Jurídico 


Doble nacionalidad e independencia de Cataluña

espana_catalunaEste último fin de semana se ha generado cierta polémica a raíz de unas declaraciones de Oriol Junqueras relacionadas con la cuestión de la independencia de Cataluña y la conservación de la nacionalidad española por parte de los catalanes “que lo deseen por sus intensos vínculos emocionales con España”.
Vamos a tratar de dejar establecidas las claves de nuestro ordenamiento jurídico en materia de nacionalidad y después extraer una serie de conclusiones en relación al debate planteado.

Los tres principios que recoge nuestra Constitución, en su artículo 11, en materia de nacionalidad se pueden resumir del siguiente modo:

– La nacionalidad española se puede adquirir, conservar o perder de acuerdo con lo establecido en la ley, concretamente en los artículos 17 y siguientes del Código Civil.
– No se puede privar a un español de origen su nacionalidad.
– Y el Estado español puede concertar tratados de noble nacionalidad.

Nos vamos a centrar en primer lugar en la cuestión de la privación de la nacionalidad española de origen. Los españoles de origen son los que han nacido de padres españoles, o que han nacido en España y cumplen determinadas condiciones que determina el artículo 17 del CC. Si nos atenemos al principio del artículo 11.2 de la CE éstos no podrían quedar privados por una decisión del gobierno de su nacionalidad, es decir, no se puede imponer una pena que conlleve la privación de la nacionalidad española cualquiera que sea el ilícito cometido. Entiendo que ese es el espíritu de la norma.
Dicho esto hay que poner de manifiesto que privación y pérdida son cosas distintas. Un español de origen puede perder su nacionalidad. El art. 24 del CC recoge los supuestos de pérdida de la nacionalidad española de los españoles de origen, donde entendemos comprendidos a la mayoría de los catalanes. Hay tres supuestos:

– Los españoles emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieren atribuida antes de la emancipación. La pérdida en este caso se produciría una vez transcurridos tres años a contar desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o en su caso desde la emancipación. Si bien, el Código Civil establece la posibilidad de que aquellos españoles que lo deseen podrán conservar la nacionalidad española si dentro del plazo de tres años declaran esa voluntad al encargado del Registro Civil.
Se establece, asimismo, que la adquisición de la nacionalidad de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir la pérdida de la nacionalidad española.
– El segundo supuesto de pérdida de la nacionalidad, en todo caso, es el de la renuncia expresa por parte de los españoles emancipados que residan en el extranjero y siempre que tengan otra nacionalidad.
– El último supuesto se refiere a los nacidos y posteriormente residentes en el extranjero que ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre y madre españoles también nacidos en el extranjero. No vamos a entrar en el análisis de este supuesto puesto que no atañe directamente a la cuestión que estamos analizando.

Muchos podrían pensar que en base al primer supuesto que hemos comentado Oriol Junqueras tiene razón y que en efecto, en el supuesto de que Cataluña alcanzara la independencia, los catalanes que lo desearan podrían conservar la nacionalidad española. Sin embargo, sería muy difícil determinar si ese deseo es verdadero en el caso, vamos a suponer, que el que manifiesta ese deseo de conservar la nacionalidad española haya votado “SI” en el proceso de consulta. De hecho, resultaría más coherente que en el hipotético caso de que se produjera esa consulta el “SI” a la independencia conllevara la renuncia a la nacionalidad española. De esta manera, si ganara el “SI”, el segundo supuesto que hemos indicado se produciría en la práctica pero con una particularidad que podría conllevar a una delicada situación. La particularidad consiste en que en el momento de dar el “SI” no se ostenta la nacionalidad “catalana” tan sólo la española, y no se cumple uno de los requisitos que se exigen en el apartado segundo del artículo 24 del CC. Resulta paradójico que en base a una cautela establecida para evitar fraudes de ley, ya que esa exigencia de ostentar otra nacionalidad al tiempo de hacer la renuncia se estableció con dicho objeto, se utilizase para cometer a su vez otro fraude de ley. Y es que si Cataluña se independiza los catalanes dejan de ser españoles. Esto que puede parecer una perogrullada es a lo que se le quiere dar vueltas para tratar de confundir, aún más, a un conjunto de ciudadanos cuyos dirigentes no parecen tener las ideas muy claras. No obstante en algunas ocasiones uno puede retorcer lo que dice la ley hasta cotas insospechadas y parece que esta podría ser una de esas ocasiones.
Además hay una cuestión más delicada aún que se presenta en todo esto: ¿Qué ocurre con los que hubiesen votado “NO” en la hipotética consulta? Como suponemos que el voto será secreto resultaría muy complicado prever una situación para ese colectivo que desea continuar ostentando la nacionalidad española y que desea que Cataluña siga formando parte de España.
Esto podría solventarse desde la perspectiva del tercer principio que recoge nuestra Constitución en materia de nacionalidad, la posibilidad de concertar tratados de doble nacionalidad por parte del Estado Español. En virtud de un tratado de doble nacionalidad dos países pueden establecer los requisitos que deben cumplirse para que los ciudadanos de uno y otro puedan ostentar las dos nacionalidades al mismo tiempo. De este modo podría articularse una forma de dar salida a ese colectivo que sigue siendo tan importante.

Para concluir, y entendiendo que se trataría de una cuestión previa a la que he expuesto aquí, cabría plantearse si tras una hipotética independencia de Cataluña el artículo 11.2 de la CE, el que impide privar a los españoles de su nacionalidad de origen, seguiría siendo de aplicación en el “Estado Cataluña” o si en éste serían aplicables las normas del Código Civil español, habida cuenta de que el Código Civil de Cataluña se encuentra en vigor desde 2002. Sería del todo contradictorio que después de haber logrado la complicada tarea de pasar por encima del artículo 2 de la Carta Magna se pretendiera la aplicación de su artículo 11 de la misma y que después de haber logrado la independencia se pretendiera la aplicación de normas españolas en Cataluña. ¿A qué jugamos?

Vía | ABC.es

Imagen| Opini-Hoy

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