Derecho Penal, Jurídico 


El delito de estafa procesal en el procedimiento de ejecución (III)

III. ¿Qué solución sería la más factible ante la imposibilidad de alegar oposición en el juicio sumario de ejecución?

Una vez que tenemos claro, gracias a las dos entregas anteriores los conceptos de delito de estafa procesal y procedimiento de ejecución civil, por fin vamos a ver de qué manera pueden relacionarse.

fraud alertImaginemos, por ejemplo, que varios cofiadores avalan un mismo préstamo mercantil, uno de ellos (cofiador solvens) paga el préstamo ante la insolvencia de la mercantil deudora, pero lo hace a través de un testaferro mediante el negocio jurídico de la cesión de crédito -con el subsiguiente reconocimiento de deuda de la persona interpuesta (representación indirecta) al fiador por el importe adeudado- consiguiendo de esta manera dirigirse por la totalidad de la deuda afianzada hacia uno de los restantes cofiadores vía ejecución de títulos no judiciales ni arbitrales. Con esta maniobra fraudulenta (fraude de ley del art. 6.4 CC) consigue sustraerse de las normas de la cofianza solidaria, en concreto de la norma imperativa establecida en el art. 1844 CC párrafo primero y segundo (como relación ad casum del art. 1145 del mismo cuerpo legal). ¿Estaríamos ante la posible comisión de un delito de estafa procesal al inducir a error al Juez de la ejecución? Entendemos que sí, puesto que la peculiaridad principal de este delito está en la dualidad personal de los intervinientes pasivos, ya que el sujeto engañado es el titular del órgano judicial, a quien se le induce a seguir un procedimiento y a dictar resoluciones que de otro modo no hubiera dictado, no coincidiendo la persona del engañado (el Juez) con quien ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado).

Si el proceso civil iniciado no culminó con la sentencia de fondo, el grado de ejecución delictivo no pasará de la tentativa (STS 595/1999, de 22-4). Pero en este supuesto es el auto que despacha ejecución el que culmina el proceso, por lo tanto entendemos que no concurrirá la tentativa sino el delito consumado puesto que se llega a producir el acto de disposición patrimonial. Hemos de reiterar que la tentativa concurrirá tan solo cuando el sujeto o sujetos realizan, en todo o en parte, las maniobras que objetivamente deberían producir el resultado buscado, sin que el acto de disposición patrimonial se llegue a producir por causas independientes de su voluntad.

Debido a la imposibilidad de alegar oposición en el juicio sumario de ejecución -puesto que en el procedimiento ejecutivo la Ley (LECiv) hace depender el derecho del ejecutante al despacho de la ejecución de un conjunto de hechos diverso de aquél que funda el derecho a la tutela y al Juez le está prohibido en el momento de despachar ejecución analizar la existencia real o la actual subsistencia del derecho a la tutela, siendo perfectamente factible que la ejecución comience (e incluso llegue a su final) sin que en puridad exista acción ejecutiva-, sería absurdo pretender que la dirección letrada del afectado por la ejecución, y para instar la nulidad del título fraudulento, siguiera el complicado y lento cauce procesal del juicio declarativo a través del meritado art. 564 LECiv. Y ello, al margen del siempre problemático y costoso abono de las correspondientes tasas judiciales en las demandas civiles.

Por lo tanto, y con toda seguridad, se optaría irremisiblemente por acudir a la jurisdicción penal. Puesto que según prevé el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la admisión a trámite de la querella o denuncia por la posible comisión de un delito de estafa procesal debería detener o interrumpir cualquier tipo de procedimiento civil iniciado (entre otras muchas, cabe destacar la SAP, Audiencia Provincial de Castellón, Sección 2ª, de 9-12-94, que decreta el alzamiento de los embargos trabados en el juicio ejecutivo del que conocía otro juzgado). Así pues, debido al interés del legislador en dotar de cierta agilidad procesal al proceso ejecutivo, una cuestión que debiera ser resuelta en el mismo juicio ejecutivo quedará derivada con toda certeza a la jurisdicción penal de consecuencias más lesivas para el infractor.

 

Vía| Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Art. 6.4 Código Civil; Pablo Amat Llombart, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Director), Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Obligaciones y Contratos, Comentario 101, Editorial Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009.

Imagen| Fraud Alert

En QAH| El delito de estafa procesal en el procedimiento de ejecución (I), El delito de estafa procesal en el procedimiento de ejecución (II)

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