Jurídico 


El CNI y el control jurisdiccional de su actividad

Mucho ha llovido desde que en 1936 Josep Bertrán i Musitu organizara desde Biarritz el Servicio de Información de la Frontera del Norte de España (SIFNE), bastantes de cuyos elementos pasarían a engrosar en 1941 la Brigada Político-Social, que desde los años cincuenta compartió información con la Segunda Sección bis del Alto Estado Mayor, -oficialmente después Central-Servicio de Información BIS del Ejército (CESIBE)- y que hasta la creación del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en 1977, se repartía con el Servicio Central de Documentación (SECED) –continuador de la Organización Contrasubversiva Nacional- del coronel Sanmartín, las tareas correspondientes a un servicio de contrainteligencia y, de forma muy rudimentaria, las de un servicio de inteligencia exterior, dejando al referido SECED las responsabilidades en materia de servicio de inteligencia interior, siendo su finalidad el mantenimiento del orden institucional y la evolución ordenada al nuevo sistema democrático. La criatura engendrada por el general Gutiérrez Mellado merced al artículo 2.cuatro del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio 1977 – dependiente del Ministerio de Defensa- evoluciona en 2002 de manera radical, pasando a denominarse Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, lo que es verdaderamente trascendental, dotándose de un marco normativo legal del que carecía hasta entonces, más allá de un estatuto para su personal creado por el Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, modificado ulteriormente por el Real Decreto 327/2004, de 27 de febrero, y nuevamente actualizado en Real Decreto 240/2013, de 5 de abril.

Como decíamos ad supra, la historia de los servicios de inteligencia españoles es también la crónica de una evolución en materia de controles, del imprescindible aggiornamiento de un sistema de información cuyo andamiaje se sostenía aún en principios nacidos en el seno de una dictadura y, consecuentemente, ayuno de los más elementales criterios de fiscalización de una tarea singularmente sensible, como es la de proporcionar información, estudios y análisis al Gobierno y a su presidente que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia, la seguridad y la integridad de España.

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Instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia vino a colmar casi definitivamente esta laguna normativa, articulando una batería de controles sobre la actividad del Centro, que se completa con la Ley Orgánica 2/2002, de 6 mayo, reguladora del control judicial previo del CNI, a los efectos de establecer un control judicial de las actividades del citado Centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española. A estos efectos, la citada disposición, cuyo alcance resulta de una interpretación conjunta con la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo único establece que el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar por el escrito al Magistrado del Tribunal Supremo competente, elegido previo informe de la Comisión de calificación y a propuesta del Pleno del CGPJ entre los miembros de la Sala Segunda o Tercera, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro. En la referida solicitud deberá consignarse la especificación de las medidas que se solicitan; los hechos en que se apoya la solicitud, fines que la motivan y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas; la identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, si fueren conocidas, y la designación del lugar donde hayan de practicarse y duración de las medidas solicitadas, que no podrá exceder de veinticuatro horas en el caso de afección a la inviolabilidad del domicilio y tres meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad. El Magistrado acordará, mediante resolución motivada y reservada, en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, la concesión o no de la autorización solicitada. Dicho plazo se reducirá a veinticuatro horas, por motivos de urgencia debidamente justificados en la solicitud de autorización del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia que, en todo caso, contendrá los extremos especificados en el apartado anterior de este artículo. Nótese que la Ley Orgánica subraya la obligación del Director del Centro Nacional de Inteligencia de destruir inmediatamente el material relativo a todas aquellas informaciones que, obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación con el objeto o fines de la misma.

Ahora bien, al lado de este control previo judicial, existe también una serie de controles judiciales a posteriori, que garantizan y refuerzan aún más si cabe el engarce constitucional del CNI. El primero de ellos haría referencia a la verificación de los actos políticos de clasificación y desclasificación efectuados por el ejecutivo de materiales recopilados por el CNI (Vid. SSTS de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997).

En segundo lugar, esos controles ex post se sustancian asimismo en materia de personal. Las decisiones dictadas por el CNI en materia de personal, en su calidad de Organismo autónomo, según la distinción efectuada por la DA 10ª LOFAGE, serán siempre recurribles, y revisadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, quedando sometidas también al ordenamiento jurídico-público (STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 13 de marzo de 2012).

Finalmente, y como colofón a los mecanismo de supervisión jurisdiccional ulterior, se viene apreciando en los últimos años la recurrente denegación por parte de la Administración de solicitudes de obtención de la nacionalidad al amparo de un magro argumentario sostenido en «razones de orden público o interés nacional», justificadas en informes secretos de los servicios de inteligencia que además no fueron objeto de traslado a la parte impetrante. En todos estos supuestos (SSTS, Sala de lo Contencioso Administrativo de 21 de enero, 16 de febrero o 12 de abril de 2004, entre otras muchas) se viene aplicando de manera rigurosa la doctrina sentada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sus ya citadas Sentencias de 4 de abril de 1997, conforme a la cual, sin discutir la competencia del Ejecutivo decidir si conceder o denegar la nacionalidad española solicitada, incluso tomando como fundamento para ello el informe que clasificado como «reservado» obraba en su poder, considera que la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, exige que el solicitante conozca esos motivos razonados de orden público o interés nacional, sin que ello suponga lesión alguna o se incurra en riesgo la seguridad del Estado.

En conclusión, la eficiencia de un servicio de inteligencia e información en modo alguno resulta incompatible con el establecimiento de una serie de controles y verificaciones, ponderados si se quiere, pero en modo alguno eludibles, puesto que no es posible prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia, la seguridad y la integridad de una sociedad, vulnerando para ello los pilares básicos de convivencia que esa misma comunidad se ha dado a través de la Constitución.

Vía| Raúl C. Cancio

Imagen| Centro Nacional de Inteligencia

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