Jurídico 


El delito de estafa procesal en el procedimiento de ejecución (II)

II. El proceso de ejecución civil de títulos no judiciales ni arbitrales.

En la primera entrega de esta serie de tres artículos sobre el delito de estafa en el procedimiento de ejecución definimos el concepto de delito de estafa, en esta entrega vamos a definir el proceso de ejecución civil de títulos no judiciales ni arbitrales.

En palabras del destacado procesalista ORTELLS RAMOS el acceso directo al proceso de ejecución, sin necesidad de obtener un previo pronunciamiento favorable en proceso de declaración, comporta una gran ventaja para quien se halla en esa situación. Si el ordenamiento quiere proteger especialmente ciertas posiciones jurídicas –por ejemplo, la de quienes conceden crédito, en cuanto esta función posibilita el desarrollo de la actividad económica- una de las técnicas a su disposición es permitir el acceso con base en una certeza suficiente de la existencia y subsistencia del derecho (y deber) de prestación, aunque distinta a la que deriva de una declaración judicial.

Procedimiento de ejecución Como nos ilustra FERNÁNDEZ LÓPEZ, el documento al que la LECiv llama título ejecutivo, lleva incorporados tanto el derecho del acreedor al despacho de la ejecución como la obligación del Juez de despacharla. Pero, ni prueba el derecho del ejecutante a la tutela, ni prueba la existencia de responsabilidad del ejecutado: prueba sólo la existencia del derecho al despacho de la ejecución, que, como todo derecho depende la existencia de uno o varios hechos jurídicamente relevantes. De ahí que lo esencial del título ejecutivo no resida en que incorpore el derecho a la tutela, sino en que aparezca como idóneo para despachar ejecución; de ahí que le esté prohibido al Juez Ejecutor analizar el fondo del título ejecutivo y deba, por imposición legal, limitarse a analizar la regularidad formal del título ejecutivo; y de ahí que el acreedor ejecutante, para obtener el despacho de la ejecución no deba probar ni le sea preciso alegar la existencia de responsabilidad del ejecutado. Siendo, por lo tanto, el juicio ejecutivo un proceso sumario, lo que en él se decide no produce excepción de cosa juzgada y puede alegarse en un juicio ordinario todo aquello que en él no tuvo cabida, en ningún caso la resolución (auto) se pronuncia definitivamente sobre los derechos materiales de ejecutante y ejecutado. Quiere esto decir que sobre el limitado número de defensas que el art. 557 LECiv permite oponer al ejecutado, el Juez se pronuncia a los solos efectos de la ejecución y sin fuerza de cosa juzgada.

Por ende, atendida la falta absoluta de previa declaración judicial en estos casos, la ordenación de la ejecución en los mismos ha de posibilitar que el afectado pueda pedir tutela judicial declarativa para contrarrestar, de diversos modos, los resultados de la ejecución, si, contra lo que parecía cierto a tenor del título ejecutivo, la prestación no era debida con arreglo al estado de hechos y al Derecho material (pensemos, por ejemplo, en la nulidad del título en que se funda la ejecución). Para ello la actual LECiv 1/2000 nos remite al deficientemente redactado art. 564 LECiv que, en síntesis, nos dice lo mismo que el anterior art. 1479 de la anterior LEC de 1881; esto es, que se refiere expresamente al modo de dar eficacia contra la ejecución –mediante un proceso declarativo separado de la misma-, a hechos y actos determinantes de la extinción o de la modificación del deber de prestación que consta en el título ejecutivo, no cubiertos por la cosa juzgada de un previo proceso declarativo, pero no admisibles como causas del incidente de oposición a la ejecución. Precisamente porque la ejecución es un juicio sumario, la LECiv regula el juicio ejecutivo pensando en la posibilidad –en principio incondicionada- de que, tras su sustanciación (o durante ella) el ejecutado, si así lo desea, pueda promover un juicio declarativo sobre la misma cuestión.

El art. 561 literalmente nos dice que cualquiera que sea la decisión que el Juez acuerde sobre la oposición deducida por el ejecutado lo es “a los solos efectos de la ejecución”. El Juez Ejecutor procede a la realización material de los actos ejecutivos que el título ejecutivo autoriza apoyándose en su carácter abstracto, y sin necesidad de cuestionarse si existe derecho sustantivo a la tutela. Cuando así sucede, la ejecución es formalmente regular –existe un título ejecutivo y petición de parte-, pero ilícita, pues se actúa frente al patrimonio del ejecutado una responsabilidad que en realidad no existe, por no permitir la ley al ejecutado otros motivos de oposición que los especificados en los artículos 556, 557, 558, y 559. Por lo tanto, y sin sujeción a plazo alguno, el deudor puede oponerse a la ejecución por los cauces del juicio declarativo ordinario que corresponda.

 

Vía| Art. 17 Ley del Notariado, Arts. 517, 557, 558, 572 y 573 Ley de Enjuiciamiento Civil, Manuel Ortells Ramos, Derecho Procesal Civil, Editorial Thomson Reuters-Aranzadi, 10ª Edición, Cizur Menor (Pamplona-Navarra), 2010; José Francisco Ceres Montes, Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 322, Editorial Aranzadi S.A, Pamplona, 1.997; José Martín Pastor, La Oposición a la Ejecución y la Impugnación de Actos Ejecutivos Concretos, Editorial La Ley, Las Rozas (Madrid), 2007; Miguel Ángel Fernández López, La tercería de dominio, Madrid, 1980; pueden verse también, del mismo autor, Derecho procesal civil (con De la Oliva Santos), Madrid, 1992, tomo III; Naturaleza y función de la tercería de dominio, en el volumen Ejecución de sentencias civiles de la serie Cuadernos de Derecho Judicial, C.G.P.J., Madrid, 1995 y, en fin, Derecho Procesal Práctico (con Rifá Soler y Valls Gombau), Madrid, 1995, tomo V.

Imagen| Procedimiento ejecutivo

En QAH| El delito de estafa procesal en el procedimiento de ejecución (I)

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