Jurídico 


El Banco de España amplía su ámbito competencial, o como el Real Decreto 256/2013 le ha convertido en un Tribunal de Honor

“¿Tribunales de Honor? ¡No!”

Miguel de Unamuno,  Diario El Sol, 24 de diciembre de 1919

Alfredo Saenz

La reciente reforma operada sobre el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito, nos brinda una extraordinaria oportunidad de revisar una institución histórica estrechamente vinculada con nuestro ordenamiento jurídico, al punto que hoy nos hallamos ante un aggiornamiento de la misma.  En efecto, a los Tribunales de Honor bien podríamos catalogarlos como instituciones endémicamente españolas, al margen de  arcaicas formas de los mismos en la Inglaterra medieval, los Court of Honour, encargados de velar por la compostura de un caballero, regulando en su caso, el protocolo del duelo. En cualquier caso, la forma más desarrollada surge en el ámbito castrense español del siglo XIX con el objeto de juzgar la conducta de oficiales, excluyéndose de su jurisdicción a suboficiales o clase de tropa (Real Decreto de 3 de enero de 1867). Posteriormente, éste ámbito de aplicación se extenderá a la Administración pública (en la legislación de funcionarios civiles de 1918) y más tarde a la esfera privada, en especial a los colegios profesionales y asociaciones gremiales.  Su configuración se nutría de los pares del encausado y tenía por finalidad juzgar la dignidad de éste para pertenecer al cuerpo o profesión de la que era miembro. De resultar declarado indigno, el encartado era expulsado del cuerpo, sin que pudiera interponer recurso alguno contra la decisión. Estos tribunales no juzgaban actos aislados sino conductas y estados de opinión acerca de la dignidad de un individuo para formar parte de un cuerpo, por lo que el bien jurídico protegido no era el honor del enjuiciado sino el del corpus al que pertenecía. En cuanto al procedimiento, éste era magro, dándose audiencia al interesado,  sustanciándose de manera reservada la tramitación que concluía con la absolución o la separación del servicio y finalizando con la consiguiente propuesta a la autoridad decisora.

El artículo 95, in fine, de la Constitución de 1931 abolió todos los Tribunales de Honor “tanto civiles como militares”, materializándose así el rechazo que a nivel social existía frente a estas instituciones. La Guerra Civil y sus ulteriores consecuencias en forma de dictadura militar desbarataron de manera radical esta tendencia. De hecho,  las primeras medidas adoptadas por la Comisión de Justicia franquista fueron la reinstauración de las Comisiones de Depuración y los Tribunales de Honor, siendo reactivados a raíz de la iniciativa de la citada Comisión en numerosos cuerpos del Estado como los Abogados del Estado (Decreto de 2 de marzo de 1938); Notariado (Orden de 4 de marzo de 1938); Ejército y Marina de Guerra e Ingenieros de Caminos (Orden de 5 de septiembre de 1939); Ministerio Fiscal (Decreto de 10 de marzo de 1941), etc., institucionalizándose jurisdicciones corporativas o gremiales, lo que constituye por cierto, una característica arquetípica de los regímenes totalitarios, y cuyo modelo fueron los Soziale Ehrengerichtsbarkeit (Tribunales Sociales de Honor) que el Dr. Robert Ley diseñó en 1934 para fiscalizar la conducta de colectivos gremiales y profesionales de la Alemania nazi (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, 20 de enero de 1934). Terminada la Guerra Civil, estas instituciones se consolidaron definitivamente en nuestro país con la Ley de Tribunales de Honor, de 17 de octubre de 1941, completándose el sistema con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964. Con el retorno del sistema democrático a España, durante el debate constituyente se suscitó la supresión de estos órganos -que no anticipaba el anteproyecto- en la estela de la Constitución de 1931, sin que las numerosas iniciativas para que expresamente se suprimieran también en el ámbito castrense prosperasen, aboliéndose únicamente para las esferas de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (art. 26 CE),  consagrándose, a sensu contrario, la constitucionalidad de los Tribunales de Honor en el ámbito militar. La persistencia de estas instituciones, aun reducidas al ámbito estrictamente castrense tras 1978, siempre planteó dudas respecto de los principios de unidad jurisdiccional y del de non bis in idem.  Aunque la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, de modificación del Código de Justicia Militar, dejó intactos los preceptos referidos a los Tribunales de Honor, la Ley 9/1988, de 21 de abril de Planta y Organización de la Jurisdicción Militar vacío de contenido los citados preceptos 1025 a 1046 del Código de Justicia Militar. La supresión definitiva acaeció con la Ley Orgánica 2/1989, de 3 de abril, Procesal Militar, y en el plano sustantivo con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que en su artículo 21.2 establece de manera expresa la proscripción de los Tribunales de Honor en la esfera militar.

Hasta aquí la historia. A continuación la asombrosa realidad. Esgrimiendo las bondades que para nuestro país tendría alinear nuestra regulación financiera con los estándares europeos, al ejecutivo le ha faltado tiempo para implementar las directrices que con fecha 22 de noviembre de 2012 dictó la Autoridad Bancaria Europea en materia de gobierno corporativo de entidades de crédito, en desarrollo de las previsiones contempladas por la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, aprobando a tal efecto en el consejo de ministros del pasado viernes 12 de abril, el Real Decreto 256/2013, de  misma fecha, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la citada Autoridad Bancaria Europea. Merced a la referida disposición, lo que antes era una consecuencia ex lege para el Banco de España, a saber, el cese en su puesto como consejero de una entidad financiera de todo aquel que contara con antecedentes penales por delitos dolosos, estuviese  inhabilitado para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley, con la nueva –y oportuna para el actual consejero delegado del Banco de Santander- regulación, se atribuye al Banco de España la responsabilidad de emitir un juicio de honorabilidad, para lo cual y en un insólito trasunto de la iurisdictio honoris, podrá establecer un Comité de expertos independientes con el objeto de informar los expedientes de valoración en los que concurra condena por delitos o faltas.

Pero no nos abandonemos a la melancolía. Puesto que volvemos a disfrutar en nuestro ordenamiento jurídico de nuestros añejos Tribunales de Honor, y visto que el poder ejecutivo no se va parar en barras ante las decisiones de la jurisdicción ordinaria que le sean desfavorables, que sea su propia criatura, este remozado Banco de España depurador de conductas, esa nova curia honoris, el que, como decían estos rancios organismos purgativos, disponga  de una vez por todas que la conducta de ese alto ejecutivo no se ajusta a los principios del honor comercial y profesional “siendo impropia de quien viste el uniforme del Ejército, cuyo prestigio no ha sabido mantener en el desempeño del importante cargo de Gobernador Militar de la Provincia de…”(*)

            (*) Cámbiese el uniforme del Ejército por un traje a medida y el importante cargo de Gobernador Militar por el de consejero delegado del mayor banco de España.

Imagen | Alfredo Sáenz

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