Jurídico, Uncategorized 


El Caso Bárcenas: Crónica de un escándalo de corrupción anunciado (II)

En el primer artículo de la serie realizábamos una introducción de los hechos acaecidos en relación a este famoso caso. En esta entrada vamos a analizar las cuestiones jurídicas que el mismo suscita respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Qué es un delito contable? ¿Qué quiere decir llevar una doble contabilidad? ¿Qué donaciones privadas pueden recibir los partidos políticos? ¿Cómo se sancionan las infracciones derivadas de una contabilidad en B?

La contabilidad de cualquier empresa, sociedad, asociación, organización, etc. Es el instrumento fundamental para verificar que su actividad económica sea desarrollada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Los deberes de lealtad y buena fe empresarial tienen su reflejo en una contabilidad ajustada a Derecho, de ahí que los desajustes en dicha contabilidad sean el canal que utilizan algunas personas jurídicas para esconder ingresos y actividades ilícitas. En el caso de los partidos políticos, el deber de llevar una contabilidad ajustada a Derecho es aún mayor por la especial función que realizan en el seno del Estado, al ser los instrumentos depositarios de uno de los valores superiores del Ordenamiento Jurídico como es el pluralismo político, tal y como reconocen los artículos 1 y 6 de la Constitución Española. Pero también debe ser superior la exigencia porque están financiados de manera mixta, según establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos 8/2007, pues reciben ingresos de las arcas públicas y del ámbito privado a través de donaciones, prestación de servicios, etc. Es por ello que están sometidos a un régimen más estricto que el aplicable para el resto de personas jurídicas, siendo el órgano fiscalizador de su contabilidad, el Tribunal de Cuentas.

El delito contable se regula en el artículo 310 del Código Penal que establece lo siguiente:

“Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.”

Como podemos observar, en el caso de la hipotética doble contabilidad del Partido Popular, podemos encontrar la concurrencia de los supuestos recogidos en las letras b), c) y d) de este artículo. Sin embargo, en los dos últimos supuestos, es necesario que la cuantía defraudada supere los 240.000 euros, límite que al parecer no ha sido superado en este caso concreto.

Evidentemente, las infracciones relacionadas con la llevanza de una doble contabilidad no se limitan a su reconocimiento como delito en el artículo 310 del Código Penal, sino que también se regulan los supuestos en los que constituyen una infracción administrativa en el art. 200 c) de la Ley General Tributaria que establece lo siguiente:

“1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras:

c) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.”

BárcenasÍntimamente vinculado con lo dispuesto en este artículo está el suceso relativo a la destrucción de los famosos discos duros del Partido Popular, pues bien podría considerarse una destrucción deliberada de la contabilidad del partido y los soportes en los que se hallaba.

En cuanto al régimen sancionador, ya hemos observado las penas de prisión de 5 a 7 meses aplicables en el caso del delito contable del artículo 310 del Código Penal. En el art. 200 de la Ley General Tributaria, por su parte, se establece un sistema de multas.

En el caso de los partidos políticos existe una particularidad y es la de la aplicación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos que establece que cuando un partido político obtenga “donaciones que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos, el Tribunal de Cuentas podrá proponer la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”.

Así pues observamos que las sanciones aplicables a las infracciones relacionadas con la llevanza de doble contabilidad pueden no ser lo estrictas que a priori pudiera pensarse, sobre todo con vistas al caso que nos ocupa, dada la gravedad y al especial lesividad que conlleva el que un partido político cometa este tipo de defraudaciones, que incluso se dude de su legitimidad supone un claro atentado contra el sistema democrático y contra la confianza en el sistema político actual, que evidentemente disminuye a medida que se van conociendo datos del caso Bárcenas.

Otro de los temas interesantes a debatir es el de la atribución de responsabilidad a los culpables de tales actividades ilícitas. ¿Es Bárcenas el único responsable? Desde el punto de vista del Derecho Penal, Bárcenas es indudablemente responsable según la definición de autor contenida en el art. 28 del Código Penal, pues es quien realizó las operaciones incluidas en los manuscritos entregados al Juez Ruz, sin embargo, también cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad a los altos cargos que recibieron sobresueldos como consecuencia de la llevanza de esa doble contabilidad, por supuesto si efectivamente se demuestra que recibieron tales cantidades, como mínimo podrían ser imputados como partícipes de los hechos. A lo que, por supuesto, cabe sumar la responsabilidad del Partido Popular en su condición de persona jurídica (arts. 31 y 31 bis CP).

Podemos debatir sine die acerca de quiénes son los responsables penales, administrativos, fiscales, etc. de la llevanza de una doble contabilidad en un partido político que además ocupa el Gobierno en la actualidad, pero lo que es indudable es que a efectos de responsabilidad política y moral supone un gran golpe contra el sistema de partidos y el propio sistema democrático vigente en nuestro país, sin contar, con el replanteamiento que podría realizarse en relación a las sanciones aplicables a este tipo de actividades ilícitas. Quizá este escándalo sirva para construir un fuerte sistema jurídico-político que evite que vuelvan a darse estos desagradables acontecimientos y que garantice una sanción ejemplar a sus responsables, cuando estos sean identificados. En cualquier caso es un esfuerzo de reinvención que debe llevarse a cabo por parte de la sociedad española al completo, solo de este modo conseguiremos una sociedad libre de corruptelas y corruptos.

Vía| RTVE: Cronología del Caso Bárcenas, El País: Doble contabilidad PP, Art. 310 CP, Art. 200 LGT

Más información| Economistas.org. El llamado delito contable 

Imagen| Bárcenas

En QAH| El Caso Bárcenas: Crónica de un escándalo de corrupción anunciado (I)

RELACIONADOS