Derecho Mercantil, Jurídico 


El arbitraje societario (I): Normativa, marco aplicable y ámbito subjetivo

Se ha configurado el mecanismo para que las sociedades de capital sometan sus disputas a la decisión de árbitros en el seno de una institución arbitral

Se ha configurado el mecanismo para que las sociedades de capital sometan sus disputas a la decisión de árbitros en el seno de una institución arbitral

La inclusión de los arts. 11bis y 11ter en la Ley 60/2003 de Arbitraje (en adelante “LA”) a través de la Ley 11/2011 de 20 de mayo de reforma de la misma produjeron un importante cambio en la concepción de la institución del arbitraje societario. En particular, se ha configurado el mecanismo para que las sociedades de capital sometan sus disputas a la decisión de árbitros en el seno de una institución arbitral y también se ha clarificado el intenso debate doctrinal del requisito de unanimidad vs. mayoría para la inclusión en los estatutos sociales de la cláusula de sumisión arbitral, que finalmente se ha decantado por el criterio de la mayoría reforzada de los 2/3 de los votos correspondientes a las acciones o participaciones sociales en que queda dividido el capital social.

Históricamente la posición doctrinal y jurisprudencial mayoritaria había sido reacia a permitir la inclusión de cláusulas de sometimiento arbitral dentro de los estatutos sociales, sin embargo esta tendencia comienza a invertirse con el TRLSA de 1989 que suprime el procedimiento especial de impugnación de acuerdos sociales y queda absolutamente reforzada a la arbitrabilidad de las impugnaciones de los acuerdos sociales con las Resoluciones de la DGRN de 19 de febrero y 18 de abril de 1998 y la STS de 18 de abril de 1998.

La imbricación normativa del arbitraje estatutario encuentra cabida en sede de anónimas en el art. 114.2.c) RRM y en sede de limitadas en el art. 175.2.c) RRM. También encontramos apoyo normativo en la D.A 10ª de la Ley 27/1999 de 16 de julio de cooperativas, para este tipo de sociedades y en el art. 18 de la Ley 2/2007 de 15 de marzo de sociedades profesionales.

Pero es sin duda alguna con la reforma introducida por la Ley 11/2011 en nuestra Ley de arbitraje la que establece la validez de las cláusulas de arbitraje y la posibilidad de tramitar por vía arbitral las impugnaciones de acuerdos sociales en las sociedades de capital.

La Ley de Arbitraje 2003 no logró disipar todas las dudas y oscuridades que rodeaban el arbitraje societario, en concreto nos encontrábamos con dudas sobre a qué tipos de sociedades –cerradas o abiertas-, qué tipo de disputas -aprobación de cuentas, convocatoria forzosa de la junta, etc.- o ciertas causas de impugnación -acuerdos nulos/anulables/contrarios al orden público- pudieran ser arbitradas, o que ciertas personas -socios disidentes, administradores- quedaran vinculados por el mismo. Además, produciéndose un cambio de tendencia doctrinal respecto a la inclusión de cláusula de sometimiento arbitral por la mayoría de los socios en los estatutos (y no mediante la unanimidad), se dictó la conocida STS 776/2007 de 9 de julio que estableció (aplicando aún la Ley de Arbitraje de 1988) que una cláusula de arbitraje introducida o ampliada por acuerdo de la mayoría de socios, no vinculaba a los disidentes.

En este punto del debate llegó la reforma realizada mediante la Ley 11/2011 que introdujo los arts. 11 bis (arbitraje estatutario) y 11ter (Anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles) y que supusieron el cambio definitivo del posicionamiento del legislador en relación a aceptar la arbitrabilidad de los acuerdos societarios.

La conocida STS 776/2007 de 9 de julio que estableció que una cláusula de arbitraje introducida o ampliada por acuerdo de la mayoría de socios, no vinculaba a los disidentes.

La conocida STS 776/2007 de 9 de julio que estableció que una cláusula de arbitraje introducida o ampliada por acuerdo de la mayoría de socios, no vinculaba a los disidentes.

Esta reforma nos arrojó un gran principio general y tres principios especiales[1] que clarifican enormemente la posición de la institución del arbitraje en esta materia:

1. El principio general es que las sociedades de capital pueden someter a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen. La voluntad del legislador no ofrece duda y establece por fin, y de forma clara e indubitada, la arbitrabilidad de todos los conflictos que surjan en el seno de una sociedad de capital, recogiendo expresa referencia a la impugnación de acuerdos sociales.

2. Los principios especiales que fijan estas normas son los siguientes:

i)                   El régimen de mayorías necesarias para la introducción de un convenio arbitral en los estatutos de una sociedad ya existente, exigiendo que la introducción del convenio arbitral se adopte por dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divide el capital social. En consecuencia, y por aplicación del régimen de adopción de acuerdos en las sociedades de capital, los socios disidentes, los ausentes así como los que votaron en blanco o emitieron un voto nulo también quedarán vinculados por el acuerdo adoptado.

ii)                 Para las impugnaciones de acuerdos sociales se impone que el procedimiento esté administrado por una institución arbitral y que la designación de árbitros se encomiende a dicha institución (arbitraje institucional).

iii)               Cuando recaiga un laudo que anule un acuerdo social inscrito, los Registradores Mercantiles deben cancelar la correspondiente inscripción registral (se ha extendido dicha posibilidad recogida para las sentencias judiciales firmes a los laudos arbitrales). En consecuencia, los laudos se deben inscribir en el Registro Mercantil y todos los asientos contradictorios deben ser cancelados.

El ámbito subjetivo del arbitraje estatutario recogido en el art. 11bis de la LA se circunscribe a las sociedades de capital, en donde se incluyen las anónimas, las limitadas y las comanditarias por acciones con nacionalidad española.

También se añade el requisito adicional de que la cláusula de sumisión a arbitraje se incluya en los estatutos sociales de la sociedad lo que garantiza una efectiva publicidad registral y una presunción de su conocimiento por socios y administradores y que su efecto se extienda a los que sucedan a los mismos en el tiempo. Cabe destacar también que un convenio arbitral parasocial puede tener validez siempre que la materia objeto de controversia sea de libre disposición conforme a Derecho, pero sin sujeción a lo establecido en el citado art. 11bis y sí a lo que las partes hubieran pactado.

Otros sujetos distintos de las sociedades de capital

1. Sociedades cotizadas

En principio, tenemos que entender que nada impide que el sistema arbitral recogido en el art. 11bis de la LA se aplique a las anónimas cotizadas, ya que la reforma de 2011 no recoge limitación alguna en relación a alguno de los tipos de sociedades de capital.

2. Sociedades Profesionales y sociedades cooperativas

La Ley estatal de sociedades cooperativas y las leyes autonómicas en la materia permiten que las sociedades cooperativas sometan a arbitraje los conflictos societarios. En concreto, la DA 10ª de la Ley 27/1999 de 16 de julio señala que:

1. Las discrepancias o controversias que puedan plantearse en las cooperativas, entre el Consejo Rector o los apoderados, el Comité de Recursos y los socios, incluso en el período de liquidación, podrán ser sometidas a arbitraje de derecho regulado por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre; no obstante, si la disputa afectase principalmente a los principios cooperativos podrá acudirse al arbitraje de equidad.

2. Dado el carácter negocial y dispositivo de los acuerdos sociales, no quedan excluidas de la posibilidad anterior ni las pretensiones de nulidad de la Asamblea General, ni la impugnación de acuerdos asamblearios o rectores; pero el árbitro no podrá pronunciarse sobre aquellos extremos que, en su caso, estén fuera del poder de disposición de las partes.

Las sociedades profesionales también pueden someter sus disputas a arbitraje societario tal y como recoge el art. 18 de la Ley 2/2007 de 15 de marzo que señala literalmente que:

“El contrato social podrá establecer que las controversias derivadas del mismo que surjan entre los socios, entre socios y administradores, y entre cualesquiera de éstos y la sociedad, incluidas las relativas a separación, exclusión y determinación de la cuota de liquidación, sean sometidas a arbitraje, de acuerdo con las normas reguladoras de la institución.”

3. Otros entes personas jurídicas

Ninguna previsión legal impide que todas las sociedades civiles o mercantiles (ya sean de capital o personalistas) de nacionalidad española, y todas las corporaciones, fundaciones y asociaciones que se encuentren reconocidas por la ley y estén domiciliadas en nuestro país sometan sus conflictos a arbitraje en lo referente a materias de libre disposición conforme a Derecho.

Una matización importante a realizar en relación a estos otros sujetos distintos a las sociedades de capital es que no se les aplicará lo dispuesto en el art. 11bis de la LA por estar reservado estas disposiciones a las sociedades de capital. Estas sociedades no sujetas no tendrán que observar el régimen de aprobación de la cláusula de sometimiento a arbitraje por mayoría de 2/3 del capital y no se obligará a que el arbitraje sea institucional y con designación de los árbitros por la propia institución. En este tipo de sociedades y personas jurídicas se aplicará el procedimiento ordinario regulado en la Ley de Arbitraje.

 


[1] Informe sobre el Arbitraje Societario en España”. Comisión para el estudio del arbitraje societario.

Vía | Noticias Jurídicas, Expansión

Imágenes | Arbitraje I, Arbitraje II

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