Jurídico 


En las duras y en las maduras: a propósito de la degradación institucional en el asunto Del Río c. España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Desde el pasado 21 de octubre, fecha en la que se hizo pública por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia definitiva de la Grande Chambre resolviendo el caso Del Río c. España (demanda nº 42750/09), confirmando la sentencia de la Sección 3ª del TEDH de 10 de julio de 2012 sobre la comúnmente conocida como “doctrina Parot”, se han vertido ríos de tinta sobre la cuestión,  con el resultado que no por esperado deja de causar melancolía, cual es la absoluta desatención en la casi totalidad de interpretaciones de la cuestión nuclear que en ella se dilucidaba, que no era otra que la adecuación a la Convención Europea de derechos Humanos (CEDH) del aplazamiento de la fecha de puesta en libertad definitiva de una persona condenada por delitos de terrorismo en virtud de la aplicación de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, que venía a modificar la anterior en lo concerniente a la redención de penas.

La inmensa mayoría del argumentario empleado para criticar la Sentencia del TEDH estimatoria de la pretensión de la actora, ha eludido pronunciarse sobre los aspectos medulares de aquella, planteándose por el contrario bien reproches perfectamente comprensibles pero radicalmente ajurídicos –falta de sensibilidad de la Gran Sala, triunfo moral de los filoterroristas, desgarro emocional de las víctimas-, bien reconvenciones jurídicamente inadmisibles –inejecutividad de la Sentencia, contaminación procesal de alguno de sus miembros, legitimación del desacato como respuesta  de un Estado contratante-. Hablábamos de una inmensa mayoría de comentarios que eludían el verdadero debate litigioso, por ello, es justo decir que también ha habido salvedades estrictamente jurídicas que, significativamente, fueron expuestas por un prestigioso jurista español y durante muchos años miembro del TEDH. Me estoy refiriendo a la importantísima cuestión del deslinde entre el alcance y los efectos de la “doctrina Parot”, en cuanto a si afecta a las modalidades de ejecución de la pena impuesta o si por el contrario, incide también en el alcance de la misma, debiendo distinguirse entre las medidas constitutivas de una pena y las relativas a las  modalidades de ejecución de la  misma, pues sólo las primeras se incluyen teóricamente en el ámbito de aplicación del artículo 7 del CEDH (No hay pena sin ley).  El comentarista apuntaba la existencia de precedentes del propio TEDH donde se desestimaron pretensiones parecidas a la actual, considerando que la modificación de las modalidades de ejecución de la pena no suponía en puridad una violación del principio de irretroactividad normativa, al no afectar a la esencia de la nulla poena sine praevia lege. Pues bien, el Tribunal subraya que la distinción efectuada al examinar el artículo 7 entre la “pena” y las  “modalidades de ejecución” de ésta no es determinante en el contexto del artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y seguridad). En efecto, como la duración efectiva de la privación de libertad de un condenado depende en parte de su aplicación, las medidas relativas a  la ejecución de la pena pueden incidir en el derecho a la libertad garantizado por el artículo 5 § 1. Por tanto, si el artículo 7 se aplica a la pena  tal como se impuso por el juez sentenciador, el artículo 5 se aplica a la privación de libertad resultante. En otras palabras, cuando el cambio de las reglas del juego, aun cuando se verifiquen sobre la forma del cumplimiento de la pena, resulta evidente que se estaría vulnerando la legítima previsión de que las modalidades de imputación de las redenciones de pena por el trabajo no serían objeto de una modificación jurisprudencial efectuada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006, y que tal modificación jurisprudencial le sería aplicada, con la consecuencia efectiva del aplazamiento de la fecha de puesta en libertad de la recurrente de casi nueve años.

Sin embargo, la mayoría de los reproches vertidos contra la resolución de Estrasburgo han sido efectuados bien desde la diletancia jurídica o, lo que resultaría más grave, desde la más irresponsable malevolencia.  Afortunadamente, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunido en sesión extraordinaria en la mañana del día 22 de octubre –también se ha criticado la celeridad de la convocatoria del Pleno; caray, cuando se ha declarado en sentencia firme que una persona lleva cinco años privada de libertad indebidamente, lo menos que puede hacer una institución seria y responsable es agilizar la regulación de esa situación ilegal– ha acordado, en el seno de la Ejecutoria 36/1985 y como no podía ser de otra forma, la excarcelación inmediata de la recurrente, lo que ha servido para desmontar de manera motivada aquellas voces que incomprensiblemente defendían una delimitación conceptual entre el acatamiento y la ejecución de la Sentencia del TEDH al socaire de una inédita interpretación del artículo 46 del CEDH, proponiéndose al Gobierno de España para que comunique al Comité de Ministros del Consejo que no puede “asegurar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad”. Resulta embarazoso recordar a estas alturas el carácter vinculante de las resoluciones del TEDH, de obligado cumplimiento para nuestro Estado, que adquirió la obligación internacional de dar efectividad y ejecutar las sentencias del Tribunal,  órgano cualificado de interpretación del Convenio, siendo sus decisiones obligatorias y vinculantes para todo Estado parte al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Civiles y las Libertades Fundamentales, el cual integra nuestro entramado jurídico, de conformidad con el articulo 96.1 de la Constitución.

Otro de los mantras que más entusiásticamente  ha sido empleado en torno a esta cuestión ha sido el de invocar casos en los cuales las sentencias de TEDH no hubieren sido total o parcialmente ejecutadas por alguno de los Estados parte, sugiriendo por ende, la plena legitimación del Reino de España para incumplir con su obligaciones sinalagmáticas con respecto a los acuerdos del TEDH. Así, se cita como ejemplo arquetípico de esta actitud deslegitimadora el caso Soering c. Reino Unido ¿Y bien? ¿El hecho de que un Estado incumpla sus obligaciones para con lo que voluntariamente se adhirió nos legitima para eludir nuestras responsabilidades como parte contratante? Cuándo a principios de este mismo año el TEDH avaló la ilegalización de EAE-ANV como formación política, al estar en contradicción con el concepto de sociedad democrática y representar una grave amenaza para la democracia española ¿Cómo es que todos los que ahora pretenden deslegitimar al TEDH y braman por ignorar sus resoluciones no dijeron entonces una sola palabra? ¡qué digo una palabra! estos bizarros rebeldes alabaron hace poco menos de diez meses la decisión de Estrasburgo, poniendo en valor la imparcialidad, ponderación y rigor de un organismo supranacional en la decisión de confirmar la ilegalización de la formación aberztale.

Finalmente, si el tema de fondo no fuera tan lacerante y dramático, resultaría donoso el argumento según el cual dieciséis juristas han sido abducidos por un mentalista español disfrazado de magistrado, el cual habría logrado arrastrarlos – desde Moldavia a Luxemburgo- a adoptar una decisión que, sin la persuasiva actitud del influyente español, nunca se hubiera adoptado. Honradamente, si lo que se está discutiendo es la ejecutividad de las sentencias del TEDH; si se pone en tela de juicio tanto la imparcialidad, la independencia o, incluso, la solvencia moral e incluso psicológica de los miembros del Tribunal cuando España es la condenada; si se presenta esta decisión jurídica como una amnistía a los presos de ETA, si,  en fin, es el desacato el mejor argumento que se les ocurre a los insatisfechos con resoluciones desfavorables…lo mejor es irse. Abandonar el Consejo de Europa. Renegar de nuestro entorno social, político y cultural y volver a ser una unidad de destino en lo universal.

Todo este delirio, anclado en los atavismos más rancios del paisaje español, desde la degradación de las instituciones según el sentido de sus decisiones, hasta la insidia y la descalificación ad hominen, pasando por el torticerismo, el pataleo del mal perdedor, la contumacia del mal pagador o el embarramiento del terreno de juego como respuestas a la adversidad intelectual, moral o jurídico-procesal, me trae a la memoria una reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que refleja arquetípicamente el peculiar ventajismo que rige nuestra relación con las instituciones. La hija de un laureado general de brigada del victorioso Ejército franquista, separado del servicio 1943 a propuesta del por entonces vigente Tribunal de Honor, interpuso en 2009 recurso contencioso-disciplinario militar ordinario contra la denegación por parte del Ministerio de Defensa de declarar nula la resolución dictada por el referido Tribunal de Honor. Entre los argumentos que blandía la reclamante, argüía que la Ley aplicable al proceso por el que fue su padre separado del servicio allá por 1943,  era la Constitución de 9 de diciembre de 1931, conforme a la cual, el general tenía derecho a manifestar sus ideas políticas (artículo 34), en su caso monárquicas. Invocación absolutamente asombrosa, sobre todo viniendo de quien venía, una de las figuras icónicas de la marcha y asedio sobre Madrid de nuestra Guerra Civil,  provocada por un frustrado golpe de estado, cuyo fin supremo no era otro que liquidar la vigencia del texto constitucional de 1931, disposición a la que ahora la demandante pretendía acogerse, “después de que -según resulta de la Hoja de Servicios del General , especialmente de los folios 47 a 60 y de la declaración obrante al folio 135 del Expediente- contribuyera aquél, eficaz y decisivamente, a poner abrupto término a la forma de Estado y al sistema de garantías que en el mismo se articulaban”.  Hombre, hombre, destruyamos la Constitución de 1931 pero acojámonos a ella si nos resulta favorable; ensalcemos la labor del TEDH cuando ilegaliza la izquierda abertzale pero denigrémosle ahora que estima la pretensión de una terrorista. Esta es verdaderamente la peor corrupción que puede padecer un sistema democrático.

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