Jurídico 


Drogodependencia y ley penal

 

Hace unas semanas se presentó a la prensa el siguiente dato: según la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) entre el 70% y el 80% de las personas privadas de libertad en España lo está por delitos relacionados con el consumo de drogas; de ellos, la mayoría por lo que se conoce como delito funcional: acciones cometidas bajo la influencia de drogas o para conseguir el suministro de las mismas. ¿Cómo contempla la ley penal este grave problema social?

La ley penal es sensible a los problemas sociales generados por la drogodependencia

El Código Penal (CP) de 1995 recoge expresamente la drogodependencia como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Existe, pues, la posibilidad de aplicar medidas alternativas al cumplimiento de la pena privativa de libertad, hecho que se ha reflejado en un cambio en la interpretación del Tribunal Supremo del art. 25 de la Constitución Española (CE): su último y único objetivo, en estos casos, es la recuperación por y para la sociedad del autor de un delito enmarcado en el consumo y adición a droga.

Mención especial merecen los delitos contra el patrimonio por necesidad económica, para financiar la drogadicción. El Tribunal Supremo exige, para apreciar estas circunstancias, uso continuado, efectos destructivos sobre la persona y concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, además de acreditar la influencia de la droga en el elemento intelectivo (SSTS de 5 de julio de 1990, de 21 de abril de 1994 y de 27 de septiembre y 21 de noviembre de 1998, entre otras).

La medida que se utiliza para cumplir la finalidad del art. 25 CE es el internamiento y tratamiento del condenado en un centro de desintoxicaciónLa adopción sustitutiva de la pena por la medida de seguridad debe ser recogida en sentencia firme o bien puede instarse por su representante en período de ejecución de sentencia. En todo caso, el internamiento no podrá exceder del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad (arts. 101 a 104 CP y STS de 21 de abril de 1994).

Para esta sustitución hay que solicitar la adopción de la medida en las conclusiones definitivas. Si no fuese estimada en primera instancia, debe reiterarse en apelación. El art. 87 CP contempla la posibilidad de suspender la ejecución de la pena privativa de libertad si finalmente la medida de seguridad no se recoge en sentencia firme, si bien con determinados requisitos según el caso.

¿Creéis que la regulación penal es adecuada o debería complementarse con medidas de otra índole para afrontar este problema?

 

Vía| Código Penal, Fundación Atenea

En QAH | ¿En qué consiste la futura Reforma Penal?, ¿Qué es la cadena perpetua revisable?

Imagen| Drogodependencia

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