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Donaciones a partidos políticos, ¿caridad o delito fiscal?

En estos últimos días se ha abierto el debate en relación con la trama Gürtel sobre si las donaciones efectuadas al Partido Popular, deben tener consideración de Donaciones para Fines Sociales equiparables a las otorgadas a Asociaciones sin Ánimo de Lucro y ONGs y, por ende, estar exentas de tributación.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que el Estado debe asignar dinero anualmente a las formaciones que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados. También se aceptan donaciones de todo aquel que quiera hacerlas. La misma Ley de Financiación regula las aportaciones privadas que los partidos pueden recibir. Hay que sumar, además, entre otras aportaciones, donaciones de cuotas de afiliados, propinas de simpatizantes, donaciones de particulares (no pueden hacerse de forma anónima), ingresos por actividades propias y créditos de los bancos.

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Por su parte, las donaciones a ONGs tienen un carril de financiación distinto. El caso es que la recepción de donaciones en organizaciones como Cáritas está por ley mucho más controlada de lo que estaban las de los partidos hace unos años. La ONG, como la gran mayoría de organizaciones destinadas a fines benéficos, controla de forma estricta el dinero que se le dona. La página en la que se explica cómo hacerse donante especifica la transparencia que comporta y el detalle con el que se informa a Hacienda. Esta fórmula se trata de un estándar en el sector. Las colaboraciones económicas tienen derecho a deducción tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades. Por ese motivo, las organizaciones expiden certificados a los donantes, que deben completar un formulario con todos sus datos, que son remitidos después a la Agencia Tributaria en su informe anual. Esta identificación es obligatoria siempre que la donación exceda los 100 euros, tal y como exige la ley para la prevención de blanqueo de capitales. Para los casos en los que las aportaciones son abultadas, la organización tiene además un comité ético que examina a las grandes empresas privadas o fundaciones antes de firmar convenios con ellas.

Ha sido el propio juez Ruz quien considera irregulares estas donaciones de las que el Partido Popular se ha beneficiado, por considerarlas por encima del límite establecido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos. La duda que quiere despejar el instructor es si, al confirmarse que se han efectuado estas donaciones por encima del límite señalado, esa exención quedaría sin fundamento pues la norma fija un único requisito señalado como condición sine qua non, la renta obtenida debe utilizarse únicamente al objeto principal de la entidad, esto es, el dinero recibido como donaciones debe ser empleado dentro del propio partido.

Los peritos de la Agencia Tributaria sostienen en cambio que queda suficientemente acreditado que el uso de esos fondos fue en exclusiva para la utilización dentro del partido, para financiar campañas electorales y edificios de su propia titularidad. En definitiva, con estas premisas, entiende Hacienda, que no existe delito fiscal y que en caso de acreditarse que el Partido Popular hubiere incumplido la Ley de Donaciones recibiendo fondos irregulares, este acto deberá ser tratado como infracción administrativa, entendiéndose como una donación ilegal, la cual será sancionada por el Tribunal de Cuentas.

Vía| El Confidencial
Más información| El Mundo
Imagen| Susociodenegocios
En QAH| ¿Cómo se financian los partidos políticos?

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