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¿Qué es el Defensor del Pueblo?

¿Cómo se regula en nuestro ordenamiento jurídico la figura del Defensor del Pueblo? ¿Cuál es el sistema de elección? ¿Cuáles son sus funciones? Mediante este artículo trataremos de dar respuesta a estas y a otras cuestiones relacionadas con el “Ombudsman” o el Defensor del Pueblo.

Comencemos por indicar que es el artículo 54 de la Constitución quien recoge la figura objeto del presente artículo, dado que afirma lo siguiente: Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título –se refiere al Título I de la CE-, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.”

En cumplimiento del mandato constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. El artículo 2.1. nos habla del proceso de elección, al decir que: “Uno. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.”

La mayoría que se precisa para ser elegido Defensor del Pueblo, se recoge en los artículos 2.4. y 2.5. de la LO 3/1981. Así, de acuerdo al art. 2.4., el candidato propuesto deberá obtener el respaldo de los 3/5  tanto del Congreso como del SenadoSi dicha mayoría resultara inalcanzable, siguiendo lo establecido en el artículo 2.5., se requerirá el apoyo de las 3/5 partes del Congreso y de la mayoría absoluta del Senado.

En el artículo 9 se recoge la principal función de este órgano, al afirmarse que “El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, y el respeto debido a los derechos proclamados en su Título primero dos. Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas.”

En el artículo 10.1. se expresa que “Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. (…)” y en el capítulo III de la LO 3/1981 se recoge cuál será la tramitación que seguirán las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo.

Así en el artículo 15.1. se nos dice que Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. a lo que el 15.2. añade que Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador. De toda queja se acusará recibo.”

El artículo 17 nos indica qué es lo que ocurre con las quejas que se registran ante el Defensor del Pueblo al indicarnos que éste registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este ultimo caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere mas pertinentes.”

En el artículo 29 de la LO 3/1981 se legitima al Defensor del Pueblo para interponer los recursos de inconstitucionalidad y amparo ante el Tribunal Constitucional y por último, es en el artículo 32 donde se fija la obligatoriedad del Defensor del Pueblo de dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada.

Vía| Noticias Jurídicas

Imagen| Google

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