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El Defensor del Pueblo y los menores de edad

Este año se ha publicado el Informe anual del 2016 de  “derechos de los menores de edad”, donde se analiza parte de la actividad principal  del Defensor del Pueblo, y se concreta en la promoción y garantía constitucional de los derechos humanos de los niños y adolescentes, sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de garantizar y materializar los derechos de los menores de edad  intentando lograr así una sociedad más justa.

Al igual que los adultos acuden al Defensor del Pueblo, también los niños y adolescentes pueden plantear sus quejas, sin restricción alguna y sin necesidad de contar con complementos de capacidad.

En el informe anual se plantea un catálogo de derechos de los menores de edad.  Y se concretan en relación a la educación; justicia; sanidad; política social; vivienda; migraciones; etc.

Entre las funciones del Defensor del Pueblo está también la de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, y los demás tratados internacionales de derechos humanos que, al ser ratificados por España, forman parte del ordenamiento jurídico interno, además de servir de criterio interpretativo de las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales.

El trabajo del Defensor del Pueblo consiste en la formulación de Recomendaciones y Sugerencias a las distintas administraciones, a partir de la tramitación de las quejas o de las actuaciones de oficio, con el fin de promover la efectiva modificación de una determinada práctica administrativa, o de una normativa. La Administración puede no aceptarla, pero la ley le obliga en cualquier caso a razonar los motivos de su decisión al respecto.

El Defensor del Pueblo  presenta informes al Comité de Derechos del Niño y a otros órganos del sistema de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos.

El informe anual de 2016, junto con el de 2015 , tratan de facilitar el análisis del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

El término “niño”, es el que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño. Se añade “adolescente” para referirse a los menores de edad aún pero más mayores que al concepto de niño que se da en la sociedad habitualmente.

La Constitución española fija la mayoría de edad en los dieciocho años. De acuerdo con la Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  Y los dieciséis años, como la edad para poder consentir o rechazar por sí mismo un tratamiento médico, para emanciparse y poder contraer matrimonio; o los catorce años, como la edad de responsabilidad penal.

El interés superior del menor es criterio específico en la atribución de la guarda y custodia, así como en la determinación del régimen de visitas, la asignación de la vivienda familiar, la estimación de la pensión de alimentos y demás cuestiones que afectan, directa o indirectamente, a los menores.

Más allá de la perspectiva de la igualdad de los padres, el ejercicio de la responsabilidad parental debe enfocarse hacia las necesidades de los hijos y su superior interés.

 

 

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