Jurídico 


El Caso Matesa, un asunto de plena actualidad

“Cuando llego a Presidencia me encuentro a Carrero con el Arriba en las manos. Está encendido y me dice: ¡Esto se ha terminado, o Fraga o yo!”.

Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas (1967-1970)

Al margen del asunto Tella Cantos, de no poca repercusión en la más inmediata posguerra habida cuenta de la relevancia del laureado general encausado, el más importante caso de corrupción que salpicó al franquismo – ya me disculparan por el pleonasmo- fue sin duda el conocido como Caso Matesa.  Maquinaria Textil del Norte de España, S.A., de donde procede el acrónimo, llegó a convertirse en la primera multinacional española en 1969, de la mano del financiero catalán Juan Vilá Reyes, a la sazón presidente del RCD Español de Barcelona. Su éxito se basó en la fabricación de un revolucionario telar sin lanzadera, marca Iwer, cuyas piezas importaba desde EEUU y que se montaba en España. El telar era presentado como un producto nacional del que supuestamente se exportaban miles de unidades, vendidas a numerosas empresas filiales que la propia empresa había establecido en varios países. Un modelo de holding financiero y empresarial en pleno auge del desarrollismo español. El escándalo estalló el 23 de julio de 1969 cuando el director general de Aduanas denunció ante el Juzgado Especial de Delitos Monetarios que la mercantil soportaba una deuda de 10.000 millones de pesetas con el Banco de Crédito Industrial (BCI), dirigido por José González Robatto, toda vez que la pretendida expansión internacional de la compañía mediante exportaciones de dicho telar resultó ser un fraude que se destapó con la visita a España del Ministro argentino de Industria, al desvelar que sólo se habían vendido 120 de los 1.500 telares enviados a Argentina sin comprador a fin de cobrar los créditos a la exportación a través del citado banco.

#grandesjuiciosQAH

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Los ministros de Hacienda –Espinosa- y Comercio –García-Moncó-, de acuerdo con lo que el Gobierno les había encomendado, crearon una comisión parlamentaria para dirigir y coordinar la acción investigadora, hecho político absolutamente extraordinario en la dictadura y que culminó con unas conclusiones extremadamente severas, como luego veremos. Al mismo tiempo, el 16 de septiembre de 1969 la Sala de gobierno del Tribunal Supremo designó a Perpetuo Benedicto Sánchez Fuentes, presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres como juez especial, con jurisdicción en todo el territorio nacional para instruir el sumario por las posibles responsabilidades delictivas del caso, sustituido en noviembre de ese mismo año por Francisco Pera Verdaguer, magistrado de la Sala Segunda del Alto Tribunal.

El proceso ante el Juzgado Especial de Delitos Monetarios – que tras la promulgación del RDL 1/1977 de 4 de enero por el que se crea la Audiencia Nacional, y merced a su DT 1ª, quedó constituido en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la citada Audiencia- supuso para Vilá Reyes la condena a multa de 21.000.000 de pesetas por un delito de evasión probada de 103,5 millones de pesetas y a multa de 1.658 millones y tres años de prisión impuesta por el mismo Tribunal en mayo de 1970 y confirmada por el Tribunal Económico Administrativo Central en enero de 1972. En virtud de indulto de septiembre de 1971 –no siendo firme aún la sentencia-, concedido por el general Franco, se le condonó el pago de la multa y el cumplimiento de una cuarta parte de la pena de prisión. En mayo de 1975 la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó por dos delitos de estafa por 8.933 y 590 millones de pesetas respectivamente y por 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro de cohecho activo, imponiéndole una pena de más de 223 años de prisión y 9.600 millones de pesetas en concepto de indemnización y multa. La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid, con la exigencia al condenado de pagar en concepto de indemnización al BCI las citadas sumas. En el mismo procedimiento se declararon asimismo responsables penales a sus colaboradores más inmediatos y algunos empleados del BCI -Manuel Leira Cobeña, Luis Alonso Calleja, Juan de María Pellicer y Juan Vindel Miró-, como autores de un delito de cohecho por agilizar los trámites en la concesión de créditos oficiales. En cualquier caso, y por vez primera en la aplicación de medidas de gracia, se indultaron penas pecuniarias de los encausados no declarados rebeldes.

El Caso Matesa, un asunto de plena actualidad

El Caso Matesa, un asunto de plena actualidad

Ahora bien, si relevante y extraordinario fue este caso desde el prisma procesal, sus derivadas políticas lo fueron mucho más. La presencia de importantes ministros «tecnócratas» del gabinete del general Franco en la promoción de estas operaciones fraudulentas excitó el celo de sus colegas «azules» del consejo de ministros para desquitarse, iniciándose una investigación y una difusión mediática inédita en el inveterado escenario de opacidad informativa del régimen. La estrategia de los «azules», dirigida por Manuel Fraga, ministro de Información, y José Solís, Secretario General del Movimiento y «sonrisa del Régimen», era clara: embestir con la prensa del Movimiento al grupo de medrantes elementos del Opus Dei –López Rodó, Espinosa, Silva, Lora, López Bravo o García-Moncó- que pretendían copar el gabinete del Pardo. El Diario SP, muy próximo a Falange, en un inaudito alarde de libertad informativa,  inició las hostilidades el 9 de agosto de 1969 con un editorial de primera página: “El control público de la empresa privada Matesa lleva camino de convertirse en el ‘affaire’ más sonado de los 30 últimos años, pues sus incidencias económicas y financieras (…) bordean las fronteras del escándalo, la ligereza y el fiasco“. Pero sorpresivamente, el almirante Carrero Blanco, hombre cada vez más fuerte ante el deterioro físico del jefe del Estado, toma partido por la facción tecnócrata al denunciar la campaña mediática iniciada por el grupo falangista: “los cuatro problemas políticos que si no se resuelven en su conjunto con la debida urgencia” podrían “erosionar seriamente nuestro régimen (…) En el ‘caso Matesa’ hay que distinguir su vertiente económica y su vertiente política, es decir, entre el hecho del fallido bancario de mayor volumen registrado en España y el de su escandalosa politización mediante una campaña de Prensa que ha lesionado no sólo el crédito exterior de nuestra economía, sino incluso la fama del Régimen al presentarlo como minado por la corrupción...“. En efecto, el 29 de octubre se verifica la mayor remodelación ministerial del franquismo. El nuevo Gobierno fue identificado como «monocolor» por la abrumadora mayoría de los miembros de la Obra. Es la victoria completa de Carrero Blanco y de Lopez Rodó. Fraga y Solís salen del Gabinete y se prepara el procesamiento de los ex ministros Espinosa San Martín, García-Moncó y Navarro Rubio, que quedó no obstante en humo de pajas al ser indultados casi de inmediato. La vinculación de Vilá Reyes con los ministerios económicos a través del Opus Dei era una parte importante del escándalo, que no obstante se eludió con la referida decisión salomónica en forma de crisis de gobierno, afectando tanto a los «azules» como a los «tecnócratas» más señalados.

Finalmente, el escándalo arrastró también a la famélica industria cinematográfica española, pues el citado BCI se encargaba asimismo del abono a los productores del 15% del taquillaje a que todo film español tenía derecho conforme a la regulación diseñada por García Escudero, por lo que a comienzos de 1970, la Administración franquista adeudaba a los productores españoles unos 230 millones de pesetas. Las medidas ulteriores adoptadas por el ministerio de Información, ya bajo el mandato del inefable Sánchez Bella,  sustituyendo la calificación de Interés Especial por el de una baremación de 1 a 10 y con un equivalente en  «pesetas subvencionantes» a cada punto, o la subida del precio de las entradas en 1971, destinando un porcentaje del alza a la producción, lejos de mejorar la situación la empeoró notablemente, organizándose una auténtica revuelta entre los productores cinematográficos, que hizo incluso abandonar el oficio –temporalmente- a pesos pesados como Dibildos o Querejeta. Adviértase en este sentido que durante 1969, se alcanzó la cifra más exigua de producciones de películas desde el año 1962 con 106 largometrajes.

En resumen, un proceso referencial en el que concurrieron la corrupción política, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, la denuncia periodística, el canibalismo político, la vicarización de la figura del indulto y la crisis del cine español…en fin, como hoy mismo.

Vía| Raúl C. Cancio

Imágenes| Caso Matesa, MatesaPortada

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