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El Congreso da el “sí quiero” a la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

Dice  la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 1811:

“Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria, o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas.”

En agosto del año pasado el Consejo de Ministro (todavía el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Ruiz Gallardón) aprobaba el proyecto de ley sobre “Jurisdicción Voluntaria”,  que ampliaba el catálogo de actos hasta ahora a cargo de los jueces que debían desempeñar en exclusividad otros operadores jurídicos, principalmente notarios y registradores.

Sin embargo, tras la modificación de la propuesta legislativa mediante 82 enmiendas, el texto que el pasado 28 de abril salía de la Cámara Baja poco tiene que ver con aquella primitiva propuesta, la cual  ampliaba el catálogo de actos, hasta ahora a cargo únicamente de los jueces, a otros operadores jurídicos, principalmente notarios y registradores.

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Esa exclusividad ha desaparecido tras la revisión del texto original, destinada a ampliar estas atribuciones a los secretarios judiciales.

Varios son los actos a los que hace referencia esta nueva propuesta sin embargo los más interesante y los que han causado mayor movimiento en los foros jurídicos y en el ciudadano de a pie, debido a la cotidianidad del asunto,  son los relativos a las celebraciones de matrimonios y separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni personas con discapacidad.

Los actos de Jurisdicción Voluntaria se caracterizan, precisamente, por la ausencia de contradicción y, por tanto, el carácter no litigioso de los expedientes. Por ello, la resolución que se dicte no produce los efectos de “cosa juzgada”, puesto que en muchos de los supuestos se prescindirá de la intervención judicial y, en los que intervenga lo harán desprovisto de su potestad jurisdiccional, ya que precisamente, en el momento en que se ejercite oposición por parte interesada, el expediente se tornará contencioso. Dentro de este grupo se encuentran matrimonios y, divorcios y separaciones, siempre que sean de mutuo acuerdo y no existan hijos menores ya que, en tal caso, la intervención del Ministerio Fiscal es obligada.

Tras esta nueva propuesta, la lista de las autoridades con potestad para la celebración del matrimonio ha aumentado:  el alcalde del municipio o concejal en quien este delegue, el notario, el secretario judicial, el encargado del Registro Civil así como el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero. Otra novedad respecto a los casamientos es el reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos budistas, mormón, ortodoxo y de los testigos de Jehová, que se unen así a la católica, musulmana y judía.

De esta forma se amplía el abanico de posibilidades para contraer matrimonio, de tal manera que el ciudadano podrá optar por casarse de forma gratuita ante un secretario judicial o acudir a un notario mediante pago (sobre los 95 euros), en caso de que prefiera ganar tiempo en la tramitación de su expediente de matrimonio.

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El objetivo principal de esta modificación es agilizar los procedimientos y la tarea judicial.

Precisamente este es el objetivo de la nueva propuesta; liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales en las que no haya litigio entre partes, con el fin de descongestionar la Administración de Justicia.

Otra medida abordada por el texto en cuestión es la modificación de la edad legal para contraer matrimonio que asciende a los 16 años (hasta ahora eran 14).  Esta enmienda  resulta del todo lógica y necesaria,  ya que la novedosa reforma del  Código Penal, que entrará en vigor el día 1 de julio, eleva a 16 años (antes 14) la edad legal para consentir relaciones sexuales.

La norma pasará directamente al Senado, sin necesidad de ser elevada antes a Pleno por haber sido votada con competencia legislativa plena. Si allí se introduce algún cambio, el texto volverá al Congreso para que este decida en Pleno si ratifica o no estas modificaciones.  Su entrada en vigor está prevista para el 15 de julio de este año.

Imágenes| Anillos, Justicia

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