Actualidad Jurídica 


El Constitucional le corta las alas a los Secretarios Judiciales

Introducción: La Oficina Judicial.

La Oficina Judicial es el nuevo modelo de organización de Juzgados y Tribunales en España, que entró en funcionamiento con la promulgación en el año 2009 de la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, por la que se modifica la LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

Este nuevo modelo organizativo pretende optimizar el tradicional funcionamiento de los Juzgados, organizados en torno a un Juez, un Secretario Judicial y un equipo de funcionarios. Y establece dos unidades organizativas diferenciadas: a) las Unidades Procesales de Apoyo Directo, que asisten a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias; y b) los Servicios Comunes Procesales, que  bajo la dirección de un secretario judicial, se encargan de la gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. En tercer lugar se crean la Unidades Administrativas, que de manera transversal dan apoyo a las Unidades Procesales y a los Servicios Comunes Procesales en la organización y administración de medios materiales y humanos.

Tenemos por tanto tres tareas bien diferenciadas en este modelo organizativo: a) la jurisdiccional, que recae en Jueces y Magistrados; b) la procedimental, a cargo de los Secretarios Judiciales; y c) la administrativa, ejecutada por los funcionarios que dan servicio a las actividades jurisdiccional y procedimental.

El papel de los Secretarios Judiciales en el nuevo modelo de Oficinal Judicial.

El nuevo modelo organizativo refuerza el papel del Secretario Judicial en la administración judicial, y le atribuye competencias exclusivas, pudiendo dictar “resoluciones procesales” en los siguientes casos: diligencias de ordenación; las diligencias de constancia, comunicación o ejecución; y Decretos, que se dictarán cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.

Es decir, los Secretarios Judiciales adquieren el poder de dictar resoluciones que, si bien desde el ámbito procesal, afectan a la esfera de derechos de los ciudadanos, sin posibilidad de segunda instancia.

derecho2

#actualidadQAH

Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 marzo de 2016

La pasada semana el Tribunal Constitucional publicó una Sentencia que viene a declarar inconstitucional y nulo el párrafo primero del art. 102.bis.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual no cabe que el juez revise los decretos dictados por el secretario judicial para resolver los recursos de reposición planteados contra sus propias decisiones.

Esta Sentencia viene a resolver cuestión interna de inconstitucionalidad que se deriva de Recurso de Amparo contra un Decreto de un Secretario Judicial del orden Contencioso Administrativo contra el que no cabe Recurso de revisión.

Según indica la Sentencia <<la Sala Segunda fundamenta el planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad en que, si bien el derecho que se dice vulnerado en el recurso de amparo es el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), ―la línea argumentativa de la demanda de amparo aparece condicionada, en cuanto a los requisitos procesales, al entendimiento de que se han agotado todos los medios de impugnación jurisdiccionales previstos por las normas procesales para el caso concreto y que la violación de derechos que se invoca es imputable a una acción u omisión del órgano judicial correspondiente>>.

lawEn los fundamentos jurídicos se expone que el Auto de planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC) considera que el art. 102 bis.2 LJCA podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la medida en que excluye la posibilidad de que el decreto del Secretario Judicial que resuelve el recurso de reposición contra sus propias diligencias, sea revisado por el Juez o Tribunal a través de un recurso directo de revisión. Se privaría con ello al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano judicial, lo cual constituye una desatención del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE.

Inconstitucionalidad y vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Como bien es sabido, el art. 117.1 CE establece que <<La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley>>

El problema que se suscita aquí es el de que existan casos en los que la decisión del Secretario Judicial, excluida por el legislador del recurso de revisión ante el Juez o Tribunal (párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA) concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso, que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a Jueces y Magistrados (art. 117.3 CE), a quienes compete dispensar la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el art. 24.1 CE.

Por ello esta Sentencia viene a declarar la inconstitucionalidad del citado precepto del art. 102 LJCA según su redacción por la Ley 13/2009 para la implementación de la Oficina Judicial, en tanto que, al no permitir el recurso de revisión en sede judicial vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art 24 CE, en tanto que como dijimos en el párrafo anterior son los Jueces y Magistrados quienes tienen atribuida la función jurisdiccional.

Esta Sentencia termina así con el “status” que habían adquirido los Secretarios Judiciales, denominados en el nuevo sistema procesal Letrados de la Administración de Justicia, en tanto que ostentaban como dijimos al principio el poder de dictar resoluciones en las que, de manera exclusiva, tenían la última palabra.

Más Información| Jurisprudencia Tribunal Constitucional  Oficina Judicial

Imágenes| Pixabay

RELACIONADOS