicial, relativos al matrimonio o filiación. Ahora bien, el mero incumplimiento de conformidad con los períodos establecidos por el meritado precepto penal no permite aplicarlo, pues ello constituirá sólo el presupuesto del delito, que deberá completarse con la puesta en peligro significativo de bienes esenciales del hijo (criterio teleológico), a través de comportamiento que quepa equiparar con el abandono (criterio sistemático), a los efectos de dotar de ofensividad suficiente para constituir una infracción penal. Criterio que se ve reforzado, a mayor abundamiento, por el hecho de que la pena prevista para el supuesto de incumplimiento de los deberes legales de asistencia (art. 226.1 CP) es la misma que la prevista en el delito de impago de pensión alimenticia. En la misma medida cabe recordar que como consecuencia de la cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, según la cual solo comete un delito de dicha estructura quien omite la conducta debida pudiendo hacerlo, quien carece efectivamente de medios para hacer frente a la resolución judicial que acuerda una prestación económica en caso de separación, nulidad o divorcio, no comete el presente delito (por todas, SAP Barcelona 24 de enero de 2002 [JUR 2002, 98041]). En este sentido, la capacidad económica del acusado para cumplir la prestación es un requisito necesario para poder apreciar el delito tipificado en el art. 227 del Código Penal, requisito éste que, aun cuando no aparezca expresamente en el precepto, forma parte, a nuestro parecer, de las exigencias del principio de culpabilidad desde el punto de vista de la no exigibilidad de otra conducta. Sólo actúa con la intención de incumplir lo resuelto y de inatender a sus obligaciones aquél que disfruta de la opción entre cumplirlas y no cumplirlas. Sólo omite de manera relevante penalmente el comportamiento al que viene obligado aquél que dispone de la capacidad de acción.

 

Vía| Código Penal, Concordancias, comentarios y jurisprudencia, varios autores, 14ª edición, 2014, editorial Colex; Comentarios al Código Penal, Tomos I y II, editorial Aranzadi, autores Gonzalo Quintero Olivares, Fermín Morales Prats, 6ª edición, 2011; Comentario al Código Penal, autor Carlos Vázquez Iruzubieta, editorial La Ley, 2010; Código Penal Comentado, autores Conde-Pumpido Ferreiro, Díaz Martínez, P, editorial Bosch, 3ª edición, 2011.

Imágenes| Familia, Derecho de Familia

En QAH| El delito de impago de la pensión de alimentos (I)

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