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El delito de financiación ilegal en el nuevo Código Penal

financiarCon la entrada en vigor de la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular se ha tipificado como delito la conducta que durante los últimos meses ha copado portadas de diarios nacionales prácticamente a diario: la financiación ilegal de partidos políticos. A continuación, intentaremos analizar de manera más o menos pormenorizada las bases de la nueva regulación.

Concretamente, dicha modificación se contempla en el Título XIII bis del nuevo Código, de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, que se divide a su vez en dos artículos (304 bis y 304 ter). En primer lugar, es importante destacar que el nuevo texto ha considerado conveniente contemplar una modalidad activa y pasiva del delito (tal y como ocurre con el cohecho), contemplándose la modalidad activa en el art. 304.bis.4. Dicha codificación resulta de todo punto conveniente de cara a la función ejemplificadora y coercitiva de conductas de la propia ley (todo ello basado en la idea de “no sólo no puedes ser financiado ilegalmente, si no que no puedes financiar”), así como desde la protección de valores constitucionales y derechos fundamentales como los protegidos por el art. 14 (igualdad) o el art. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) (¿qué ocurriría si el partido que ha sido financiado ilegalmente por un particular ocupase una administración?, ¿existe o no riesgo de arbitrariedad en la actuaciones?). El último apartado del art. 304.bis, por su parte, combina la modalidad delictiva con la posibilidad de realización por parte de personas jurídicas que ya venía recogida, a su vez, por el art. 31 bis del Código (apartado muy importante de cara a poder imputar los delitos a empresas o grupos empresariales, por ejemplo).

Pasando a analizar con mayor profundidad la nueva regulación, podemos comenzar analizando lo dispuesto por el art. 304.bis. En su punto primero, dicho artículo contempla la modalidad básica del delito , que castiga con pena de multa “la recepción de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores”, siendo ésta una modalidad pasiva. Como podemos observar, el Código decide “no pillarse los dedos”, recogiendo un amplio abanico de tipos de formación, todo ello con el objetivo de impedir que determinadas agrupaciones escapen a la punición de la ley apoyadas en la estricta aplicación que el principio de legalidad (literalidad) tiene en el Derecho Penal.

A continuación, el apartado 2 del art. 304.bis contempla una modalidad agravada del anterior, castigada con prisión de 6 meses a 4 años. Nos podemos encontrar ante dicha situación en dos supuestos concretos, que nos remiten directamente a la Ley Orgánica 8/2007, sobre la financiación de partidos políticos, concretamente a sus artículos 5 y 7.  El primero de estos supuestos hace referencia a las donaciones recogidas en los artículos 5.1.a y 5.1.c de la ley de financiación cuando superen el importe de 500000 € (dichos artículos se refieren a donaciones anónimas, finalistas o revocables y donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica) y las que superen en esta cifra el limite fijado en el art.5.1.b de la ley de financiación (relativo a donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50000 €). El segundo de los supuestos del apartado 2 del art. 304.bis se refiere a donaciones del art. 7.2 de la ley orgánica 8/2007 que superen los 100000 € (financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas publicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos). Se busca, por tanto, que tanto la financiación procedente del ámbito nacional como la procedente del extranjero queden contempladas dentro del supuesto de hecho de la nueva normativa (incluyendo la posibilidad de financiación por parte de gobiernos extranjeros).

Por último, el apartado 3 del art. 304.bis contempla una modalidad que podríamos considerar “superagravada”, que determina que las penas anteriores se impondrán en su mitad superior en el caso de que los hechos revistan especial gravedad (que se considera especial gravedad deberá determinarse por la progresiva jurisprudencia que a partir de este momento comenzarán a producir nuestros tribunales), pudiendo llegar a la pena superior en grado.

El art. 304. ter, por su parte, comienza castigando con la pena de prisión de uno a cinco años la participación en organizaciones u estructuras cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos al margen de los establecido en la ley. No se habla en ningún caso de una participación necesaria, sino de una mera realización de actividades integradas en la organización. Para solucionar este posible vacío en relación a las figuras preeminentes de la estructura, el apartado siguiente impone la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones. Por último, el apartado 3 del artículo es similar al del artículo anterior, agravando la pena (llegando a la superior en grado) en base a la gravedad de los hechos.

Como por todos es sabido, la regulación de este tipo de delitos era profundamente necesaria en un momento como el actual, en el que varios partidos políticos del espectro nacional se han visto salpicados por casos de este tipo. No obstante, no debemos olvidar lo dispuesto por el art. 9.3 de la CE, en base al cual se establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos individuales. Esto implica que será a partir de este momento cuando este tipo de conductas podrán ser consideradas delitos, mientras que otras (pongamos como ejemplo todo lo relacionado con el caso Bárcenas y caja B del PP) sucedidas con anterioridad, en base a la estricta legalidad, no podrán ser imputadas como tales.

Vía| Código Penal

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