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Economía colaborativa (II) – ¿Qué retos legales plantea la economía colaborativa?

Artículo de Nicolás González Muñoz.

Las ventajas que proporciona la economía colaborativa son por todos conocidas, y muestra de ello es el rápido asentamiento que han tenido en el mercado los productos y servicios asociados y su impacto en la economía mundial. Pero, ¿qué controversias legales suscita?

A día de hoy, las cuestiones capitales a resolver desde el punto de vista jurídico en relación con el consumo colaborativo son:

Régimen jurídico aplicable y responsabilidad de las empresas: ¿son meros intermediarios o son agentes económicos diferenciados? Este punto de controversia, que en lo que atañe a nuestro ordenamiento jurídico se reduce a la aplicación –o no- de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (“LSSI”), afecta de forma directa al régimen de responsabilidad por infracciones, mal uso de los usuarios de la plataforma o contingencias análogas que precisen determinar un responsable.

A pesar de que en el anterior artículo de esta serie se ha tratado de perfilar un concepto más o menos genérico del “economía colaborativa”, lo cierto es que el problema de identificar el régimen jurídico aplicable deriva en gran medida, precisamente, su definición.

Que la eclosión de este sector haya coincidido en el tiempo con el boom de las start-up tecnológicas ha difuminado en muchos casos los límites entre ellas, hasta el punto que en ocasiones han llegado a confundirse lo que tradicionalmente podríamos considerar unidades productivas o empresas –tecnológicas, pero empresas-, con plataformas de economía colaborativa.

No obstante, fruto del desarrollo y asentamiento de unas y otras, estas disciplinas van diferenciándose cada vez más claramente. Ejemplo de ello son los recientes dictámenes del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sendos asuntos relativos a Uber en los que descarta considerar a la empresa norteamericana como mero intermediario –un agente de la economía colaborativa pura-, en la medida que lleva a cabo un control de los factores económicamente relevantes, impone requisitos a sus empleados y determina el precio del servicio, por ejemplo. Es decir, lleva a cabo la organización y la gestión de un sistema productivo completo, a semejanza de cualquier empresa tradicional.

Colisión con sectores regulados: la sobrerregulación vigente hace de la economía colaborativa una rara avis que precisa ser reglamentada para evitar las colisiones que se producen con sectores de la economía tradicional, sujetos y protegidos por rígidos sistemas normativos que no soportan la flexibilidad de los nuevos agentes.

El sometimiento de estas actividades a autorizaciones o licencias, recurso habitual utilizado por gobiernos y legisladores para encauzar cualquier nota discordante en la escena económica, no están siempre justificadas y la propia Comisión Europea desaconseja este resorte salvo que sean obligatorias para alcanzar objetivos de interés público.

Protección al consumidor: si bien los usos de la economía colaborativa no suponen necesariamente una desprotección de los usuarios, sí conllevan una modificación del concepto mismo de consumidor, que deja de ser un simple receptor de productos y servicios para convertirse también en productor o prestador.

En esos casos, ¿deben ser considerados empresarios o comerciantes? De la respuesta a esta difícil pregunta dependerá la protección que se dispense al usuario.

Tratamiento fiscal de su actividad: en lo relativo a las empresas de economía colaborativa, parece claro que han de quedar sometidas a la fiscalidad aplicable a las sociedades mercantiles, en general.

Sin embargo, ¿qué fiscalidad se aplica a las actividades desarrolladas por usuarios en el marco de plataformas de economía colaborativa? ¿Deben tributar por IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades? O, simplemente, ¿su actividad ha de estar sujeta a imposiciones fiscales?

En este sentido, resulta clave la colaboración entre plataformas y autoridades, así como el papel de los Estados simplificando y aclarando los supuestos exentos de tributación.

Aplicabilidad de la legislación laboral: por último, resulta esencial determinar en qué casos los usuarios de las plataformas de economía colaborativa se convierten en verdaderos empleados.

A pesar de que estas empresas se limitan teóricamente a actuar como meros intermediarios, frecuentemente concurren indicios de dirección y control por parte de las mismas hacia los “usuarios”, lo cual conlleva la necesidad de aplicar la normativa laboral en protección de los derechos que el legislador otorga a los trabajadores, pero también en relación con las empresas y sus obligaciones, por ejemplo, en materia de Seguridad Social.

En definitiva, los retos jurídicos del sector son abundantes, y de cómo se manejen depende, en gran medida, que su desarrollo sea equilibrado. Puesto que el avance de la economía colaborativa es imparable; queda en manos de gobiernos, legisladores y agentes económicos que este desarrollo se realice de forma sostenida y dentro de un marco legal que preserve las garantías de prestadores y usuarios.

Imagen| Pixabay

En QAH| Economía colaborativa (I)

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