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Doctrina del TSJA sobre grabación de conversaciones secretas y su posible vulneración de los Derechos Fundamentales

Grabar, o no grabar, esa es la cuestión… Esa es la cuestión cuando sabes que alguien está a punto de confesar un delito. Mucho se ha escrito en la jurisprudencia y en la doctrina sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad (art. 18 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE), en cuanto a no confesar contra si mismo, se refiere y otros derechos accesorios.

Dicen los juristas más “puristas” que una grabación no puede ser tomada jamás como prueba si no ha sido autorizada previamente por un juez, pero claro está que ello haría quedar impune a muchas personas que han perpetrado un delito y han sido captadas por cámaras o grabadoras. Por otra parte, hay un movimiento en la doctrina que defiende que una confesión es una confesión, independientemente de dónde y cómo se haga.

Hasta ahora la jurisprudencia exponía que si se grababa una conversación en la que una persona decía que había realizado un delito (confesaba) y la persona que graba era parte de la conversación, no se vulneraba ni los derechos a la intimidad, ni a un proceso con todas las garantías. Se fundamenta esto en que una persona puede grabar una conversación de la que es partícipe.

Así las sentencias de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA,  20/2013 y 11/2013 y la Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del TS 421/2014 coinciden en que no existe vulneración de los derechos mencionados.

-En cuanto al derecho a la intimidad, no existe vulneración ya que los interlocutores no declaran sobre su ámbito personal, o familiar. Por otra parte, en lo relativo al secreto de las comunicaciones, la grabación de la conversación se produjo por interlocutores de la misma. En este sentido, dice el TS que “quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre por este solo hecho en conducta contraria al precepto constitucional citado”.

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Es lo relativo al derecho a un proceso con todas las garantías y a no declarar contra sí mismo el punto más controvertido.

  • De una parte, si la grabación es utilizada para probar la autoría de un delito, ya perpetrado.

Sobre este extremo, determinan que no puede ser utilizada como prueba, puesto que se estaría vulnerando de forma clara el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Tanto es así, que el TS en el Fundamento de Derecho segundo, punto 4, último párrafo, expone que “consideremos inválida la grabación que impugna la defensa”. Sin embargo, continúa “no excluye la prueba de la conducta punible de los acusados”, es por esto que puede parecer una contradicción.

Sobre ello, disponen las citadas resoluciones judiciales, que el hecho de que no pueda ser aportada como prueba, no implica que no pueda servir como notitia criminis.

 

  • De otra parte, si la grabación es usada para acreditar que se ha producido delito.

En este caso, se refieren a determinar que un delito ha sido consumado independientemente de quién lo haya llevado a cabo. Por tanto, la prueba basada en la grabación sería válida en este supuesto, debido a que el documento aportado no es una confesión en sí mismo.

 

Pero esto ahora ha cambiado. En el reciente Auto del TSJA, de 26 de marzo de 2016 sobre el caso de la “Loewe Story”, entiende el TSJA que “las manifestaciones autoinculpatorias sólo pueden tener valor probatorio si, y solo si, han sido efectuadas con conciencia de que pueden resultarle procesalmente perjudiciales”. En base a este argumento, basado en parte en la sentencia del TS antes expuesta, no admitió la prueba de la grabación por vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías. Esto es debido a que entiende el TSJA que la imputada está declarando contra sí misma, algo a lo que no había renunciado.

 

En resumen, antes el TSJA admitía que una persona confesara en una grabación, siempre y cuando dicha grabación estuviera realizada por una persona de esa conversación. Ahora, sin embargo, entiende el alto tribunal andaluz que si la persona que confiesa no sabe que está siendo grabado, las manifestaciones recogidas no pueden tener valor probatorio por atentar contra el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.

 

 
* Vía| Ana Hermoso

* Imagen|MicrófonoSede AP y TSJA en Sevilla

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