Jurídico 


Efectos procesales de la acreditación del intento de notificación administrativa: nueva doctrina legal (STS (Pleno) de 3 de diciembre de 2013)

acuse-nal

Con fecha de 17 de noviembre de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, resolviendo un recurso de casación en Interés de Ley, estableció como doctrina legal, en relación con el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), lo siguiente:

“Que el inciso intento de notificación debidamente acreditado que emplea el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se refiere al intento de notificación personal por cualquier procedimiento que cumpla con las exigencias legales contempladas en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, pero que resulte infructuoso por cualquier circunstancia y que quede debidamente acreditado. De esta manera, bastará para entender concluso un procedimiento administrativo dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en aplicación del referido artículo 58.4 de la Ley 30/1992,  el intento de notificación por cualquier medio legalmente admisible según los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, y que se practique con todas las garantías legales aunque resulte frustrado finalmente, y siempre que quede debida constancia del mismo en el expediente.”

De tal manera que en lo concerniente a la práctica de la notificación por medio de correo certificado con acuse de recibo, el intento de notificación quedaría culminado, a los efectos del referido artículo 58.4, en el momento en que la Administración recibiera la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, siempre que quedara constancia de ello en el expediente.

Nótese por tanto que el plazo máximo de duración del procedimiento se extendía artificialmente a ese periodo temporal comprendido entre el frustrado  intento de notificación y la fecha de constancia en el expediente administrativo merced al acuse de recibo devuelto, ya que sólo a partir de ese momento quedaría debidamente acreditado ante la Administración que se había llevado a cabo el infructuoso intento de notificación, constituyéndose también como el momento a partir del cual se entendería concluso el procedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aunque la Administración todavía habría de iniciar los trámites para efectuar una notificación por edictos con plenitud de efectos. Por lo tanto, y en puridad,  al amparo del sintagma “debidamente acreditado” del último apartado del artículo 58 LRJPAC – declarada doctrina legal por el Tribunal Supremo-, se extendía ficticiamente el plazo de duración de los procedimientos hasta la constancia documental en el expediente, y ello a pesar de que se hubiere notificado en plazo el acto administrativo correspondiente.

Pues bien, el pasado 3 de diciembre de 2013, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reconsideró la citada doctrina legal, señalando que la acreditación que requiere el tantas veces repetido artículo 58.4 no forma parte del plazo que ha de computarse al efecto a que se refiere (de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento), siendo por el contrario una mera exigencia de constatación, de verificación, de acreditación documental, carente por tanto de virtualidad para extender el plazo legalmente fijado. De esta manera, el periodo de tiempo que transcurre entre la fecha del intento y la ulterior en que se hace constar en el expediente su frustrada práctica, no prolonga artificialmente aquel término. En síntesis, si el intento de notificación se llevó a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento (siempre, por supuesto, que luego quede debidamente acreditado, y se haya practicado respetando las exigencias normativas a que esté sujeto), producirá aquel concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992, con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.

Así pues, y según la nueva doctrina legal fijada por la Sala Tercera en Pleno, debe retenerse que el intento de notificación queda culminado y completo, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo, sin necesidad por tanto de aguardar la documentación del mismo en el expediente administrativo y, por ende, tomando en consideración la demora en la recepción de ese acuse de recibo o certificación análoga. Ojo por tanto a las pretensiones de caducidad de los procedimientos administrativos, pues los términos a quo y a quem   cambian radicalmente desde el pasado 10 de enero de 2014, cuando el BOE publicó la nueva doctrina legal.

Imagen | Acuse de Recibo Nacional

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