Jurídico 


¿Donde están los límites de la libertad de expresión?

En una sociedad convulsa, donde las noticias se suceden a una velocidad vertiginosa en multitud de medios informativos abiertos a la nueva era digital, en clara competencia por dar la exclusiva que acapare la atención de los demás medios informativos y el interés de los lectores, el ejercicio del periodismo entra en el terreno de ponerse límites y elegir hasta dónde llegar en el lanzamiento de noticias que pueden estar más o menos contrastadas, incluso cómo en ocasiones hemos podido comprobar, se han atrevido a publicar noticias falsas porque la exclusiva interesaba más que la veracidad que exige el artículo 20.1.d de nuestra Constitución Española.

Ahora que se cumplen doce años del espeluznante ataque terrorista del 11M, recordamos que durante años se mantuvo una teoría conspirativa alimentada día sí y el otro también por algunos medios de prensa que, finalmente y tras la oportuna investigación judicial, fue archivada. La pasada semana también se publicó que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella interpuesta contra Podemos por supuesta financiación ilegal proveniente de los gobiernos de Venezuela e Irán, tras largos meses de publicaciones acusatorias al respecto en algunos medios de prensa. ¿No estamos asistiendo a una violación masiva del derecho constitucional a la información veraz?.

¿Donde están los límites de la libertad de expresión?Al respecto se han publicado muchos artículos y se han sucedido diversas sentencias dimanantes tanto del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tratan de establecer los límites a la libertad de expresión e información,  (el Tribunal Constitucional ha señalado que “la libertad reconocida en el art. 20.1 d) CE no se erige únicamente en derecho propio de su titular, sino en una pieza esencial en la configuración del Estado democrático, garantizando la formación de una opinión pública libre y la realización del pluralismo como principio básico de convivencia”. Es esta garantía la que justifica la exigencia constitucional de la veracidad en el legítimo ejercicio de la libertad de información atendiendo al recíproco derecho de los ciudadanos de recibir aquélla, rechazando como tal derecho constitucional la trasmisión de rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, así como la de noticias gratuitas o infundadas (STC 199/1999, de 8 de noviembre).

Pero aún así, observamos que las noticias que luego se demuestran falsas y que quedan por difamatorias se suceden e incluso acrecientan su aparición en diversos medios de prensa. La cuestión, por tanto, es tratar lo que en economía se llaman externalidades. Esto es, con la actual legislación vigente, ¿compensa a un medio de prensa difamar y publicar noticias falsas?. ¿Es mayor el beneficio que se obtiene con la exclusiva dada la repercusión mediática que provocan estas noticias que el coste de la penalización y rectificación de la noticia?. Creo sinceramente que les compensa, dado que la onda expansiva de la noticia permanece sobre la hipotética rectificación y el coste de la penalización, y ello nos hace entrar en el terreno de la responsabilidad, de la ética, de la moral y de la deontología periodística.

Imagen| Libertad de expresión

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