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Economía colaborativa (III): ¿Qué soluciones legales caben para la economía colaborativa?

Artículo de Ignacio Gomá Garcés

En los dos artículos anteriores, hemos tratado de explicar qué es la economía colaborativa (lo cual, como hemos comprobado, es más complejo de lo que a primera vista pareciera) y qué problemas está suscitando desde su aparición. En el primer post, además, mencionábamos la reciente publicación de un libro por parte del colectivo Hay Derecho, titulado “Contra el capitalismo clientelar”, en el que, entre otras cosas, hemos defendido una y otra vez que el mercado, al contrario de lo que sostienen algunos, no puede autorregularse ni someterse excluvisamente a las reglas de la oferta y la demanda.

En efecto, es imprescindible que existan normas que prevengan los abusos y favorezcan un equilibrio entre las distintas partes intervinientes en el mercado, ya que a menudo acuden a éste colectivos que no juegan en igualdad de condiciones con el resto, por lo que son dignos de una mayor protección, como es el caso de los consumidores y usuarios cuando contratan con grandes empresas o entidades bancarias. Ignorar esto último puede tener consecuencias muy graves, como la situación económica y bancaria española se ha encargado de recordarnos a lo largo de esta última década. El Derecho, por tanto, es necesario.

Siendo conscientes de la importancia de la Ley, a menudo se producen luchas continuas por la regulación por parte de unos actores fundamentales en la misma: los lobbies. Desde luego, el legislador no se libra de la presión de grupos de influencia de sectores tan tradicionales y consolidados como el taxista o el hotelero, por un lado, y la de los nuevos agentes de la economía colaborativa, por otro. En el caso del sector del taxi, por cierto, la presión está alcanzando unas cotas de agresividad poco ejemplares que, en cualquier caso, muestran la desesperación de este colectivo ante la controvertida situación a que la realidad del desarrollo tecnológico les ha abocado.

En efecto, el incremento de la popularidad entre los consumidores (sobre todo, en los más jóvenes) del uso de estas plataformas de economía colaborativa ha disparado todas las alarmas en los sectores más tradicionales. Y, en esta batalla, la Ley es esencial: mientras que unos reclaman la protección del Estado, ya sea para bloquear a la competencia o para que les sea concedido un monopolio legal, los otros simplemente piden que se liberalice el sector. Nosotros consideramos que existe un mar de grises entre ambas posturas en las que es preciso ahondar.

A nivel regulatorio, consideramos que debe impulsarse un entorno que, en primer lugar, permita la creación de nuevos modelos de negocio. La competencia en el mercado es buena y deseable, puesto que redunda en claros beneficios para los consumidores y favorece la innovación. Sin embargo, como avanzábamos al principio de este post, incluso la competencia debe someterse a límites, como son:

  1. Que se garantice un servicio de calidad para los consumidores.
  1. Que se aseguren las condiciones legales que la ley deba justamente exigir, ya sean éstas civiles, fiscales y/o laborales.

Desde un punto de vista estrictamente personal, no considero que deba ser objetivo prioritario la protección de los colectivos que previamente se repartían el mercado, ni mucho menos la conservación de su statu quo. Cierto es que, en el caso de la economía colaborativa, sí abogo por una cierta protección de los sectores tradicionales anteriores (el taxista y el hotelero, por ejemplo), pero sólo en la medida en que, de esa manera, verdaderamente se garantice un mejor servicio a los ciudadanos y en que, quizá (de esto no estoy en absoluto seguro), la legislación ha contribuido provocar esta situación y a perpetuarla en el tiempo, lo cual sugiere que el Estado legislador también tiene parte de culpa en este espinoso asunto, y no debe, por tanto, escurrir el bulto. 

Respecto de la primera cuestión, la sustitución, por ejemplo, de los taxis por Uber y Cabify plantea difíciles cuestiones: ¿qué hacemos con todos aquellos taxistas que han pagado más de 150.000 euros en una licencia si a los nuevos competidores ya no se les exigen tan estrictos requisitos? Es preciso recordar, en cualquier caso, que estas licencias se compran en el mercado secundario, de forma que no es el Estado quien les exige el pago de tan desorbitadas cantidades, sino los propios taxistas que se jubilan y venden sus licencias a otros taxistas; en Madrid, de hecho, no se ha vendido ni una sola licencia nueva desde el año 1975, lo cual es profundamente llamativo. De todas formas, y en cuanto a la segunda cuestión, la legislación ha contribuido a generar este clima del cual no puede culparse a los taxistas y, por tanto, pienso que tampoco es justo que los abandonemos ahora a su suerte.

Sea como fuere, no se trata de legislar mucho, sino de legislar bien y, lo cual en este caso es más complejo, de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses en juego, de manera que permitamos en todo caso el desarrollo de la economía, la competencia y la innovación, pero sin dejar a un lado la protección de los consumidores y, en definitiva, de colectivos más débiles o susceptibles.

Hoy por hoy, el mundo de la economía colaborativa está dominado por la incertidumbre jurídica, lo cual es negativo para todos. Esperamos que el Legislador sepa actuar pronto y en beneficio del interés general.

 

Imagen| El Periódico, Wuombo

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