Derecho Internacional, Jurídico 


El Caso Armstrong

Cuando la Fiscalía americana comenzó a investigar los diversos indicios contra el ciclista norteamericano y puesto que la única prueba concluyente de un delito de dopaje eran los testimonios de antiguos compañeros de equipo, refutados por 218 test negativos durante su etapa como profesional, llegó a la conclusión  de que no había base para enjuiciar al ciclista penalmente.

El Caso Armstrong

Ante esto, la U.S. Anti-Doping Agency (USADA) no tardó en continuar en su empeño por enjuiciar al deportista, pero esta vez lo llevó por el cauce de la disciplina deportiva, que a diferencia de lo que sucede en España, en EEUU, no está bajo el control del Estado. Así, el  29 de junio de 2012, inició un procedimiento disciplinario amparándose en el Código Mundial Antidopaje y la legislación general norteamericana. Llegados a este punto la USADA decidió suspender de por vida y descalificar a Lance Armstrong de todas las competiciones en las que ha participado desde el 1 de agosto de 1998.

La sorpresa llega cuando la UCI reconoce y ejecuta la decisión de la USADA, y ante esto hay que preguntarse: ¿cómo se puede proceder a la ejecución internacional de una sanción impuesta por un tercero? Y ¿mediante qué procedimiento se reconoce esa decisión sin ningún tipo de réplica? Jurídicamente esta sanción resulta un tanto extraña y da que pensar.

En primer lugar, la infracción por la que se sanciona al ciclista, teniendo en cuenta el Código Mundial Antidopaje, no debería ser una infracción múltiple, que es la que da lugar a una sanción a perpetuidad, sino que debería ser una infracción simple; todo ello con base en el artículo 10.7.4, que prohíbe este extremo al establecer que para que una infracción sea múltiple requiere una primera sanción previa y notificada. Tanto la UCI como la USADA han interpretado que una infracción es múltiple cuando se produce una suma de conductas punibles, conclusión no amparada por la norma.

En segundo lugar, las infracciones por dopaje están sujetas a un plazo de prescripción de 8 años, tal y como establece el artículo 17 del Código Mundial Antidopaje (no se podrá tomar ninguna medida contra un deportista por una infracción de una norma antidopaje, a menos que esa medida se tome dentro de un plazo de ocho años desde la fecha en la que se haya cometido la infracción según la acusación). Según esta norma, las infracciones de las que se acusa a Armstrong durante los años 1999 y 2004 habrían prescrito y por lo tanto sólo podrían sancionarle por las infracciones cometidas en 2005 y desposeerle de un tour. Como sabemos, la decisión de la USADA de inhabilitarlo ha incluido toda su vida deportiva, algo que no responde al mencionado artículo 17.

Por último, la única prueba que se utiliza para sancionarle como infractor de las normas antidopaje son una serie de testimonios de otros ciclistas, frente a las pruebas fehacientes de haberse sometido a 218 tests de resultado negativo. Ello se encuentra amparado en el art. 3.2 del Código Mundial Antidopaje, que establece como medio de prueba fiable las confesiones; aunque establece también dicha presunción en cuanto a los laboratorios acreditados por la AMA, lo que implica que se debería realizar una ponderación de los medios de prueba.

A la vista de estas consideraciones, ¿puede decirse que el procedimiento sancionador se ha ajustado a la legalidad?

Imagen | Lance Armstrong

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